La vida en Honduras se está volviendo cada vez más difícil. Uno quisiera expresar buenas noticias pero tampoco podemos callar la realidad. Aunque no tenga la atención del gobierno como uno desearía, la extorsión está golpeando muy fuerte a la población.
Bajo la promesa de dejarlos operar, de brindarles protección y de garantizar que nadie los moleste, los grupos, bien organizados para hacer el mal, cobran el mal llamado impuesto de guerra con lo cual la industria de la extorsión ha ido en auge y dejando jugosas ganancias a varios grupos del país.
Las víctimas más directas son los pequeños comerciantes, los dueños de pequeñas tiendas y pulperías cuyos negocios les sirve para garantizar la papa de sus familias. Claro que también es afectada la mediana empresa y la alta empresa. Pero muchos empresarios trasladan estos costos a los precios de sus productos, y al final es el ciudadano de a pie el que termina pagando estos cobros ilegales.
No debería existir este cobro al margen de la ley, organizado y dirigido por grupos criminales traslapados y protegidos por autoridades gubernamentales. Entre las víctimas también están los pobladores y pobladoras. Hemos sido testigos en esta Honduras que familias enteras han tenido que abandonar sus casas porque los violentos los ha amenazado que si no pagan el impuesto deben abandonar el barrio o la colonia.
Sin duda que es un negocio, que como todos los negocios ilegales, deja grandes ganancias en tan poco tiempo. Pero su éxito también obedece al involucramiento de altos jefes policiales, hay involucrados hasta empresarios y miembros de los partidos políticos, políticos corruptos que utilizan las fuerzas del Estado para llenarse los bolsillos sin detenerse a reflexionar sobre el dolor que provocan en las familias hondureñas.
El tema es tan delicado que quien se oponga a la extorsión termina siendo liquidado. Con cada ciudadano asesinado vinculado con cobro de extorsión logran doblar el brazo a otro montón de gente que sabe que denunciar este delito es ponerse en evidencia ante estos grupos que por su naturaleza violenta resuelven todo a punta de bala.
Si tan siquiera se investigara de manera seria el tema de la extorsión estaríamos ante un nuevo tsunami que arrasaría con la poca institucional con la que cuenta el país. Las órdenes para extorsionar vienen desde las grandes cúpulas policiales, militares, políticas y empresariales. Mientras no se toque a las estructuras más altas, la extorsión seguirá reinando en las calles del país.
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