Impunidad. Esa es la palabra que define lo sucedido el 15 de noviembre de 2010 en la finca El Tumbador, jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde murieron 5 campesinos cuando realizaban el proceso de recuperación de tierras, luego que fueran atacados a disparos por militares y guardias de seguridad de la empresa DINANT.
Esa fecha, a eso de las 4:00 de la madrugada unos 200 campesinos, entre jóvenes, mujeres y hombres, llegaron a tomar posesión de unas 800 hectáreas de tierra del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), ubicadas en las cercanías de la comunidad Guadalupe Carney, municipio de Trujillo.
Estas 800 hectáreas, que pertenecieron a un norteamericano (Temístocles Ramírez) y que en 1993 fueran decretadas para fines de reforma agraria, están dentro de una escritura que posee el Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
Luego del paso del Huracán Mitch en 1998, que dejó mucha destrucción en el país, el gobierno tomó el acuerdo de entregar estas tierras a 45 empresas que integran el MCA.
Ante la falta de respuesta y decisión del estado de entregarles las tierras, el 15 de noviembre los campesinos del MCA tomaron la decisión de realizar el proceso de recuperación de esas 800 hectáreas que estaban en poder de la empresa agroindustrial DINANT, del empresario Miguel Facussé (ya fallecido).
A eso de las 7:00 de la mañana el grupo de campesinos que estaban dentro de la parcela de tierra, fueron sorprendidos por ráfagas de disparos, los cuales salían de todos lados, lo que provocó que los labriegos salieran despavoridos y se tiraran al suelo para evitar ser alcanzados por las balas y así salvar su integridad física.
En el ataque, que duró cerca de una hora, dejó como saldo a 5 campesinos muertos y a varios heridos. Las víctimas mortales fueron Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda (25).
Tres de las cinco viudas de El Tumbador
A 5 años y medio de haber ocurrido la masacre, la impunidad reina en el caso, debido a que las investigaciones en el mismo están estancadas.
Cuatro años después de haber ocurrido la masacre, el Ministerio Público crea en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), con el fin de agilizar las investigaciones de las muertes violentas de los campesinos.
En sus reiterados informes, esta unidad ha argumentado que no se ha presentado ningún requerimiento fiscal porque existe apatía en los familiares y campesinos para proporcionar información y que las personas que dispararon contra el grupo campesino no han sido identificadas por los testigos.
“Entre los obstáculos que hemos tenido para avanzar en las investigaciones es el temor de la gente, por el descontento con el accionar de las autoridades al no actuar a tiempo, la apatía de las personas y de los testigos”, sostuvo Javier Guzmán, coordinador de UMVIBA.
Guzmán señaló que siguen trabajando en el caso, que no pueden estar de brazos cruzados, que siguen buscando testigos que los lleve a encontrar pruebas contundentes para llevar ante la justicia a los responsables de esta masacre, pero los familiares y campesinos que resultaron heridos ha perdido la esperanza de que se haga justicia y ven que el caso va camino a la impunidad.
Después de la masacre, los campesinos constantemente recibían amenazas y persecución, porque no había un control del Estado para regular la situación y al final los campesinos estaban resignados a vivir la vida de esa manera.
“Nosotros lo más que hacíamos era despedirnos de la familia cuando íbamos para el trabajo y pedirle a Dios que nos acompañara, al ver tantos guardias de seguridad amistados con el ejército y el ejército sigue protegiendo a esas empresas de seguridad que tanto daño le han hecho a la sociedad aquí en el departamento de Colón y aquí en nuestra comunidad”, relató uno de los campesinos, testigo de la emboscada que le hicieron los militares y guardias de seguridad.
Desde que se inició la lucha en el MCA, el hostigamiento, las amenazas y persecución no han parado, han denunciado en reiteradas ocasiones los campesinos, pero las autoridades hacen oído sordo a esas denuncias.
“Aquí no han muerto cinco compañeros, han muerto varios hermanos campesinos que han sido asesinados porque en algunos medios ellos han levantado la voz denunciando la injusticia y cosas que el Gobierno no ha cumplido”, expresó el campesino.
Finalmente el labriego señaló que “creo que vivimos en algo que es difícil de controlar, porque documentamos, denunciamos y no hay quien escuche. Podemos ver la situación de cuántos defensores del medio ambiente han muerto y yo miro que esto va para largo. Aquí en nuestro país muy difícil se puede hacer algo para que se aplique la justicia, cuando miramos que lo que impera aquí es la corrupción”.
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