El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, por acciones de intimidación y amenazas en contra del coordinador general del Madj, el abogado Martín Fernández Guzmán, quien es beneficiario de medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que otros miembros de la organización.
El Movimiento Amplio, es un espacio de lucha contra la corrupción e impunidad que nació después de la huelga de hambre, que emprendieron cuatro fiscales del Ministerio Público en los bajos del Congreso Nacional, en 2008. Con el Golpe de Estado de 2009, y ante el proceso acelerado de privatización de los bienes naturales y públicos, las comunidades organizadas en el Madj, comenzaron la lucha en contra de la instalación de empresas mineras e hidroeléctricas a nivel nacional, pero con más fuerza en los departamentos de Yoro y Atlántida.
Datos preliminares de la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro)” realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), reflejan que existen 950 concesiones en vigencia, aprobadas o proceso de aprobación, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño en manos de empresarios mineros.
Solo en el departamento de Atlántida, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha otorgado 43 concesiones mineras y más de 24 hidroeléctricas, sin consultarle a las comunidades que se oponen al modelo extractivista.
A raíz de la lucha de la ciudadanía organizada en el Madj, las amenazas, intimidación, hostigamiento y hasta secuestro contra sus líderes han incrementado. Wilmer Alexander Ramos miembro activo del movimiento en Atlántida, fue secuestrado en diciembre de 2015, por tres desconocidos armados que le llevaron sus pertenencias e información de la organización. A esto se le suma la difícil situación que atraviesan las tribus Tolupanes asentadas en el departamento de Yoro, quienes han sufrido amenazas, persecución y hasta asesinatos por la lucha organizada en defensa de la Madre Tierra.
Lo más reciente es el hostigamiento e intimidación por parte de militares contra el coordinador general del Madj, Martín Fernández, quien ha denunciado que más de 50 efectivos supuestamente pertenecientes al Cuarto Batallón de Infantería de La Ceiba, Atlántida, en entre el 2015 y el 2016, han ingresado en diferentes ocasiones de manera ilegal, a una finca de su propiedad, ubicada en la comunidad de Agua Caliente, municipio de La Masica. La finca es un centro de capacitación al servicio de las comunidades y las organizaciones populares del país.
El 27 de abril, en San Pedro Sula, Cortés, se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), por el delito de Allanamiento de Morada en perjuicio de Fernández, por parte de los militares y por las constantes amenazas que ha recibido a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto que llegan a “Tertulias de la tarde”, un programa que él conduce y que se transmite de lunes a viernes por Radio Dignidad del Movimiento Amplio, en San Juan Pueblo, La Másica, Atlántida.
“En los dos casos esperamos que haya una investigación efectiva y seria. Que se deduzcan responsabilidades tanto a los militares por su actuar ilegal, y a las personas que están enviando mensajes amenazadores a través de la radio” afirmó para Radio Progreso el abogado Martín Fernández, luego de interponer la denuncia y hacer público un comunicado alertando sobre su situación.
Leer: Comunicado del MADJ.
Comunidades organizadas en el Madj defendiendo la madre tierra
En Atlántida, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, en coordinación con la parroquia de Arizona y San Francisco, se han enfrentado directamente al proceso de privatización de los bienes naturales.
En el sector Florida del municipio de Tela, se logró detener la concesión minera que el gobierno le otorgó a Lenir Pérez, yerno del fallecido empresario y terrateniente Miguel Facussé. Asimismo, los municipios de Arizona y San Francisco, en pleno uso de su derecho a decidir, se han autoproclamado territorios libres de industria extractiva. A inicios de 2016, en San Juan Pueblo, La Másica, a través de un cabildo abierto, se declaró al río Zapote, exclusivo para el consumo humano, salvaguardándolo de la instalación de una represa hidroeléctrica en la parte alta de su caudal.
Honduras: un país peligro para ambientalistas
En Honduras las amenazas que reciben los defensores y defensoras de la madre tierra son una realidad. Según la organización británica Global Witness, el país es el peor del mundo para ambientalistas, ya que más de cien han sido asesinados y sus muertes continúan en total impunidad.
Desde el Movimiento Amplio se ha denunciado a nivel nacional e internacional el ambiente hostil en que viven los ambientalistas en el país. Además se ha denunciado la falta de justicia en los asesinatos registrados, como el caso de la líder indígena Berta Cáceres Flores, asesinada en marzo de 2016.
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