Una nueva amenaza ambiental aparece en la Cordillera El Merendón y es que varias empresas impulsan un proyecto hidroeléctrico denominado: “La unión de río frío”.
La iniciativa la promueven las empresas: Compañía hidroeléctrica Cuyamel S.A. de C.V. (COHCUY) y Empresa Hidroeléctrica Nacional S.A. (HENSA) y pretenden construirla en las comunidades de Nuevo Edén, Remolino 1, Remolino 2, Santa Teresa, Las Brisas, Guanales y la Unión de Río Frío en la zona del Merendón.
La polémica se desató cuando integrantes de patronatos de esas comunidades obtuvieron información de los avances del proyecto sin antes ser consultados como población del sector.
Las comunidades están organizadas en la Federación de Patronatos del Merendón en el que se aglutinan 45 patronatos de los 60 que existen.
La gente ve con rechazo el proyecto porque en la comunidad vecina de Guanales ya existe un proyecto hidroeléctrico que ha dejado malas experiencias porque las empresas impulsoras no han cumplido con los compromisos asumidos, por tal razón los patronatos no quieren experimentar una situación parecida.
Consulta previa
“Todo proyecto de grandes proporciones como lo son los hidroeléctricos deben someterse a un proceso de consulta previa a las comunidades”, dijo el ambientalista Juan Mejía e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
“En el marco de la consulta previa se debe presentar por parte de los impulsores una investigación de impacto ambiental y mostrarlo a las comunidades y que ellas puedan decidir. Pero el problema es que en este proyecto como en muchos más que se dan en el país, no se ha iniciado la consulta previa ni mucho menos se les ha entregado a las comunidades una investigación de impacto ambiental", amplió Mejía.
Hace dos semanas los patronatos realizaron una asamblea donde plantearon estrategias para enfrentar a lo que las comunidades han catalogado como una nueva amenaza al medio ambiente.
Una de ellas fue solicitar una reunión con las autoridades municipales y también las empresas impulsoras. La petición fue atendida por la municipalidad y en ella acordaron una reunión con las autoridades de la División Municipal Ambiental (DIMA) y las empresas.
Integrantes de las comunidades afirmaron que la segunda reunión se dio a medias, puesto que solo llegaron representantes de DIMA y no aparecieron las empresas, por lo tanto la evaluación de impacto ambiental tampoco se presentó.
“El problema es que no quieren entregar el documento de evaluación de impacto ambiental del proyecto y eso es grave porque indica que algo se oculta”, sentenció Juan Mejía.
Por su parte Higinio Euceda dirigente patronal manifestó: “somos afectados por la posible construcción de este proyecto, por la forma como se quieren apoderar de nuestros terrenos y no respetan los convenios con las comunidades. Hemos planteado reuniones a las autoridades municipales para que nos expliquen en qué consiste esto, porque tenemos derecho a conocer lo que quieren hacer en nuestras tierras”.
Mientras que José Márquez también dirigente afirmó que: “la gente de todas las comunidades no quiere el proyecto, porque todos sufriríamos el impacto ambiental y es nuestro deber cuidar nuestro territorio. Además desconocemos de que trata el proyecto hidroeléctrico porque no nos han mostrado el proyecto, ni la empresa ni la municipalidad, quieren pasar por encima de la población”.
Las comunidades seguirán exigiendo su derecho a ser consultadas y se organizan para resistir ante cualquier amenaza a la naturaleza.
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