Por Sandra Rodríguez
A finales de mayo una delegación de la organización estadounidense La Voz de los de Abajo, vino a Honduras, de manera solidaria para escuchar testimonios y visitar a víctimas de violaciones de derechos humanos, constatando una vez que la situación no cambia, al contrario se encontraron con un pueblo en la calles, molestos por tanta impunidad.
La visita que tuvo lugar del 22 de mayo al 2 de junio pasado, acompañó a organizaciones víctimas de abusos de derechos humanos, entre ellas campesinas y sus comunidades, periodistas e integrantes de movimientos sociales.
Los cinco observadores internacionales, originarios de las ciudades de Chicago, San Francisco, Denver y San Louis, escucharon testimonios de las víctimas y defensores y defensoras de derechos humanos (en sus diferentes campos) que muestran una situación de inseguridad y vulnerabilidad, y que abarca a su familia.
“Descubrimos que, al contrario que las afirmaciones que hace el gobierno hondureño y el de los EE.UU, la situación está grave y se está deteriorando” manifiesta el informe de la delegación internacional.
Manifiestan la preocupación expresada por las personas con quienes conversaron sobre una creciente dictadura marcada por una concentración de poder Ejecutivo que se extiende al Poder Judicial, el Tribunal Supremo Electoral, además de un poder institucional amplio a través de los ministerios.
Este control está respaldado cada vez más por militarización del gobierno y de los espacios públicos. Además, existe dentro de un marco de impunidad, corrupción y la falta de institucionalidad como resultado, lo cual contribuye a la violencia generalizada.
Desaparecidos del pasado y del presente
Una de las instituciones que visitaron fue el Comité de Familiares de los Detenidos Desaparecidos, COFADEH, y el darse cuenta que todos los casos de desapariciones forzadas de la década de 1980, aunque están en la impunidad, pero más alarmante es saber que esas prácticas violatorias, continúan pasando, por lo que los hechos se repiten.
Entre los casos denunciados recientemente, se menciona al líder sindicalista universitario Donatilo Jimenez Euceda, de quien no se sabe nada, desde el 8 de abril pasado, cuando estaba en su lugar de trabajo, en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, en la ciudad de La Ceiba, al norte del país.
Donatilo, empleado desde hace 22 años de la UNAH, ex presidente del SITRAUNAH, denunció irregularidades en el recinto estudiantil, sobre su desaparición, ni los guardias de seguridad privada, ni los vigilantes de la universidad, dieron explicaciones.
Su hermana Jaqueline Jiménez, también ha denunciado algunos conflictos con la administración de la máxima casa de estudios, el desinterés de las autoridades patronales para exigir su búsqueda, y a cambio de ello, ha sido querellada junto a su cuñada –esposa de Donatilo- Sonia Martínez, por acusarlas de la desaparición de su familiar.
“Al principio los oficiales universitarios locales habían afirmado que él había salido del trabajo en su carro, lo cual fue encontrado abandonado; luego oficiales universitarios y policíacos dijeron que ue matado y que tenían un sospechado encarcelado, pero sin detalles y sin haber descubierto un cuerpo”, relata el informe.
Otra denuncia reciente sobre desaparición en la que se incluye a las autoridades judiciales como cómplices de los supuestos hechores, es la de las hermanas Elizabeth Ramos Urrea (de 28 años) y Xenia Rosibel Ramos Urrea (de 14 años) fueron desaparecidas en agosto del 2009, solo un mes después del golpe de estado de junio del 2009 durante un tiempo de militarización generalizada y levantamiento en todo el país. Xenia estaba embarazada después de ser violada por un seminarista y candidato al sacerdocio.
La madre reportó los hechos en la ciudad de La Entada, Copán, (occidente de Honduras) a la policía local, y a los oficiales de la iglesia hasta las alturas del Obispo, responsabilizando a Francisco Abilio Rivas, quien está nombrado en una parroquia del departamento de Intibucá, y es de origen salvadoreño. Cabe resaltar que los expedientes de denuncias también desaparecieron, y no volvió a saber de sus hijas.
En cuanto a las manifestaciones estudiantiles en el mes de marzo, denuncian el asesinado de cuatro jóvenes de institutos de educación pública, Elvin Antonio López, Darwin Josué Martínez, Diana Yareli Montoyam, y Soad Nicole Ham Bustillo, la última de Soad Nicole Ham Bustos (de 14 años) había recibido bastante cobertura en los medios de comunicación cuando denunció al Ministro de Educación, Marlon Escoto y al Presidente Hernández, con palabras muy fuertes durante una de las manifestaciones. Un día después fue desaparecida, tras salir de clases y el 26 de marzo su cuerpo fue encontrado en una calle cerca de su escuela, amarrado en plástico y con señales de golpes y estrangulación.
El Comité de Familiares de Detenidos Desparecido en Honduras (COFADEH), explicó que su organización está viendo un crecimiento de la impunidad hacia las violaciones de derechos humanos; no solo existe para los crímenes cometidos por la policía, los militares y los escuadrones de la muerte directamente vinculados al estado sino también para las instituciones con afinidad política al gobierno.
Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, insiste que no solamente los autores materiales de los crímenes, sino también los autores intelectuales tienen que ser identificados, arrestados, y sujetos a la justicia para que la impunidad sea realmente enfrentada.
Preocupante situación de defensores de DDHH
Además hay un apartado que denuncia los ataques en contra de los Defensores de Derechos Humanos y de las Víctimas de las Violaciones, considerando que el uso de las leyes de difamación por parte de instituciones de poder como la UNAH, y de políticos prominentes en contra de los defensores de derechos humanos, de las víctimas y contra periodistas, es un intento para desacreditarlos y de impedir su trabajo y su derecho de denunciar violaciones.
Uno de los casos mencionados es de Gladys Lanza, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz, “Visitación Padilla” que se enfoca en derechos de la mujer. Ella podría ser encarcelada por las autoridades en cualquier momento debido a los cargos de difamación que ha presentado un prominente funcionario de una ONG después de que su organización tomó el caso de una empleada de la ONG por acoso sexual.
Entendemos que estos ataques usando el ámbito legal se llevan a cabo al tiempo en que los funcionarios oficiales de gobierno, incluyendo al presidente del país, utilizan los medios y las amenazas de acciones legales para desacreditar a los defensores de derechos humanos y a las víctimas de los abusos.
La Voz de los de abajo está preocupada por los ataques los defensores de la tierra, ellos viven en extrema vulnerabilidad, en zonas rurales, pobres y expuestos a policías y militares, abuso se autoridad de parte de gobernantes locales, y la falta de aplicación y respeto a las leyes nacionales y convenios internacionales.
Nos dice la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), que una nueva Ley Agraria que produciría una resolución a los conflictos se presentó al Congreso Nacional, en abril del 2014, pero que ésta permanece atorada en un comité interno, relata el informe.
Hay que agregar, persecución, vigilancia, hostigamiento e impunidad en cada uno de los casos reportados, desde líderes sociales, defensores/as de DDHH, periodistas, comunicadores sociales, defensoras de derechos de mujeres, campesinos, comunidad de la diversidad sexual y líderes indígenas.
La CNTC tiene más de 2000 miembros que enfrentan procesos legales relacionados con asuntos agrarios. Uno de ellos es José Isabel “Chabelo” Morales López, un campesino en prisión desde hace más de 6 años, y no se le ha respetado el debido proceso.
El informe concluye en que “La situación que observamos contradice en mucho las declaraciones hechas por el gobierno de Honduras y el de los EEUU sobre supuestas mejorías en las condiciones políticas y económicas y de que se han reforzado las instituciones del estado”.
Además de las graves violaciones de derechos humanos, la situación de impunidad y corrupción y de abuso del poder se expresa vivamente cuando salió a la luz, la extrema corrupción citada en las acusaciones de que el partido político en el poder ha saqueado al sistema público de salud con millones de dólares. Esto está profundizando el descontento público y la falta de confianza en las instituciones del país.
El alcance de este descontento puede verse en el creciente número de hondureños que toma parte ahora en las protestas anti-corrupción que, al momento de escribir este reporte, se suceden a diario en prácticamente en todas las ciudades del país.
“Dados los amplios ataques contra los defensores de derechos humanos y periodistas y dada la extrema militarización de los espacios públicos en el país, estamos profundamente ansiosos de que la comunidad internacional incluyendo los EEUU, obligue al gobierno de Honduras a cumplir con el estado de derecho”.
La Voz de los de Abajo, realiza visitas frecuentes a Honduras, va directamente a las víctimas, y a los lugares donde las violaciones a los derechos humanos son evidentes. Su coordinadora Victoria Cervantes, quien vive en Chicago, Illinois, realiza diversas denuncias en su país, sobre la situación hondureña.
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