En Honduras, la crisis se desarrolla en dos escenarios: el primero es las calles con las caminatas de las antorchas de la población indignada que al no encontrar respuesta han optado incluso por declararse en huelga de hambre. El segundo escenario es el montado por el gobierno convocando a diálogo al que han respondido los sectores afines.
La población indignada sigue exigiendo la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad que investigue y persiga a los involucrados en actos de corrupción, especialmente el del Seguro Social.
Pero para tener la posibilidad de instalar una comisión de esa naturaleza se necesita de mucha voluntad política de los gobernantes según dijo a Radio Progreso el coordinador de la Comisión Internacional de Juristas en Centroamérica, Ramón Cadena. Cadena es de Guatemala y conoce de cerca la experiencia con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“El principal obstáculo es de voluntad política de los estados porque quiénes están en el poder tienen miedo que llegue una comisión de carácter internacional que finalmente los va a juzgar por los crímenes que están cometiendo, actos de corrupción o ejecuciones extrajudiciales o bien otros delitos, por eso el principal obstáculo para establecer una comisión de esta naturaleza es la falta de voluntad de los funcionarios” expresó Cadena.
Una necesidad
Según el abogado Guillermo López Lone de la Coalición contra la Impunidad, la Comisión Internacional contra la Impunidad es hoy en día una necesidad porque las instituciones del sistema de justicia prácticamente colapsaron.
“Que venga una Comisión Internacional contra la Impunidad para que participe directamente en la investigación y en la persecución penal de estos crímenes paradigmáticos y para que contribuya a fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, de la policía nacional, y ampliar el mandato para que fortalezca también al poder judicial” aseguró Lone.
El sector oficial ha criminalizado la presencia de la Cicig en Guatemala argumentando que costó mucho tiempo su instalación, además de mucho presupuesto para tan pobres resultados.
“Si hay voluntad política para establecer esta comisión en Honduras no debería de ser más de medio año siempre y cuando se cuente con el apoyo de la comunidad internacional. Pero si es un acuerdo del propio Estado y el Estado lo está pidiendo, la comunidad internacional hará, creo yo, todos los esfuerzos ya que se trata de un apoyo a un Estado que tiene un problema serio” expresó Ramón Cadena.
Con relación a lo costos económicos, Cadena aseguró que el gasto es considerable. “Estas misiones son de un presupuesto alto pero la comunidad internacional, en base al principio de la cooperación, ha asumido un compromiso y de tal forma ha estado funcionando en Guatemala” manifestó el jurista internacional.
Hay condiciones
El abogado guatemalteco Ramón Cadena estuvo en el país disertando sobre el rol que debe jugar una Cicih en las condiciones en las que se encuentra el país.
“Yo diría que hay similitudes porque los niveles de impunidad en Honduras son también muy amplios, y solo ese índice de impunidad ya nos demuestra que hay un problema muy serio de falta de justicia. Sería interesante analizar los casos en los que no se logra una sentencia, casos de corrupción por ejemplo, casos de falta de independencia judicial” dijo Cadena.
Cadena agregó que no solo hay índices de impunidad altísimos, o sea falta de castigo, “tampoco se pueden llevar a los tribunales de justicia a funcionarios de alto nivel. La corrupción que hay en el país afecta seriamente a la sociedad hondureña así como también sucede en Guatemala”.
El diálogo
La propuesta de un diálogo social sin condiciones que hizo el gobierno se ha llevado una lluvia de críticas. “Desde que se plantea un diálogo social sin condiciones allí está la primera reserva. Hay un clamor, hay una exigencia de parte de diferentes sectores, no solo el sector de los indignados y las indignadas sino que de los mismos actores políticos que deberán cumplirse algunas condiciones mínimas” dijo Guillermo López Lone.
Para Ramón Cadena, Honduras tiene un problema muy serio de impunidad, por lo tanto al requerir el apoyo a la comunidad internacional, no debería ser el tiempo un argumento para no aceptar una comisión como la comisión contra la impunidad” dijo Ramón Cadena.
En las calles, la población indignada plantea la necesidad que se instale en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad, que se proceda a la destitución o a la renuncia del fiscal general y el fiscal adjunto, y que se crea un mecanismo de carácter especial para la elección de los magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia.
“Me parece que el diálogo está vacío, está vacío porque esperábamos una respuesta distinta si es que el gobierno iba a tener el atrevimiento, porque está desautorizado desde el punto de vista político, desde de punto de vista moral para poder convocarnos a un diálogo, es más, esa era una condición también, que el ejecutivo no interviniera en el diálogo” aseguró Guillermo López Lone.
Ramón Cadena cree que siempre habrá quiénes se opongan a que las cosas cambien porque se benefician de la situación actual del país. “La instalación de la Cicig en Guatemala llevó tres años. Tuvo muchos obstáculos. Habían grupos de extremistas que están vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, que han tenido desde el inicio una oposición férrea, pero precisamente son esos grupos los que van a ser afectados por una comisión contra la impunidad” finalizó Ramón Cadena.
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La OEA y la ONU apoyarán el dialogo propuesto por el gobierno, según fuentes oficiales. Según el ex fiscal del Estado Edmundo Orellana Mercado, el dialogo tiene que realizarse con intermediarios de estos dos organismos internacionales porque el gobierno no tiene legitimidad en este momento para la mayoría de la población que está exigiendo castigo a los corruptos en las calles. Sin embargo no puede ser un dialogo convocado por el presidente de la república.
Los puntos principales de un diálogo, según Orellana Mercado tendrían que ser: la instalacion de la CICIH, la destitucion del fiscal general y garantizar que las nuevas autoridades del poder judicial respondan a los intereses del pueblo y no a los intereses de los grupos de poder.
"El gobierno perdió el poder de convocatoria desde que el pueblo indignado ha salido a las calles, en ese caso debe ser con la ONU y la OEA el diálogo", dijo Orellana.
Para el ex candidato del partido de oposición PAC, Salvador Nasralla, no se descarta un diálogo con el gobierno siempre y cuando se instale una comisión internacional contra la impunidad. Aseguró que su posición depende de lo que la gente está exigiendo en las calles.
"Si la ONU es un mediador en el dialogo entre las partes en conflicto, no le veo nada malo, pero no podemos pasar por alto la petición de los millones de hondureños que andan en las calles pidiendo la CICIH. Al presidente se le pasó la hora, nosotros como PAC pedimos un diálogo hace un tiempo para que se corrigieran las arbitrariedades que estaba cometiendo en un año y medio de gobierno, pero él no quiso responder al llamado y dijo que nos llamaría pero nunca lo hizo", expresó Nasralla.
Desde el Frente Patriótico para la defensa de la constitución se ha estado trabajando para promover un diálogo nacional también para analizar problemas estructurales que afectan el país, no solo la corrupción. Jorge Illescas, miembro de este frente dijo que para iniciar el diálogo, los facilitadores que tendrían que ser de la ONU o la OEA, deben analizar la propuesta de Juan Orlando Hernández de crear un Sistema Hondureño contra la Impunidad y Corrupción, y analizar quiénes podrían ser los convocados y convocantes para buscar consensos.
"Hemos estado trabajando en promover un dialogo nacional porque siempre hemos creído que la indignación del pueblo hondureño es a razón del IHSS que solo es el detonante de todas las frustraciones del pueblo hondureño", dijo Illescas.
Por su parte, la Coalición Nacional Opositora "Honduras es Primero" (PINU-SD, PLH, PAC, LibRe), se reunió con el embajador de Estados Unidos, James Nealon y dejaron claros 4 puntos innegociables para ellos, incluida la negativa de participar en un diálogo provocado por el actual gobierno (por su falta de credibilidad), la instalación de una CICIH a la mayor brevedad posible, reformas a la ley electoral que incluyan una segunda vuelta electoral, financiamiento a partidos políticos, y los aspectos de equidad e igualdad política; y la anulación de la reelección presidencial.
Gabriela Glen del movimiento los indignados en Tegucigalpa aseguró en un foro realizado en la capital para hablar sobre la instalación de una CICIH, que los ciudadanos hondureños están convencidos de que la CICIH es un cambio para Honduras, “yo creo que el estado debe de tener personas capaces con valores y compromisos para este país”, por lo que dicen no a un diálogo con una agenda impuesta por el gobierno sino que debe existir una agenda consensuada, ya que es la sociedad quien debe legitimar el diálogo y o el gobierno.
Miembros del movimiento de Indignados han dejado claro que no aceptan un diálogo promovido por el presidente Juan Orlando Hernández quien hasta ahora ha mostrado no tener voluntad política para llamar a una Comisión contra la impunidad, la principal exigencia de la gente en las calles. Sin embargo se ha aceptado que es importante un proceso de diálogo y que la Organización de Naciones Unidas puede ayudar a que éste se dé fuera de manipulación por parte del gobierno y autores políticos, económicos y sociales implicados en casos de corrupción en Honduras. El próximo martes, la oficina de Naciones Unidas en Nueva York recibirá un grupo de jóvenes en representación del movimiento de Indignados para hablar de sus exigencias, principalmente de la petición de una Comisión Internacional contra la Impunidad.
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