“Prometo ser fiel a la república, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las demás leyes”, estas palabras que Juan Orlando Hernández dijo cuando fue juramentado como presidente de Honduras, se han roto de acuerdo a una denuncia donde se argumenta que el mandatario nacionalista ha cometido los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios por nombrar a parientes en puestos públicos.
La denuncia fue interpuesta el pasado miércoles ante la Fiscalía de Defensa a la Constitución del Ministerio Público, por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) donde también se presentó otra acusación en contra de la hermana del mandatario, Hilda Hernández, por el delito de usurpación de funciones.
Ambas denuncias se sustentan en la ilegalidad que habría en el nombramiento de Hilda Hernández, como ministra asesora de Estrategia y Comunicaciones, por su nexo consanguíneo en segundo grado con el presidente de la República, prohibición que está sustentada en el artículo 250 de la Constitución de la República.
“Además de presentar la denuncia y pedir la investigación hemos hecho una petición expresa para que se recuse para conocer de este caso al Fiscal General y adjunto, y al director de fiscales porque también tienen notorios vínculos con el presidente de la república y su hermana, por lo que su intervención constituiría un elemento más de deslegitimación del caso”, indicó el abogado Víctor Fernández del MADJ.
Aseguró que la denuncia fue sustentada con documentación que conllevaría a varias responsabilidades legales, por lo que además se pide se abra una investigación y que se permita al MADJ su intervención en el procedimiento investigativo y judicial.
En su relación de hechos, en la denuncia se señala que Juan Orlando Hernández en su condición de presidente de la República, procedió a nombrar y a juramentar a su hermana Hilda Hernández como ministra asesora de Estrategia y Comunicación, mediante el decreto ejecutivo número PCM -001-2014, publicado el 22 de febrero de 2014, en el diario oficial La Gaceta.
Asimismo, establece que hay publicaciones en los medios de comunicación, viajes oficiales y documentos públicos, que sustentan que la funcionaria figura y se identifica como secretaria de Estado en el Despacho de Estrategia y Comunicación.
A manera de ejemplo, se acompaña el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Estrategia y Comunicaciones y el Registro Nacional de las Personas, suscrito en fecha 16 de febrero del año 2015.
La denuncia que estipula la comisión de los delitos, se fundamenta en el artículo 250 de la Constitución de la República, que reza que no pueden ser secretarios y subsecretarios de Estado, los parientes del presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La acción del MADJ, también invoca el artículo 321 de la carta magna, que establece que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.
Además de la violación a la Constitución de la República, se hace hincapié en otras leyes como al Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos, que en el artículo 13, refiere que el servidor público tiene prohibido designar parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad para que presten servicios en la institución directamente a su cargo, sea de manera remunerada o adhonorem.
“Le hemos pedido al ministerio Público que salga de esa pereza que se encuentra para que ejerza el proceso investigativo y esperamos que ejecute una acción penal contra las personas involucradas en este hecho”, manifestó el abogado Fernández.
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