Durante décadas los campesinos y campesinas de la zona sur de Honduras se han resistido a entregar la tierra que los vio nacer. Esa lucha la están pagando hasta con su libertad.
Desde hace muchos años, los pobladores de la Península de Zacate Grande, en la isla de Amapala en el departamento de Valle, han denunciado las artimañas utilizadas por empresarios en colusión con la institucionalidad para acaparar las mejores tierras de la región.
Para nadie es desconocido los ataques y la criminalización que los labriegos enfrentaron por muchos años de manos del ya desaparecido empresario y terrateniente Miguel Facussé. Ese mismo conflicto se vive en el departamento de Colón, en la zona del Bajo Aguán. La familia Facussé aparece nuevamente en escena.
La hermosa isla, ubicada en el pacífico hondureño, es apetecida por muchos empresarios y políticos que en la actualidad conforman el famoso Club de Coyolito. Estos hombres de saco y corbata buscan en sus vacaciones de verano sol, arena y playa, Zacate Grande el lugar perfecto para descansar.
Antecedentes
En 1970 la construcción de un relleno artificial conectó a Zacate Grande con tierra firme. La isla pasó a convertirse en península. Luego se potencializó el puerto de Amapala y con ello grandes empresarios e inversionistas fueron llegando y adueñando de las playas.
La isla se empezó a vender por pequeños lotes a orilla de la playa y así empresarios como las familias Facusse, Nasser, Callejas, Rosental, Kafati, Canahuati, Larach, Maduro, entre otros, fueron adueñando de la mayoría de las playas, a pesar que estos era despojar y desplazar a los compesinos.
Con la Ley de Reforma Agrícola, impulsada por el ex presidente Rafael Leonardo Callejas en 1992 se dio origen al saqueo de 32 playas, y se le entregó casi el 70% de la península al empresario Miguel Facusse Barjun, implicado en el descalabro de la ya desaparecida Corporación Nacional de Inversiones (CONADI).
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Nuevas detenciones
Los campesinos que siguen resistiendo a entregar sus tierras lo pagan con la cárcel. Este es el caso de Abel Antonio Pérez y Santos Hernández, habitantes del caserío Puerto Sierra en la comunidad de Playa Blanca, quienes fueron remitidos al municipio de Nacaome el pasado 19 de mayo, ambos son dirigentes campesinos y miembros de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Mediante una orden emitida por los Juzgados de Amapa, Valle se capturó a los dos compesinos. La acusación promovida por la Fiscalía a petición del terrateniente Jorge Casís.
La jueza Iris Amanda Hernández, decretó auto de prisión a los pescadores y agricultores Santos Hernández Ortíz y Abel Antonio Pérez Avila, quienes están acusados de usurpación de tierras, ya que el abogado Ismael Gonzáles, defensor del terrateniente presentó escrituras de propiedad sobre un predio de 12 manzanas en la comunidad Playa Blanca, porción de tierra que está en disputa con los habitantes de la referida comunidad.
Más de 30 campesinos de Zacate Grande, han sido criminalizados y puestos a la orden de la fiscalía por el delito de usurpación de tierras, misma que llevan sus familias ocupando desde hace más 100 años.
En declaraciones a Radio Progreso Pedro Canales, presidente de ADEPZA, dijo que la persecución y criminalización hacia los pescadores y campesinos de la zona va en aumento.
“Estos compañeros están siendo acusados desde hace dos años. En la audiencia desarrollada el pasado martes la jueza les dictó auto de formal prisión. Los trasladarán desde la isla El Tigre a Nacaome. Nosotros lamentamos que siempre a los campesinos nos acusan de usurpación, únicamente por reclamar nuestras tierras”.
Canales dijo que están preparando una gran movilización en rechazo y denuncia a las acusaciones y criminalización que enfrentan los pobladores únicamente por defender su derecho a la tierra.
“Los abogados interpondrán los recursos necesarios en este caso. Es injusto porque no es posible que un pescador o campesinos están en sus tierras los desalojen los ricos. Vamos hacer todo lo que sea necesario para que se libere a nuestro compañeros porque ellos defiende la tierra que trabajan para vivir”.
Actualmente hay 36 denuncias contra pobladores y pobladoras de Zacate Grande acusados por los mismos cargos que se les acusa a Santos y Abel, usurpación de tierras, daños al medio ambiente, construcción en terreno privado, en cualquier momento cada uno de ellos puede ir preso al faltar a las medidas dictadas por el juzgado.
La península de Zacate Grande es parte de ese sur de Honduras que está en la mira. En esta zona comenzará el experimento que promete sacar al país de la crisis, las Zonas Especiales de Desarrollo. Una de las zonas más deprimidas hoy se enfrenta a esta promesa que también es amenaza.
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