Por Riccy Ponce
En el marco del 181 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este organismo internacional concedió a Honduras una audiencia solicitada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de la pandemia en Honduras.
En su intervención, el COFADEH expresó que en el país, además del fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19, en el acceso a derechos y servicios básicos, ésta ha resultado también en una profundización de la crisis democrática y de derechos humanos.
Como respuesta a la pandemia, el Estado han implementado acciones de carácter punitivo, como toques de queda, estados de excepción o la militarización de la seguridad ciudadana, entre otras medidas contrarias a los derechos humanos de la población.
Estas acciones causaron innumerables violaciones a los derechos humanos de la población por lo que, ante la CIDH, se presentaron solamente tres de los muchos casos de violaciones a los derechos humanos, cometidos desde que se suspendieron las garantías constitucionales en el país.
Entre las víctimas que testimoniaron ante los Comisionados de la CIDH, están el de Heydi y Roberto Amaya Rubio, quienes sufrieron detención ilegal, tratos crueles e inhumanos, en contexto de toque de queda, perpetrada por la Policía Preventiva.
Este hecho ocurrió en el 20 de mayo de 2020, cuando se encontraba en vigencia el toque de queda, y donde la circulación permitida era por medio del último digito de la tarjeta de identidad, según el Decreto Ejecutivo PCM-045-2020, mediante el cual se habían prorrogado las restricciones constitucionales hasta el domingo 24 de mayo de 2020.
Luego de que los hermanos Amaya explicaran las situaciones y porque andaban junto, dos agentes detienen a Roberto y lo trasladan a empujones a la delegación, cuando Heydi quiere auxiliar a su hermano, se inician los insultos y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras cuatro policías la agredían físicamente, golpeándole en el rostro y colocándole rostro contra la pared.
Mientras esto sucedía con Heydi, cinco policías llevaban a la celda a Roberto, a quien lo iban arrastrando y golpeando.
“El COFADEH está llevándome el caso, ya se han puesto las denuncias, y hasta el día de hoy no se resolvió nada. El 11 de octubre de 2021 se interpuso ante el Ministerio Público el requerimiento fiscal contra los agentes, ya hay cuatro identificados por delito de infracción, detención ilegal y vejámenes; el comité es quien ha estado llevándome el caso, ellos son los que han estado apoyándome en esto”, expresó Amaya.
Además, señaló ante la CIDH que también en el momento de la detención no solo hubo golpes, no solo agresiones verbales y físicas, también ellos me tocaron, ellos no respetan, y esa fue una de las razones por las que me agredieron más, porque yo no se los permitía.
Otro de los crímenes de lesa humanidad causados por el estado es el de Marvin Orlando Alvarado Santiago, quien murió a manos de la Policía Militar del Orden Publio (PMOP) en abril, ellos regresaban de trabajar para llevar el sustento a sus familias cuando fueron golpeados ferozmente los tres hermanos, y dispararon a dos de ellos. Marvin murió durante el hecho.
EL era un joven de 33 años, trabajador informal que se dedicaba junto a su hermano y dos primos a la venta de pan, quien recibió disparos por parte dela la Policía Militar en un retén en la aldea El Paraíso, en Omoa, Cortés, donde también su hermano Héctor Arturo Alvarado resultó herido en su pierna.
Además de estos dos casos, la CIDH conoció también que el domingo 21 de junio de 2020, Rinel Ecliserio Argueta, de 39 años de edad, ganadero del municipio de San Esteban, Olancho, murió como consecuencia de disparos realizados por agentes de las fuerzas Especiales de la Unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) y Agentes de la Policía Nacional Preventiva, asignados a la delegación Policial de domicilio.
El crimen de Rinel continúa en total impunidad, ya que a pesar que estaba claro quienes habían cometido el hecho, la justicia los liberó de ese hecho.
Adrián Argueta, hermano de Rinel, señalo sentirse verdaderamente impresionado cómo funciona el sistema de justicia de Honduras.
“Es totalmente impresionante, nosotros llegamos a una escena del crimen donde yace mi hermano muerto, los miembros de la policía se presentan a la ciudad de Catacamas supuestamente a los juzgados, algo raro que las persona que van a llevar la investigación son personas vestidas de policías, solo que dice DPI (Dirección Policiales de Investigación), esto nos hace pensar a nosotros que es la misma cosa, policías investigando a policías.
Señaló que a pesar de que los policías confesaron haber disparado, fueron dejados en libertad.
Isabel Albaladejo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
“Los cinco policías aducen que ellos le dispararon y los juzgados, posteriormente, la única respuesta que nos dan es que no saben cuál de los cinco policías le quitó la vida, que todos los cinco dispararon, pero no saben cuál arma lo asesinó, por lo tanto, son inocentes”.
“Algo que no se necesita ser letrado en justicia o en impartir justicia; nos duele el corazón, no sabemos cómo entender un caso de esta naturaleza, ellos dicen que dispararon, pero como no se sabe quién fue, no individualizaron la pena de la persona que disparó”.
Añadió que mirarlos salir impunemente de un caso de esto, da dolor y da decepción, da ganas de irse del país con este tipo de justicia que tenemos”, finalizó.
A la audiencia comparecieron organizaciones peticionarias y víctimas, así como también el Estado, quien no hizo énfasis en ninguno de los casos planteados en dicha comparecencia, ni mostró interés por hacer justicia, por menos en alguno de ellos, y se dedicó a vender internacionalmente mentiras disfrazadas de verdades, ya que la realidad en el país es otra, ya que son incontables la violaciones a los derechos humanos, asesinatos a manos de las fuerzas represoras del estado, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes.
Durante la suspensión de garantías constitucionales nuevamente apareció la figura de la desaparición forzada, de las que el Cofadeh contabilizó 17 durante el toque de queda.
Ante tal actuación, la coordinadora general del Cofadeh, Berta Oliva, expresó que “escuchando a la representación del Estado de Honduras, de mi país, está clarísimo que hay dos Honduras, ellos que están en la Honduras de la burbuja y nosotros estamos en la Honduras donde todo sucede y se impone el abuso, el desprecio por la vida y por la libertad”.
“El caso de Heydi y el de Adrián es una mínima expresión de los abusos de los excesos de la barbarie que ha cometido el estado de Honduras, a través de sus agentes, en todo el país; también cabe decir que en su mayoría las actuaciones que ejerce la policía, cuando una mujer es detenida, realmente es despreciable; los niveles de impunidad que se ha venido generando en el país son alarmantes”, añadió.
La histórica defensora de los derechos humanos sostuvo que hay un total abandono del Estado, el sistema de justicia ha colapsado, “hoy en día hay dos acciones importantes en el país, una es la audiencia preliminar del caso Keyla Martínez, quienes llevamos la representación y desde ya sabemos que hay una intencionalidad, inclusive, ya no solo de los perpetuadores de la violación, y de la eliminación de la vida de Keyla, si no que de todo el sistema que está protegiendo al único imputado”.
“El Ministerio de Seguridad lo entrega porque lo considera responsable, pero a la vez le pone un grupo de abogados para que lo defienda y un bufete privado de los más onerosos en el país, y nosotros no creemos que él pueda tener en ningún momento, condiciones para pagar un bufete tan caro”, añadió.
Señaló que luego el propio poder judicial, ya en el sistema de justicia, han modificado la tipificación del delito, así que no es el primer caso que se está llevando porque ya lo modificaron, esto luego que el Estado mintiera, diciendo que aún se estaba juzgando como feminicidio, cuando hace alrededor de un mes que cambiaron la tipificación del delito el sistema de justicia.
La coordinadora general del Cofadeh finalizó diciendo que otro de los casos es el de los ambientalistas de Guapinol, encarcelados injustamente por defender el agua y la vida.
Agregó que es importante señalar que en Honduras hay presos políticos, además que desde COFADEH se está sacando gente al exilio por el grave riesgo que corre, debido a la persecución.
“Hace una semana sacamos a la hermana de Keyla fuera del país, porque sus condiciones de seguridad eran más que eminentes”.
Al finalizar la audiencia, las organizaciones solicitantes de la misma realizaron una serie de peticiones entre las que incluyen tema como retomar de manera inmediata la progresiva desmilitarización recomendada por esta Comisión en 2019, fortaleciendo las capacidades de la policía para el relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Prohibir a los agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública usar armas de fuego para el control de las protestas sociales. Y regular el uso de armas menos letales.
Asimismo, que se garanticen las condiciones para avanzar las investigaciones a las violaciones a los derechos humanos durante la pandemia. Y garantizar los derechos de reunión y manifestación y asegurar se protejan los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de todas las personas que se manifiestan.
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