Por Gustavo Duch
Tengo muy presente uno de los lemas de La Vía Campesina. Para este movimiento de más de 200 millones de campesinas y campesinos que defienden sus agriculturas a pequeña escala, un argumento central para reorganizar los sistemas agroalimentarios es recordar que «los alimentos no son una mercancía». Pero observar las cotizaciones de la soja, el trigo o el maíz en las bolsas de valores de Chicago y Nueva York refleja exactamente lo contrario: con la comida se juega, y se juega mucho; se apuesta con ella como con los resultados de un partido de fútbol o la cotización de una empresa. Considerar los alimentos como una mercancía más equivale a expresar que la alimentación, un derecho universal y una necesidad vital, debe ser resuelta por las leyes del mercado, y desde este paradigma el resultado final no es bueno, es dramático: más de 850 millones de personas en el mundo no pueden alimentarse correctamente, pasan hambre y muchas de ellas hoy están, cual golondrinas, en las rutas migratorias.
Poner atención en el mensaje de La Vía Campesina nos interpela a explorar o cambiar de enfoque. Como explica José Luis Vivero Pol, sería el equivalente a entender la alimentación como un bien común, pues los mares, las tierras, el agua y las semillas que permiten su producción son efectivamente de todos, o, mejor aún, no son de nadie.
ASegurar un medio de vida
Situarnos en esta otra lógica abre muchas posibilidades. Desde posturas a favor de más Estado, la agricultura y quienes la practican serían entendidos como se entiende a los maestros y maestras de escuela o se entienden los servicios públicos sanitarios de un país. Desde posturas en favor de más autogestión y comunitarismo, las redes de consumo alternativo o la gestión comunal de recursos como montes o tierras ganarían más espacio. E imbricada entre ambas aparece una propuesta a explorar, la de una renta básica agraria (RBA).
En concreto, y a partir de los postulados de la renta básica universal, se trataría de asegurar una renta básica a todas aquellas personas que se dedican a producir alimentos sanos a partir de procesos sostenibles, es decir, que todas aquellas personas que se dedican a hacer posible el sostenimiento de la vida tengan asegurado su propio medio de vida a partir de un compromiso colectivo. Un pacto social.
Esta propuesta, que me consta que está siendo tratada en diferentes espacios de reflexión políticos y en movimientos altermundistas, a mi entender es una propuesta especialmente necesaria a debatir en Europa. Tanto porque somos una fuerza centrípeta que genera que muchos países del sur hayan sustituido su vocación agrícola por negocios para la exportación de alimentos, como porque en Europa tenemos la posibilidad de desarrollar una RBA rápidamente a partir de reencauzar los fondos de la PAC (política agraria común). En Catalunya, con unas 70.000 personas en el censo agrario, se gestionan unos 500 millones de euros anuales de la PAC, según datos de la Unió de Pagesos.
Resistir los mercados globalizados
A favor de aplicar una RBA tendríamos varias claves. Si con ella se asegura un ingreso vital, este podría ejercer como el colchón que permitiría frenar el constante cierre de fincas agrarias y granjas (dos al día en los últimos diez años en el caso de Catalunya) que no resisten la competencia de unos mercados globalizados ni la tiranía del control que ejercen las grandes empresas del sector, especialmente las de la distribución de alimentos. A su vez, saberse con un mínimo en el bolsillo sería un estímulo clave para que muchas vocaciones y proyectos de gente joven que quiere hacer del sector primario y la vida rural su modo de vida puedan ponerse en práctica. Y con unos ingresos mínimos garantizados para la práctica de agriculturas ecológicas orientadas a las necesidades locales favoreceríamos también la reconversión de profesionales que ahora practican una agricultura o ganadería intensivista, responsable de contaminación y del cambio climático.
Ayudas discriminatorias
Plantear una RBA significa, como significó la PAC en su momento, adoptar un pacto social en favor de sostener colectivamente nuestro territorio rural, con una relocalización de la economía y una emancipación respecto de los mercados internacionales (fundamental si pensamos en las consecuencias del TTIP), que debería ser analizado por la sociedad en su conjunto. Y muy especialmente por el sector agrario, que, acostumbrado a unas ayudas discriminatorias y muy controvertidas, debería posicionarse sobre un planteamiento con carácter redistributivo.
En cualquier caso, creo que merece la pena explorar la propuesta, tal vez no como la única ni como una panacea, pero sí como una propuesta de transición en la que valores sacrosantos como el productivismo, la competencia y el libre mercado quedarían arrinconados por opciones de sobriedad, suficiencia y complicidad.
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