La criminalización y el posterior asesinato de Berta Cáceres y los casos de criminalización del Consejo Indígena Lenca de Santiago Apóstol en Santa Elena y del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) en el Bajo Aguán son ejemplos de cómo en el contexto de megaproyectos energéticos, de agrocombustibles o de producción minera, los defensores son objeto de ataques, difamación y procesos penales que buscan sancionarlos y obstaculizar su trabajo de defensa de sus territorios y de sus derechos, declaró la misión del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT).
Considerando la gravedad y sistematicidad de los ataques contra los defensores de derechos humanos en Honduras, el Observatorio realizó - en seguimiento de una primera misión que se desarrolló en abril[1] - una segunda misión internacional a Honduras (Tegucigalpa, La Esperanza y el Bajo Aguán) del 4 al 13 de mayo para expresarles en el terreno nuestra solidaridad y transmitir a las autoridades la preocupación respecto la continuación de la persecución y la criminalización de los defensores que reivindican los derechos de sus comunidades frente a grandes inversiones.
El caso de Berta Cáceres Flores, una figura emblemática de la defensa de derechos humanos y del territorio cofundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es paradigmático de la criminalización y los altos niveles de riesgo y vulnerabilidad a los que se enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras, y particularmente aquellos que trabajan en cuestiones relacionadas con la tierra. Antes de su asesinato en marzo de 2016, Berta Cáceres había sido víctima de persecución judicial en 2013[2], con una orden de captura en su contra, y había realizado 33 denuncias por amenazas de muerte en contra de su persona.
En Tegucigalpa, el 6 de mayo se realizó la audiencia inicial a cuatro presuntos autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, uno de ellos trabajador activo de la empresa DESA S.A, encargada del proyecto Agua Zarca, y otro un mayor activo del Ejército de Honduras. Si bien estas detenciones son un avance en un país con altos niveles de impunidad, rechazamos el secretismo penal declarado para impedir que los abogados y la familia de Berta Cáceres tengan acceso a la instrucción que desarrolla la Fiscalía. De igual manera, apoyamos la solicitud de la familia de Berta Cáceres para que el Estado hondureño acepte una Comisión de Investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acompañe la labor de la justicia hondureña con el fin de investigar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales del homicidio.
Además del caso de Berta Cáceres, la Misión verificó otros casos de persecución y criminalización contra líderes de comunidades indígenas y campesinas en otras regiones del país, en contextos de la defensa del territorio. Concretamente, la misión se centró en los casos de criminalización de 19 miembros del Consejo Indígena Lenca de Santiago Apóstol en Santa Elena acusados de usurpación de tierras desde el 2014 y 25 miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) en el Bajo Aguán. La misión constató que se presenta a estos defensores como criminales para obstaculizar su trabajo, quitarles el apoyo de sus comunidades y castigarlos por su posición de liderazgo, todo esto en un ambiente atravesado por asesinatos y amenazas.
“El reconocimiento público del trabajo de los defensores, así como el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la impunidad son fundamentales para que en Honduras la criminalización de los defensores se supere y el Estado de Derecho se fortalezca” , declaró la misión.
En el caso del Bajo Aguán, el Observatorio ha cotejado que mientras que no avanzan las investigaciones penales de crímenes graves como el caso de la masacre de cinco campesinos en la Finca el Tumbador el 15 de noviembre de 2010, en la que estarían involucrados guardias de la empresa DINANT S.A, se sigue criminalizando a aquellos que se manifiestan por la reivindicación de sus derechos como es el caso de los miembros del MUCA, procesados por manifestaciones ilícitas ante la Corte Suprema de Justicia, la cual de manera irregular había anulado la sentencia que les reconocía el derecho a sus tierras.
La misión constató que la criminalización de defensores de derechos humanos está asociada a un problema estructural de acceso a la tierra que tiende a agravarse en la medida en que el Estado hondureño continúa estimulando su concentración, el extractivismo y la agroindustria.
Finalmente y en un acto más de criminalización a los defensores del territorio, el 18 de mayo de 2016, el Juzgado de letras de Amapala ordenó la detención en centro carcelario de los Sres. Abel Pérez y Santos Hernández , miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), acusados de usurpación de tierras, amenazas y daños, en el marco del proceso de recuperación por ADEPZA de las playas de Zacate Grande, en el municipio de Ampala, en el Departamento del Valle. El Observatorio, que visitó la ADEPZA durante su misión de abril, solicita a las autoridades que se brinden todas las garantías del debido proceso a los defensores detenidos.
Contexto:
La Misión estuvo conformada por Luis Guillermo Pérez Casas, Representante de la FIDH para la OEA y miembro del CAJAR en Colombia, Magdalena Garcés, abogada de derechos humanos en Chile, y Natalia Yaya, Encargada de programa de la oficina de las Américas de la FIDH. La misión se realizó con la colaboración de las organizaciones miembro de la FIDH en el país, COFADEH y CIPRODEH, y con el apoyo de la organización CEHPRODEC.
El Observatorio publicará en los próximos meses un informe con los hallazgos y recomendaciones específicas sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, en el que se incluirán las conclusiones sobre este tema.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de derechos humanos.
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