Las acciones para exigir una investigación independiente del asesinato de la lideresa indígena y defensora de los bienes naturales, Berta Cáceres, no han parado desde el día en el que los sicarios llegaron hasta su casa para dispararle.
Integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) esta semana llegaron a la capital hondureña, Tegucigalpa, para continuar demandando que el gobierno acepte una comisión internacional independiente que investigue el asesinato de la lideresa indígena, que se opuso a los poderes nacionales y transnacionales que pretenden apoderarse por completo de los territorios ancestrales Lencas.
Sin embargo, para Juan Orlando Hernández el recordar a Berta Cáceres y pedir que esclarezca su asesinato “son acciones amenazantes” y por tal razón decidió desalojar con gas lacrimógeno y toletazos a los integrantes del COPINH.
Policías, militares y la guardia de honor presidencial persiguieron –el pasado 09 de mayo- más de tres cuadras a mujeres, hombres, niños y defensores de derechos humanos. Durante la represión fueron privados de su libertad cuatro personas, dos ellos menores de edad.
“Tiene una condición de ilegalidad esta detención, porque es producto de una manifestación pacífica, la represión la producen la fuerzas represivas del Estado y además no se les manifestó cuáles fueron los cargos por los que se les detuvo”, explica el abogado y defensor de derechos humanos, Edy Tábora.
El caso
Sergio Rodríguez, Edilson Duarte Meza, Mariano Díaz y Douglas Bustillo, acusados de participar en el asesinato de Berta Cáceres, guardarán presión en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto" luego que un juez con jurisdicción nacional aceptara todos los medios de prueba presentados por el Ministerio Público.
Los representantes legales de familia de Berta Cáceres y los miembros de COPINH han manifestado su inconformidad con el sistema de justicia porque aún no se llega a los autores intelectuales responsables del asesinato.
“Nosotros creemos que este es el tercer eslabón de las responsabilidades en el país atribuidas al asesinato de Berta Cáceres, falta todavía que el Ministerio Público tome la determinación con independencia, con autonomía y con valentía de continuar el proceso de investigación que nos lleve a determinar quiénes fueron las personas que decidieron el asesinato de Berta”, señala Rodil Vásquez, integrante del equipo legal de la familia Cáceres.
Laura Zúniga Cáceres, hija de la defensora ambiental y de derechos humanos, en el marco de las manifestaciones del COPINH en Tegucigalpa, remarcó que como familia y víctimas siguen reclamando su derecho a tener acceso a los resultados de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público: “seguimos demando una comisión internacional independiente que es la forma en la que nosotros concebimos que vamos a conocer los autores intelectuales de este asesinato y también exigimos que se nos dé acceso a la información”.
Luego de las acciones represivas contra el pueblo Lenca que se manifestó en la capital hondureña, se puede concluir que el gobierno de Juan Orlando Hernández sigue en su afán de intimidar a los defensores de los derechos humanos, pero también ir colocando en la lista de la impunidad el crimen de Berta Cáceres, asegura Dennis Múñoz, miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
“Creo que él debe de entender que la ciudadanía está urgiendo una apertura de participación y diálogo, y por lo tanto ellos están demandando ser parte de este proceso de exigencia de justicia”, amplía Múñoz.
Agrega que las élites económicas y políticas han ejercido su labor de presión al gobierno para ir tratando de dejar desestimado este caso y “colocarlo en la lista de la impunidad.
No han dimensionado que hay una presión internacional hacia los actores del gobierno de Honduras en el que le piden que hay que llegar al fondo de este tema de investigación, pero también a la judicialización de los actores intelectuales , es decir, los poderosos que lograron colocar la cantidad de recursos para esta acción”, declaró el representante del CIPRODEH.
“Que el Ministerio Público rompa el secreto”
Todas las carencias y vacíos que se presentan en las diligencias de la investigación del asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato contra Gustavo Castro, único testigo, fueron denunciadas por Bertha Zúniga Cáceres, el COPINH, la organización mexicana Otros Mundos y Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), mediante una conferencia de prensa.
“Se necesita de manera inmediata la participación de un equipo interdisciplinario de expertos, que sean independientes e internacionales, que garantice un proceso transparente y objetivo, que agote la autoría intelectual del hecho evitando que este vil crimen quede en la impunidad”, demandaron en la conferencia de prensa realizada en la ciudad de México.
Gustavo Castro y Bertha Zúniga manifestaron a la prensa mexicana e internacional que es necesario que “el Ministerio Público rompa con el secreto en que se ha manejado la investigación para nosotros, las víctimas”.
Denunciaron que ha Castro no se le informado de los avances en las investigaciones y por estas razón “él ha decidido incorporarse activamente como acusación privada en el proceso investigativo y judicial”.
Al finalizar, exigieron que a partir de todos los indicios presentados de la participación de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el crimen se retire de manera “inmediata” del Río Gualcarque y “asuma sus responsabilidades, al igual que lo deben hacer todas las entidades financiadoras involucradas”.
De acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal, durante los próximos 60 ó 120 días deberá desarrollarse la audiencia preliminar para Sergio Rodríguez, Edilson Duarte Meza, Mariano Díaz y Douglas Bustillo acusados del delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra Gustavo Castro.
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