La firma de un contrato de arrendamiento de lanchas patrulleras para la Fuerza Naval, por un monto de 62 millones de lempiras, ha creado un mar de especulaciones debido a lo extraño, por no decir insólito, de esta operación.
La compra de armamento militar siempre ha sido motivo de sospechas y especulación, pues se trata de negocios en la oscuridad, con el expediente secreto de la “seguridad nacional”, que se presta a toda clase de manipulaciones.
En este caso, por lo que ha salido a la luz pública, se trata de un contrato de arrendamiento con opción de compra, lo cual es una operación atípica en la dotación de armamento para el Estado. El solo hecho de ser armamento alquilado abre un abanico de conjeturas sobre la aplicación, uso y garantías de un bien cuyo dueño es otra persona, por añadidura extranjera.
Suponemos que todas estas consideraciones han sido sopesadas antes de firmar ese contrato que, inicialmente, fue del orden de 9,0 millones de dólares y ahora alcanzó los 62 millones de dólares, una cifra estratosférica para el tamaño del erario hondureño. Fue el secretario de Defensa, Marlon Pascua, quien firmó el contrato, y, como bien se sabe, él tiene mucha experiencia, hasta familiar, en el negocio de venta de armas.
El congreso nacional, como de costumbre, aprobó ese contrato de arrendamiento de 6 lanchas Interceptors y 2 naves de guardacostas, a puerta cerrada y a toda prisa, por aquello de la seguridad nacional. No se exigió el procedimiento regular de la licitación, según lo ha revelado el presidente Lobo Sosa, para evitar la presencia de las “empresas de maletín”.
Con esta clase de argumentaciones la opinión pública está, para decir lo menos, muy desconcertada. No halla qué pensar, y lo que piensa es lo malo y lo feo. Queda por fuera lo bueno. La justificación, o sea lo bueno, sería por el lado de la lucha contra el narcotráfico, pero también ahí saltan los bemoles.
No hace mucho tiempo se habló de la compra de aviones “tucano” a Brasil, precisamente para igual finalidad, la guerra contra el tráfico de la droga. La reacción pública en contra no se hizo esperar, pues, a juicio de la nación hondureña, en la cruzada antidroga nosotros ponemos los muertos y el dinero, cuando el negocio de la producción-consumo, billonario, está en otros lados.
Según las estadísticas del tráfico de narcóticos, por Honduras pasa hacia el gran mercado de Estados Unidos casi el 90%. Algo así como el 18% llega por aire, el 2% por tierra, y el 80% por la vía marítima. Así se entendería el abandono de los aviones “tucano” y la adopción de las lanchas Interceptors.
El punto es, en cualquier caso, que no es a Honduras a la que le correspondería cargar con ese enorme gasto, cuando no tenemos dinero ni para darle mantenimiento a los caminos, ni para comprar medicinas ni equipamiento para los hospitales, y con una población cuyo 80% pasa privaciones de todo tipo y que la mitad se acuesta con el estómago vacío.
Claro está que deberíamos tener nuestra defensa territorial asegurada, con una Fuerza Naval lista para hacer respetar el islote Conejo, el Golfo de Fonseca, la Cuenca del Caribe, etcétera. Pero ahí está, por si acaso, la Corte Internacional de Justicia.
La cuestión es, a final de cuentas, que en la lucha contra el narcotráfico cada país centroamericano recibe algo así como 6 millones de dólares al año de aporte internacional, y nosotros, de un solo “pencazo”, disponemos de 62 millones de dólares, simplemente para alquilar barcos. Deberíamos, entonces, conseguir una bomba atómica, aunque fuera de segunda mano.
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