Una de las demandas más claras, unánimes y contundentes del movimiento ciudadano de los indignados e indignadas es la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
La necesidad de una CICIH refleja claramente la desconfianza ciudadana en la institucionalidad, ya que según el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, 7 de cada 10 hondureños y hondureñas no confía en tres operadores clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad: la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Por ello, una CICIH debe tener una naturaleza de fiscal internacional que investigue y participe en procesos criminales de casos de alto impacto, haga propuestas de reformas legales e institucionales y trabaje de cerca con miembros selectos del Ministerio Público y de la Policía Nacional para fortalecer sus capacidades en investigaciones criminales y procesos judiciales.
Debe estar totalmente financiada con aportes de Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), limitando al Estado hondureño una contribución simbólica consistente en facilitar el local para sus oficinas, ya que esta independencia financiera le posibilitará actuar conjugando un margen importante de autonomía local con el peso de la ONU.
La CICIH debe tener la facultad legal para acceder, recabar, evaluar y sistematizar información suministrada por cualquier persona, entidad oficial o privada, ONG, organismos internacionales y autoridades de otros Estados, y solicitar a cualquier funcionario civil y militar toda declaración, documento, informes o colaboración, quienes estarán obligados a proporcionar lo requerido.
A su vez, la CICIH puede seleccionar y supervisar a un equipo técnico de investigación integrado por profesionales nacionales y extranjeros de probada competencia e integridad moral, moverse libremente por todo el territorio nacional, así como acceder sin restricción alguna a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares.
Ante los altos grados de corrupción e impunidad, Honduras necesita urgentemente una CICIH que tenga plenos poderes para investigar casos de alto impacto y con capacidad de análisis estratégico y criminal, que le permita ser un acusador independiente del Ministerio Público y a su vez un asesor técnico de éste cuando sea necesario.
Si el presidente Juan Orlando Hernández no tiene nada que temer y tiene intención de luchar contra la corrupción y la impunidad, la instalación de la CICIH es la mejor forma de convencer a la ciudadanía indignada que está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su eslogan “caiga quien caiga”.
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