La presentación de requerimientos fiscales contra varios estudiantes que mantuvieron las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en varias regiones del país, refleja, por un lado, el alto grado de discrecionalidad con la que actúan los operadores de justicia para perseguir las manifestaciones sociales, y por otro, la necesidad de las autoridades universitarias de replantearse lo que entienden por libertad de expresión.
Por ello es fundamental recordarles a las autoridades de la UNAH y al mismo Ministerio Público que el derecho a la protesta está expresamente reconocido por la Constitución de la República y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, y está íntimamente vinculado con las libertades de expresión, reunión y asociación pacífica.
En nuestro país, la protesta social generalmente es la única forma a través de la cual ciertos sectores de la población que sienten que han sido excluidos del debate público, han conseguido vincular sus derechos o, al menos, han logrado que sus puntos de vista sean escuchados.
Si bien es cierto que se pueden dar excesos en el ejercicio de este derecho, el Estado no puede reaccionar con el Código Penal en la mano, ya que como lo señala el destacado jurista argentino Raúl Zaffaroni, “el uso de la sanción penal frente a la protesta social solo es permisible en casos absolutamente excepcionales en los que suceden hechos de violencia intolerable”.
La protesta social que se mantiene dentro del ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica nunca puede ser objeto de persecución criminal, ya que como lo resalta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uso del derecho penal tiene un efecto disuasivo “particularmente grave cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente”.
Las autoridades universitarias y el Ministerio Público deben comprender que en una sociedad democrática, la criminalización de la protesta social violenta los principios más básicos del derecho penal, como el de estricta legalidad, de interpretación restrictiva, de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad.
La UNAH tiene ante sí una oportunidad para que, como rectora de la universidad superior que promueve el debate democrático, la tolerancia y la diversidad, insista en la construcción de un diálogo en el que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Si no lo hace, estaremos asistiendo a un tránsito por el camino del autoritarismo y la imposición que caracterizan a prácticamente todas las instituciones del Estado hondureño.
Guste o no, la libertad de expresión también protege aquellas ideas que ofenden, chocan, inquietan o perturban a las autoridades. Por ello es que el respeto y la tolerancia frente a la diversidad de ideas es un termómetro esencial para medir los niveles democráticos de una persona o institución.
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