Por Marvin Palacios
La Coalición contra la Impunidad que aglutina a más de 30 organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos, en conferencia de prensa expresó a través de un comunicado que la puesta en marcha de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), es prácticamente un reconocimiento implícito de la incapacidad del Estado hondureño para acabar con la impunidad y la corrupción.
Lo anterior sostiene la Coalición contra la Impunidad, se debe a profundas debilidades de las instituciones del sector justicia y seguridad, como resultado de su extrema politización, de su débil independencia e imparcialidad, y de su falta de compromiso para cumplir con sus obligaciones de estar al servicio de los intereses generales de la sociedad y no de los poderes fácticos del país.
El pronunciamiento establece que la propuesta de las organizaciones aglutinadas, sigue siendo la de integrar una Comisión Internacional contra la Impunidad de carácter autónoma, independiente y con facultades para seleccionar, recibir denuncias, investigar y judicializar todos los delitos de alto impacto en relación con la corrupción y las graves violaciones a derechos humanos; acompañar y asesorar a los fiscales del Ministerio Público y a las agencias civiles de investigación, y proponer reformas normativas e institucionales encaminadas a fortalecer el sistema de justicia.
La Coalición contra la Impunidad lamenta que la MACCIH sea un ente con facultades restringidas, limitadas a apoyar, fortalecer, contribuir, proponer reformas y colaborar activamente con las desacreditadas instituciones del Estado hondureño encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.
Pese a esta limitante, “saludamos que dichas tareas estén a cargo de un grupo de jueces, fiscales, policías y otros especialistas internacionales quienes supervisarán las labores y brindarán apoyo técnico a las instituciones de justicia. Por ello exigimos que la elección de tales funcionarios y funcionarias se realice de forma transparente, garantizando su absoluta independencia y sobre la base de sus capacidades técnicas, profesionales y de idoneidad”.
En el pronunciamiento las organizaciones cuestionan que la selección y certificación de los jueces y fiscales que conocerán causas de corrupción se haga partiendo de una lista proporcionada por el Fiscal General o por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “ya que tememos que quienes la integren; sean fiscales o jueces leales a los intereses particulares que tienen esas instituciones en la postración y se margine nuevamente a fiscales y jueces honestos, capaces e independientes”.
La Coalición contra la Impunidad espera que los fiscales y jueces asignados no se encuentren con el obstáculo de “la dependencia jerárquica establecido en el reformado artículo 5 de la Ley del Ministerio Público que elimina su libertad de criterio, les resta autonomía para firmar los requerimientos y les obliga a contar con el visto bueno del Fiscal General para realizar cualquier acción. Esperamos que este obstáculo pueda ser sorteado por la misión”.
Las organizaciones han señalado como otro obstáculo la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales que limita gravemente las funciones del Instituto de acceso a la Información Pública, “en franca violación al marco jurídico constitucional e internacional en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y derechos humanos”.
MACCIH llega a Honduras con un alto porcentaje de desconfianza de la población
La Coalición contra la Impunidad manifestó que la MACCIH llega a Honduras “con un alto porcentaje de desconfianza por parte de la población, por lo que la única manera de generar algún nivel de credibilidad y sentar las bases de su legitimidad, es brindando resultados inmediatos en relación con los casos de corrupción que más impacto han tenido en la ciudadanía, como el del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el que se encuentra involucrado el partido del gobierno”.
Por parte la Coalición contra la Impunidad considera importante que la MACCIH considere en su agenda, la investigación de las redes de corrupción policial y sus vínculos con los estamentos de los partidos políticos.
La MACCIH estará bajo la lupa de la Coalición contra la Impunidad
En relación con el asesinato perpetrado el 2 de marzo de la dirigenta indígena lenca, Berta Cáceres, las organizaciones estiman que la MACCIH “no tiene competencias para intervenir en las investigaciones relacionadas con la persecución de los responsables de este asesinato, en consecuencia se debe atender la oposición de los familiares y del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH) para que la MACCIH no intervenga en estas diligencias, pues con ello se obstaculiza la petición de que sea una comisión internacional bajo el auspicio de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que contribuya con el esclarecimiento de este caso”.
Asimismo la Coalición contra la Impunidad expresa que la MACCIH debe tomar en cuenta también otro caso emblemático en el país, como es la corrupción en el Poder Judicial, “en particular se deben investigar en el corto plazo las actuaciones de los ex consejeros del Consejo de la Judicatura, sobre los cuales hay suficientes indicios de su responsabilidad en actos contrarios a la ley, especialmente en asuntos de malversación de caudales públicos, nombramientos ilegales , destituciones de jueces sin respetar el debido proceso y abuso de autoridad, entre otros”.
La Coalición contra la Impunidad se declara vigilante y reitera su compromiso ante la sociedad de actuar como un espacio de veeduría, interpelación y requerimiento, señalando públicamente las acciones u omisiones de la MACCIH que pongan en duda su teórica independencia, imparcialidad y efectividad, así como reconocer sus aciertos cuando los haya, y hacer propuestas concretas y viables que se puedan implementar.
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