Por Sandra Rodríguez
Ante las constantes violaciones a los derechos humanos, el saqueo de los recursos naturales, la criminalización y el asesinato de líderes y lideresas de los movimientos y organizaciones populares de Honduras y El Salvador se reunieron el pasado 26 con el fin de buscar posibles soluciones para palear los abusos de las grandes empresas transnacionales y a su vez recalcar la injusticia que se da en los gobiernos Centroamericanos.
El encuentro se dio en Arcatao, Chalatenango, El Salvador donde asistieron organizaciones hondureñas como ser la Plataforma Agraria, COPINH, MILPAH, MAS, MAU, MARCA, INEHSCO, COPA y MUCA. Además había presencia de organizaciones salvadoreñas e internacionales como Fundación Share y Ciudades Hermanas.
Este fue el Primer Encuentro de Articulación Binacional de Solidaridad con Honduras por la situación que enfrenta continuamente con ataques a los defensores de derechos humanos y todo lo que involucra en su labor que conlleva la criminalización a arrebatarles la visa, y cuyos casos permanecen en la impunidad, expresó Vitalino Álvarez, defensor de DDHH del Bjao Aguán qque estuvo en el evento.
La cita fue en el centro de formación “Mártires del Sumpul”, uno de los lugares emblemáticos de reparación y rescate de la Memoria Histórica, en el marco de la resistencia social durante el conflicto armado salvadoreño, en la actualidad es símbolo de la lucha frente a la exploración y explotación de minería metálica en dicho país, pero que es afectado por la actividad extractiva de sus vecinos Honduras y Guatemala.
También se exige justicia por la ambientalista salvadoreña Dora Sorto y demás personas que lucharon hasta el último respiro para exigir el bienestar de todos y todas, pero es necesario recordar que la violación al derecho fundamental a la vida se les fue arrebatada, por eso mismo, por exigir el derecho a vida en todas sus manifestaciones.
La representación hondureña destacó que se vive una situación muy difícil de asesinatos cometidos contra defensoras, líderes y lideresas de los movimientos sociales como el caso de Bertha Cáceres, por es preciso crear un espacio de solidaridad entre los países participantes.
Para los y las defensoras salvadoreñas es necesario unir fuerzas para dar muestras de solidaridad ya que a raíz de la muerte de la Berta Cáceres Flores, el pasado 2 de marzo en La Esperanza, Intibucá, en Honduras se han hecho presente para construir un movimiento de comunicación y lucha frontal en la región centroamericana contra los megaproyectos de muerte como son la Alianza por la Prosperidad, el Triángulo Norte, la minería, entre otros que vienen a socavar los bienes naturales de los pueblos, expresó Abel Aguilar, del Movimiento Popular 12 de octubre (MPR12), a medios locales.
Uno de los bienes comunes que defendió hasta con su vida Berta Cáceres es el río Gualcarque, a unos 200 km al noroeste de Tegucigalpa, está amenazado por un proyecto hidroeléctrico y una explotación minera, es un río sagrado, patrimonio fundamental del pueblo Lenca y hondureño en general, por lo tanto lo que se hace es un genocidio hacía el pueblo Lenca, es un asesinato paulatino que se está haciendo y se va cometer si nos quitan la tierra y el agua ya que nos quedamos sin nuestros cultivos, también atenta contra nuestra cosmovisión como pueblo Lenca, compartió Tomás Gómez, quien asumió la coordinación del COPINH, después del asesinato de la lideresa indígena.
Organizaciones populares de Honduras y El Salvador condenaron la intervención del gobierno de los Estados Unidos en lo económico, político, cultural y militar que conlleva a la auto-determinación los pueblos.
En un comunicado expresan que:
Condenan la estrategia de la re-militarización de la sociedad a través de la Alianza para la Prosperidad impulsado por los Estados Unidos junto con los gobiernos del Triángulo Norte.
Exigen el cese a la política de criminalización, persecución y asesinato de líderes y lideresas que luchan por el por la defensa de la tierra y de los recursos naturales.
También que se respete los convenios internacionales que protegen los derechos humanos y los territorios ancestrales amparados en el acuerdo 169 de la OIT, y que el gobierno de El Salvador, ratifique el mismo.
“Condenamos le financiamiento del Banco Mundial a gobiernos y corporaciones transnacionales que desarrollan mega proyectos extractivistas en nuestros territorios que desplazan a los pueblos originarios, destruyen la biodiversidad y dejan un legado de contaminación, pobreza y muerte”, expresa el texto.
“Exigimos en Honduras se castigue a los actores materiales e intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, así como también de los más de 277 asesinatos de campesinos/as, indígenas, comunicadores sociales y abogados, asimismo de centenares de femicidios”.
Y se aprovechó la oportunidad para exigir la creación de una comisión independiente de expertos internacionales que investigue el origen del conflicto agrario en Honduras.
Las organizaciones participantes de El Salvador son: MPR-12, REDES, CRIPDES, SITCES, ADES, CCR, CCM, CONFRAS.
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