Por Sandra Rodríguez
Por falta de dinero para movilizarse desde Playa Blanca a la Isla del Tigre para firmar el libro de control de asistencia de los Juzgados de Amapala, y por buscar llevar alimentos a sus casas cuidando vehículos que llegan en Semana Santa a Zacate Grande, Abel Pérez y Santos Hernández fueron remitidos a la prisión de Nacaome tras no cumplir con la medidas cautelares impuestas en agosto del 2015, por defender y hacer uso de las tierras que les han pertenecido desde generaciones anteriores.
Hoy a las 3:00 p.m. en los Juzgados de Amapala, estaban citados Abel Pérez y Santos Hernández, dos de tres acusados por usurpación, amenazas y daños en perjuicio del terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva, en abril del año pasado. En este momento son llevados por custodios policiales al centro penal de Nacaome, como lo indicó la jueza, el pasado martes.
Tras la suspensión en cinco ocasiones de la audiencia de Revisión de Medidas, por motivos diversos, al fin se realizó el martes 17 de mayo, donde la parte acusadora presentó dos testigos que afirmaron ver a Abel y Santos chapeando (cortando) el monte de los supuestos predios de Cassis.
Y al revisar el libro del Juzgado, ellos han faltado en varias ocasiones, porque viajar a la Isla del Tigre es un presupuesto individual de unos 300 lempiras, tomando en cuenta que deben comer algo, y previendo que un jornal es de 100 lempiras, explicó uno de los pobladores de la península, quien los acompañaba en la audiencia.
La zona sur, donde se ubica la Península de Zacate Grande, es de las regiones más empobrecidas en Honduras, el cual está indicado entre los países más desiguales de Latinoamérica y ésta la región más pobre del planeta, por lo que la justicia desigual también se confabula con los que por siglos han vivido de lo que siembran y pescan, y ahora por imposición de los poderosos corren el riesgo de perder hasta su libertad.
La Jueza Iris Amanda Hernández, dictó prisión preventiva por incumplimiento de Medidas, además desestimó que el COFADEH fuera garante de la libertad condicional, pese a que la defensa manifestó que los acusados no han tenido, ni tienen la intención de fugarse, ya que siempre se han presentado a las citas.
Abel Pérez es miembros de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país, REDEHSUR, que forma y acompaña el COFADEH, desde hace cuatro años, es comunicador social de radio comunitaria La Voz de Zacate Grande e integra la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande. Y en julio del año pasado fue parte del grupo en huelga de hambre exigiendo una Comisión Internacional contra la Corrupción en Impunidad en Honduras, CICIH.
Ante la decisión de la jueza, la defensa representada por Denia Castillo, interpuso un recurso de Reposición, el cual no fue aceptado, dando paso al recurso de Apelación, el que debe ser presentado a más tardar mañana viernes.
Otro de los imputados es Santos Tomás García, quien ha cumplido con mucho esfuerzo, destacó, las medidas impuestas por la jueza.
Los tres imputados se dedican a labores de pesca y agricultura, actividades que realizan en la comunidad de Playa Blanca, donde han habitado por generaciones, y hace unos treinta años han tenido que enfrentarse no solo a los terratenientes sino a los jueces que no comprenden el sacrificio que deben hacer los acusados por usurpación, sabiendo que son los fundadores de la Península de Zacate Grande, denunció Pedro Canales, presidente de ADEPZA.
Miembros de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país, REDEHSUR, y de la, ADEPZA, así como el COFADEH, permanecemos en constante acompañamiento a estos defensores de la tierra, procurando que la Ley se aplique de manera justa.
En esa misma situación de Tomás, Abel y Santos, hay 31 pobladores más que desde hace más de siete años están acusados de usurpación por parte de personas que quieren tener las tierras sin asentamientos humanos para venderlas a inversionistas extranjeros interesados en la construcción de la Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo, ZEDE.
Los terratenientes con el poder e influencias, van a Catastro Municipal, sonde a cambio de dinero les dan una clave y presentan documentación que los nombra dueños, denuncian pobladores de la Península. En este caso, Cassis aparece con escrituras de dudoso origen, ya que no aparece como dueño sólo de los predios en litigio, sino que de toda la comunidad de Playa Blanca.
Ellos están acostumbrados a amenazar e intimidar a las familias, Cassis quien es un hombre rico, amenazó en Semana Santa del año antepasado a las familias de la comunidad, asimismo vemos los pobres defendiendo a los ricos, pues compran a los testigos, que son los mismos vecinos y a veces hasta familia, denunció el líder campesino, quien está procesado por defender la tierra que ha habitado desde que nación y donde vivían sus padres y abuelos.
Cassis quiere despojar a más de la mitad de la comunidad de Playa Blanca y evitar la salida de Puerto Sierra a la playa o a San Lorenzo y Tegucigalpa, es tanta la sinvergüenzada, opresión y humillación a la que nos tienen sometidos, por lo que los habitantes que desconocen sus derechos terminan creyendo lo que los terratenientes dicen, afirmó Canales, quien acompaña de cerca el proceso.
Seguimos sufriendo las consecuencias del poder y la falta de independencia de los Jueces, quienes en su mayoría actúan contra los pobres y favorecen a los ricos, nuestros derechos humanos se violentan al extremo de privarnos de libertad, como sucedió con Juan Ángel Velásquez que en 2013 fue encarcelado por falsas acusaciones.
La ADEPZA denunció que “parte del interés de apoderase de nuestras tierras y playas es porque el gobierno de la República está promoviendo la construcción de una Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o “Ciudad Modelo” en Amapala, y por eso otras personas como la familia Facussé, Gutiérrez, Nasser, Juan Orlando Hernández y Jorge Cassis, están adquiriendo propiedades, y en ocasiones desalojando a sus habitantes, para impulsar ese negocio. Para el caso la familia Malespín ha regresado a Zacate Grande, aduciendo que la fallecida Carmen Malespín, aún tiene propiedades a su sombre, pese a que en los 80 y 90 vendió hasta las playas que por ley le pertenecen al Estado”.
Y mientras se procesa a los habitantes de Zacate Grande, en Amapala por caminar por sus tierras y por no tener dinero para pagar el viaje en lancha desde Coyolito a Isla del Tigre, el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y sus amigos se movilizaban en helicóptero de tierra firme a las playas de Amapala, comentó Canales, quien denuncia la imparcialidad de la justicia hondureña.
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