Por Marvin Palacios
El Foro “Estándares Internacionales de Investigación en casos de Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos” convocado por la Coalición contra la Impunidad que aglutina a más de 30 organizaciones defensoras de los derechos humanos, evidenció que el estado de Honduras, en el caso del asesinato de Berta Cáceres incurrió en una serie de omisiones, tráfico de influencias y colusión con grupos económicos que imposibilitan el juzgamiento de los autores intelectuales del crimen.
El Coordinador del Movimiento Amplio por la dignidad y la Justicia (MADJ, Víctor Fernández explicó que el foro tuvo que ver con un análisis en perspectiva del cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos en el caso del asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro (testigo clave en el crimen).
Fernández dijo que las ponencias han tenido una visión crítica en términos generales del papel de todas las instancias del sistema de administración de justicia que han intervenido en el caso por varias razones.
“Lo primero que tiene que ver es que el Estado conocía de todos los incidentes que constituían amenazas para la vida de Berta Cáceres, han habido unas omisiones notables en cuanto a esa responsabilidad; estamos planteando la necesidad de que nos den conclusiones de si esas omisiones en cuanto a proteger la vida de Berta Cáceres, fueron por negligencia o fueron omisiones dolosas como parte de un plan preconcebido que combina factores institucionales y económicos que adversaba Berta Cáceres, para que desencadenara en su asesinato”, explicó Fernández.
Por otra parte el coordinador del MADJ dijo que hay afirmaciones que ha hecho el Ministerio Público en cuanto a que los ejecutores del asesinato de Berta Cáceres tienen que ver con la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
“Nosotros estamos planteando que las empresas tienen sus propias dinámicas de toma de decisiones, no la toman sus empleados, las decisiones importantes por ejemplo que afectan el desarrollo de los proyectos económicos, en este caso el de un proyecto hidroeléctrico, seguramente lo toman los más altos ejecutivos de la empresa”, subrayó Fernández.
Tráfico de influencias entre el MP y DESA estarían generando impunidad en el crimen contra Berta Cáceres
“Y lamentablemente no aparece en estos primeros apuntes que conocemos de la investigación, los principales ejecutivos de DESA involucrados en el caso. Estamos diciendo que eso nos parece una posición que merece ser cuestionada por parte del Ministerio Público (MP), que es el secreto de la investigación sin justificación; pero además son unos resultados preliminares que no apuntan hacia los verdaderos autores del crimen, y entonces agregamos a esto, todos los cuestionamientos que hemos planteado en cuanto a elementos de aparente tráfico de influencias entre algunos funcionarios del MP con algunos sectores vinculados a la empresa DESA que podría estar contribuyendo a generar impunidad para los de siempre”, sostuvo Fernández.
En este contexto de impunidad estamos anunciando que hay unos estándares internacionales en materia de derechos humanos que indican que una vez ratificado el incumplimiento del Estado de dichas normas, colocan al gobierno de Honduras en una posible acción internacional en materia de derechos humanos en su contra y en contra de personas particulares que pudieran estar involucrados en esto.
Por su parte la consultora internacional e Integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, Alejandra Nuno, dijo a www.defensoresenlinea.com que la dirigenta indígena lenca Berta Cáceres (asesinada el 2 de marzo) fue una mujer comprometida con su pueblo, una mujer con mucha claridad para señalar en dónde estaba el problema estructural y con una tremenda valentía para luchar por una industria de desarrollo pero que llegue con un respeto al desarrollo de los pueblos y a los derechos ambientales.
“Berta fue una mujer comprometida, valiente, con claridad en su lucha; que eso le conllevó a varias amenazas, entonces fue una mujer con persecuciones, criminalización; que tuvo protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que su lucha la llevó a varios espacios internacionales, una mujer muy conocida también”, apuntó Nuno.
Entonces la gravedad del asesinato me parece que tiene que ver con un impacto todavía mayor, por ser una mujer querida por su comunidad, aceptada como lideresa, pero también una mujer muy hostigada y muy conocida a nivel nacional e internacional, subrayó la experta en derechos humanos.
Nuno sostuvo que es muy preocupante que la justicia hondureña, lo menos que está dando es justicia, ¿por qué?, porque como lo ha dicho la CIDH, no están haciendo investigaciones serias, exhaustivas, independientes, competentes, oportunas, protegiendo los derechos de las víctimas, garantizando la participación activa de las víctimas; garantizando el acceso a los expedientes, garantizando una tutela judicial y una protección para quienes hayan sido víctimas como el caso de Gustavo Castro.
Entonces yo diría que “no hay en este momento, un solo tema en el cual estén respetando las garantías del debido proceso, aparte de lo que conocemos, porque el expediente lamentablemente no está siendo de acceso público a las familias y a sus representantes, explicó Nuno.
Consultada sobre las consecuencias que enfrentarían los defensores y defensoras de derechos, si el Estado no concluye las investigaciones juzgando a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, Nuno respondió que “ a mí me parece, y lo ha dicho el Sistema Interamericano que justamente la impunidad posibilita este tipo de situaciones, es decir, si hay impunidad, hay la posibilidad de repetir los hechos porque no hay ninguna consecuencia en eso, yo esperaría que no estuviéramos en una circunstancia similar, pero lamentablemente el caso de Honduras nos ha evidenciado que en la impunidad contra líderes sindicales, campesinos, indígenas, afrodescendientes y defensoras del medio ambiente, lo que ha pasado es que esa impunidad garantiza que otros casos se repitan”.
Participaron en el foro como panelistas la abogada Alejandra Nuno, consultora internacional e Integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, la abogada Ivania Galeano, consultora independiente y el abogado Víctor Fernández, defensor de derechos humanos y Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Asistieron al foro jueces, juezas, fiscales, investigadores sociales, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos de varias organizaciones nacionales.
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