El presidente Juan Orlando Hernández, con la venia del Banco Mundial, declaró este 2015 como el año de la minería, en ese contexto, en agosto el país será sede de un encuentro mundial en el que se declara a San Pedro Sula como la capital mundial de la minería y pone en bandeja de plata el territorio Hondureño.En julio, Honduras es sede del Congreso Internacional de Minería, organizado por las universidades privadas del país. Participan empresarios y expertos de varios países de la región, el fin principal es promover a Honduras como un país que ofrece oportunidades de negocios en temas mineros.
Con esta realidad, varias organizaciones sociales, populares del país han estado diseñando una estrategia para hacer frente a las intenciones del presidente Juan Orlando Hernández de entregar el territorio nacional.
El ambientalista Pedro Landa, señala que la plataforma lleva más de dos años de trabajo y la integran más de cincuenta organizaciones que acompañan procesos de defensa de derechos humanos en los territorios.
La minería, reflejo de corrupción
La plataforma de movimientos sociales ha priorizado el tema de la defensa de los territorios y los bienes naturales. Esta semana, en rechazo al Congreso Internacional de Minería, realizaron una movilización y una conferencia de prensa en Tegucigalpa, donde dieron a conocer que la minería y entrega del territorio también es un acto de corrupción.
La falta de investigación en los crímenes y las violaciones a derechos humanos que han sucedido alrededor de conflictos ambientales, también son tema de impunidad y están en el centro de las demandas ciudadanas de la población indignada.
Honduras, un país en venta
Los análisis realizados por la plataforma de movimientos sociales contra la minería, reflejan que en el país existen 837 concesiones mineras, de éstas, 411 se han otorgado y 426 se encuentran en solicitud, cifras que podrían duplicarse a partir de agosto con el “Honduras is ready for minning” (Honduras lista para la minería).
El encuentro mundial de minería, del cual nuestro país será sede en agosto, implica que el Estado de Honduras (poder ejecutivo, legislativo y judicial) ha hecho todo un proceso de reformas para facilitar y garantizar; en primer lugar, que la inversión minera no tenga ningún obstáculo para instalarse en el país, en segundo lugar, que las inversiones mineras tendrán seguridad jurídica, lo que significa modificar leyes a tal grado que instituciones como la policía y las fuerzas armadas se conviertan en vigilantes y en guardianes de los intereses mineros y no de la población, y eso significa incrementar el riesgo para las comunidades que luchan por la defensa de su territorio. En tercer lugar, el “Honduras is ready for mining” significa garantizar que si las empresas cometen delitos, cometen faltas, no serán juzgadas y permanecerán en la impunidad, según analistas de este movimiento.
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