Tres, de las cinco salas que integran el poder judicial hondureño, se habrían revelado esta semana contra los abusos y mal manejo de la justicia y de las sanciones y remociones en ese poder del Estado, de acuerdo a una nota enviada por jueces y magistrados al propio presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera Avilés.
La carta que enviaron 9 magistrados del poder Judicial reclamando por la injerencia del Consejo de la Judicatura en acciones que no son de su competencia y el aplicar sanciones y suspensiones sin agotar el debido proceso es para muchos la gota que derramó el vaso.
En la nota con fecha 18 de junio los jueces y magistrados de las salas de lo Penal, Laboral y de lo Civil; absteniéndose de firmar la sala constitucional y la de lo contencioso administrativo le piden al presidente de la Corte Suprema que se mantenga vigilante de lo que está ocurriendo en el Consejo de la Judicatura, en clara alusión a lo actuado por Teodoro Bonilla, vicepresidente de ese consejo.
La nota señala “las posibles injerencias desde lo interno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en las decisiones estrictamente jurisdiccionales adoptadas en diferentes juzgados y tribunales; y la segunda referida a decisiones disciplinarias que se imponen por decisiones jurisdiccionales, susceptibles de ser recurridas por las partes”.
Esa carta devela la preocupación ante la franja de riesgo en la que se encuentra la independencia judicial en el país. Luego de constantes denuncias sobre la injerencia del Consejo de la Judicatura en decisiones estrictamente jurisdiccionales. Pese a contar con menos de 2 años de funcionamiento, esta instancia presenta varios cuestionamientos.
A criterio del diputado del Partido Liberad y Refundación (LibRe) Jorge Cálix, el Consejo de la Judicatura está viciado desde inicios, “su nacimiento es político, sus nombramientos son políticos, esto es conocido en el mundo jurídico como la -Teoría del fruto del árbol envenenado-, si el árbol está envenenado sus frutos van a ser envenenados”, dijo Cálix.
Por su parte el sociólogo Eugenio Sosa considera que en Honduras tenemos un problema, y es que las supuestas instituciones que se crean para resolver los problemas, no saben separar lo administrativo del ejercicio profesional. “Por los objetivos escondidos que se persiguen, el remedio termina peor que el problema”, añadió Sosa.
El Consejo de la Judicatura comenzó a operar en octubre de 2013 y ya ha sido denunciado por atentar contra la independencia judicial, una situación que se agrava en el país, según el juez de sentencia en Valle, Gustavo Escoto quién denunció el año pasado que el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, cuando fungía como magistrado de la Corte de Apelaciones en los departamentos de Valle y Choluteca, presionó a un grupo de jueces para que fallaran en algunos casos para su conveniencia.
El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, abogado Mario Díaz, dijo que esa misma denuncia se viene haciendo desde la creación del Consejo de la Judicatura. “Las decisiones arbitrarias que muchas veces se toman por esa instancia, sancionando compañeros sin seguir el debido proceso, de fondo es un atentado contra la independencia del juez”.
Díaz asegura que las denuncias por injerencias deben investigarse adecuadamente por los órganos correspondientes para que deduzcan las responsabilidades del caso. “Nosotros decimos que cuando se vaya a sancionar a un juez por algún motivo, tienen que respetar sus derechos y además tener la claridad que el Consejo no puede sancionar por resoluciones de carácter jurisdiccionales, porque eso no le compete. Esas medidas solo las pueden evaluar los órganos de decisión superior: Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia”, explicó.
Dijo además que las sanciones que están aplicando a jueces y juezas son arbitrarias y no deben continuar.”
Uno de los noticieros televisivos influyentes de Honduras, reveló las declaraciones de este juez quién dijo “nos encerraron a los 4 jueces y la grabación yo la tengo en donde nos exigen que resolvamos de acuerdo a los que ellos nos están pidiendo, y eso se llama violación de la independencia judicial y además abuso de autoridad. Por eso los denuncié ante el Ministerio Público, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, a la misma Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Judicatura, y después de un año no han resuelto absolutamente nada”.
Rodolfo Cortés habitante de Pinalejo, Santa Bárbara en el occidente hondureño reaccionó a la carta enviada al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera Avilés firmada por magistrados de la Sala de lo penal, sala de lo civil y sala de lo laboral, señalando la acción de honesta y valiente. Muestran además un poco de dignidad pero necesidad de independencia.
Reformas
Para evitar los abusos del Consejo de la Judicatura y devolver la independencia de los Magistrados y Jueces, en la impartición de Justicia; en enero de 2015 el diputado del Partido Anticorrupción (PAC) Walter Banegas presentó ante el Congreso Nacional Proyecto de Reforma Integral al Capítulo de la Constitución de la República que se refiere al Poder Judicial.
“Pedíamos en ese momento la reforma a la integración, es decir, que hayan 15 magistrados propietarios y 15 suplentes, porque si se requiere que haya suplentes en la Corte Suprema de Justicia y evitar así el manoseo y el tráfico de influencias”, explicó el diputado.
La propuesta de ley incluía además, la solicitud de reforma del procedimiento porque en la actualidad, como está el proceso para la elección de los magistrados, es muy limitado y poco transparente porque establece que el presidente del Congreso Nacional debe convocar a más tardar el 31 de octubre a los miembros de la junta nominadora, y que la junta nominadora debe presentar su nómina final a más tardar el 23 de enero de 2016 y corresponde a la elección el 25 del mismo mes.
Eso significa según Walter Banegas “que los diputados tendremos únicamente dos días para conocer el perfil de los 45 precandidatos que presentará la junta nominadora”. Lo que ocasiona en los congresistas y en el pueblo limitación de tiempo para estudiar y evaluar la forma de vida de cada uno de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para el diputado Walter Banegas, el restablecimiento del Estado de Derecho en el país pasa en primer lugar por: la evaluación de la conducta administrativa del fiscal general y el fiscal general adjunto. Elección que debe hacerse lejos de cualquier componenda política, profesionales independientes capaces, con valor y deseos de servirle a la patria.
Otro factor señala el diputado Walter Banegas, es transparentar el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el 2016. “El proyecto de ley que nosotros presentamos va a devolverle las atribuciones constitucionales a la CSJ y al pleno de los magistrados, la independencia, autonomía y la supremacía que deben tener por encima del Consejo de la Judicatura. Porque en la actualidad lo que está pasando es que esa dependencia está interviniendo en la impartición de justicia”.
La facultad del Consejo de la Judicatura es únicamente administrar recursos del Poder Judicial, sin embargo se están extralimitando y se ven involucrados en persecución política por lo cual los magistrados se sienten afectados, declaró el diputado Banegas. Dijo que lamenta que este proyecto de ley haya sido engavetado en el Congreso Nacional.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, está integrado por Jorge Rivera Avilés como presidente, Teodoro Bonilla, como vicepresidente y los concejales Rolando Argueta, Julio Barahona y Francisco Quiroz. Como suplentes a Lilian Maldonado y Celino Aguilera.
Pasos a una verdadera independencia
La carta de los magistrados debe dar pasos a acciones concretas considera el diputado de LibRe, Jorge Cálix. “Lo que debe dar paso esta denuncia, es que se someta a una investigación profunda el Consejo de la Judicatura y posiblemente a un juicio político si la investigación revela irregularidades”, señaló.
Según la carta enviada por los magistrados propone: “Para fortalecer la institucionalidad, el control disciplinario, debe ejercerse bajo la premisa de que los jueces solo pueden ser destituidos por razones de notoria mala conducta, faltas disciplinarias, delitos o por la incapacidad que los inhabilite para desempeñar sus funciones, siendo ineludible que cualquier sanción disciplinaria impuesta, sea decretada tras la celebración de un debido proceso. Los jueces no pueden ser destituidos o sancionados por errores de buena fe (bona fide) o por discrepar con una determinada interpretación jurídica y menos aún por no actuar conforme a intereses extraños a los de la jurisdicción”.
Y cierran el escrito manifestando: “Por lo que solicitamos a usted como presidente, tanto del Consejo de la Judicatura como de la Corte Suprema de Justicia que se mantenga vigilante para que este tipo de situaciones no ocurran y que los miembros del consejo de la judicatura se ajusten a sus funciones meramente administrativas, estableciendo políticas de gestión interna, claras y trasparentes que permitan garantizar que los jueces contarán con las herramientas necesarias para el eficiente desempeño de su funciones jurisdiccionales.
Algunos sectores consideran que este tema ha sido politizado, pero quienes lo defienden muestran su malestar al indicar que esa carta solo debilita la institucionalidad.
Más suspensiones
En el marco de exigencia de independencia judicial, esta semana fue suspendida otra jueza que conocía uno de los casos del ex ministro de la presidencia Enrique Flores Lanza. La medida se ampara en el artículo 69, párrafo segundo de la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial y se adoptó por unanimidad de votos, por lo que se prevé que su suspensión será de tres meses.
La jueza de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, María Dolores López Godoy, fue suspendida por el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, por haber admitido un recurso de reposición de la defensa del exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza.
La también jueza de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Nelly Lizeth Martínez, fue suspendida el pasado 16 de junio, supuestamente por dilatar un proceso contra Flores Lanza, al haber aceptado un recurso de apelación, que la llevó a suspender una audiencia de imputado. La jueza denunció el martes ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que se le violentaron sus derechos al ser expuesta públicamente sobre hechos que no conocía en ese tribunal.
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