Por Javier Suazo
El destacado dirigente obrero hondureño Carlos H. Reyes ha denunciado en varias ocasiones que la aprobación de las Leyes Marco en los sectores de energía, agua y saneamiento, telecomunicaciones y seguridad social es parte de una estrategia más amplia para privatizar los servicios públicos del Estado y trasladar mayores costos de su entrega a la población hondureña.
En esta estrategia participan los partidos políticos, empresarios, organismos internacionales y los propios dirigentes de ciertas centrales obreras y “lideres” de los sindicatos de las empresas. Los políticos empiezan por copar todos los puestos de trabajo de las empresas públicas colocando a sus activistas, muchos de los cuales no saben las exigencias y si están en capacidad de cumplirlas, los empresarios pasando la factura (aportes a la campaña política) a los políticos al otorgárseles contratos de venta de los servicios, los organismos internacionales aportando recursos para la modernización de los sectores sin garantizar procesos transparentes que involucran funcionarios públicos, y los dirigentes obreros acomodándose a la nueva política de reforma del Ejecutivo donde la protesta publica, si existe, es de compadre hablado.
El sector de energía eléctrica es un fiel reflejo de lo anterior. En noviembre de 1994, se vendió el cuento de la reforma del sector con la Ley Marco del Subsector Eléctrico que dio vida a un nuevo ente regulador, la Comisión Nacional de Energía (CNA); el resultado fue la captación de más ingresos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por los operadores privados de Plantas Térmicas, mayores costos para los usuarios del servicio, mayor evasión por los grandes contribuyentes y corrupción. Después, frente a los altos costos de la energía por el aumento de los derivados del petróleo, se abrió el camino para los generadores “limpios” que, curiosamente en un 75%, eran los mismos térmicos. Se agregaron los generadores alternativos con el bagazo de caña y aceite de palma, sumándose las energías eólicas, geotérmicas y solares.
Después del golpe de Estado (2009), el sector de energía eléctrica en vez de mejorar empeoro. Las pérdidas de la ENEE aumentaron de 20.4% en 2009 a más de 32% en 2013 (Suazo: 2014). La cantaleta del cambio en la matriz energética no se dio (energía renovable por térmica) y se observó una creciente politización y corrupción administrativa, al grado que una opción para el gobierno era vender totalmente la empresa para pagar deudas y prestaciones laborales de empleados, contrario al Sindicato que sugería que un empresa “par” colombiana comprara la mayoría de las acciones (51%) de la ENEE, lo que molestó al gobierno por exigir los nuevos dueños el control directo de la dirección y administración.
En diciembre de 2013, el nuevo gobierno de la República a través del Congreso Nacional aprobó la Ley de Saneamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión (decreto 278-213), donde entre otras medidas de control del gasto y aumento de impuestos, se eliminan los subsidios a la energía eléctrica para un gran número de abonados del sector residencial, aprueba una nueva Ley Marco denominada Ley General de la Industria Eléctrica (publicada en mayo de 2014) que autoriza la participación del sistema bancario en la administración de los ingresos de la ENEE e incluso en la dirección administrativa y estratégica con la selección y contratación de las empresas privadas encargadas de prestar los servicios (manejo de los fideicomisos). Igual se crea la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE) que sustituye al CNA y cuyos miembros son seleccionados por el Presidente de la Republica a propuesta de una junta nominadora.
Entre las funciones más importantes de esta Comisión se encuentran: a) Otorgar las licencias de operación para transmisión y distribución; b) Definir la metodología para el cálculo de las tarifas de transmisión y distribución, vigilar su aplicación, aprobar, difundir y poner en vigencia las tarifas resultantes, en su caso; c) Establecer la tasa de actualización, el costo unitario de la energía no suministrada, y los bloques horarios a ser utilizados en el cálculo de tarifas;
Estos avances fueron bien vistos por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) al aprobar un Convenio de Préstamo con Honduras en diciembre de 2014 por arriba de los 200 millones de dólares. El convenio habla de mayor flexibilidad en la tasa de cambio, despido de empleados, ajuste de tarifas, mayor participación del sector privado en la prestación de servicios públicos, reducción de transferencias a la UNAH y gobiernos locales, concesionamiento de HONDUTEL y avances en la vigencia de una nueva ley marco en seguridad y protección social.
En este orden, la ENEE anunció la presentación de un nuevo pliego tarifario a la CREE para cobrar más por la energía, justificado por el nuevo aumento en el precio de los derivados del petróleo, la devaluación programada y la vigencia aún de ineficiencias (léase subsidios) a la energía en el sector residencial. La CREE todavía no ha autorizado dicho aumento (al menos no ha sido publicado en la Gaceta), pero se considera un caso juzgado. Se habla de un ajuste tarifario promedio de entre 9% y 25% que afectará mayormente al sector residencial e industrial, en especial de la pequeña y microempresa que es, valga decirlo, la que también ha sufrido los embates del sicariato fiscal ejecutado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), donde se reportan más de 15,000 microempresas cerradas por el cobro de un impuesto retroactivo incluso. En términos de kilovatio el aumento es de 2 centavos de dólar, al pasar de 15 a 17 centavos de dólar kilovatio (la energía más cara de la región).
El impacto en la canasta básica de la población es de 85 lempiras mensuales adicionales como promedio, siendo el piso de 40 lempiras mensuales y el máximo de 130 lempiras. Para el Coordinador de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (ADECAB), Adalid Irías, el impacto será entre un 5% y 7% en el presupuesto familiar, o sea un duro golpe para el pueblo hondureño que se suma al aumento del impuesto sobre ventas de 12% a 15%, la devaluación acelerada, el aumento del costo de los insumos y productos agrícolas, útiles escolares y medicamentos.
Se estima que cerca de 780,000 abonados del sector residencial que consumen entre 76 y 300 kilovatios hora al mes serán los más afectados ya que se les cobrará el costo “real” de la energía; o sea que solo los que consumen menos de 75 kilovatios seguirán siendo subsidiados. En el caso de las empresas el impacto será en forma directa en los costos de producción lo que afectará su rentabilidad y, porque no decirlo, competitividad a nivel regional que operan con costos de la energía más barata. Como ejemplo, en El Salvador la tarifa de energía eléctrica ha venido sufriendo rebajas por los ajustes en los costos internos de la energía térmica, los nuevos proyectos de generación de energía renovable y un mejor control de pérdidas; ello le permitió sólo en abril de 2016 bajar la tarifa en un 16%.
Tanto el Salvador como Nicaragua han venido trasladando la rebaja en los precios de los combustibles a las tarifas pagadas por consumo de energía eléctrica, no así en Honduras donde dicho ahorro ha servido para financiar otras prioridades del gobierno como ejemplo el gasto en seguridad sin alcanzarse los objetivos y metas buscados en la reducción de la violencia e impunidad.
Para el sindicato de la ENEE, con este ajuste lo que está haciendo la empresa y CREE es garantizar un subsidio leonino para la economía del país y finanzas del Estado, ya que se da un incentivo de tres centavos de dólar a aquellos generadores de energía renovable, especialmente fotovoltaica, que cumplan con la generación de 300 megavatios; ello representa según Miguel Aguilar, presidente del SITRAENEE, unos 360 millones de lempiras anuales. Con esta práctica, en Honduras la energía de fuentes alternas es más cara que la energía térmica, incluso aún cuándo con la rebaja en los precios de los combustibles el costo de esta última se redujo sustancialmente. Hay que averiguar porque la ENEE actualmente no compra energía térmica barata, pero si compra energía renovable cara. La respuesta según Miguel Aguilar está en los malditos contratos negociados con los operadores de energía de fuentes alternas, pero también por la falta de una política clara del gobierno en materia energética tal como la tiene el Salvador y Nicaragua.
La protesta de los consumidores de energía, incluyendo a los empresarios, ha detenido la vigencia del trancazo a la espera de la llegada de la Misión del FMI a finales del mes de mayo, con el propósito de revisar el cumplimiento de las metas macroeconómicas, avances en la reforma de seguridad y protección social, responsabilidad fiscal y reforma y privatización de servicios públicos como la energía. Al ser el ajuste tarifario una meta del convenio firmado con dicho Organismo, es poco probable que el FMI se pronuncie en contra de la decisión ya tomada por la CREE, y más bien recomiende acelerar el proceso de reforma, “saneamiento” financiero y privatización de la ENEE.
Hay quizá dentro de los espacios que quedan para las organizaciones de usuarios de la energía que se verán afectados, algunos planteamientos que deben discutirse y presentarse al gobierno antes de la llegada del FMI. El primero es la urgente necesidad por conformar una estrategia y política energética de largo plazo con el concurso de los empresarios y trabajadores; en segundo lugar, la evaluación de las empresas cocesionarias contratadas para prestar los servicios en tanto deben garantizarse de entrada fondos de inversión fresca ( uno 360 millones de dólares para bajar las pérdidas en un 50% durante 7 años) , y no como sucedió con la concesión del cobro por servicio de peaje de las carreteras donde se ha denunciado que la empresa favorecida no ha puesto el dinero que se comprometió en el contrato y trabaja con lo que recauda; hay que eliminar los susidios a los generadores de energía solar; debe revisarse la metodología de la CREE para cálculo y ajuste de las tarifas en función del impacto que se tiene en los costos de producción de las empresas que vuelve al país menos competitivo y a las microempresas las saca del mercado; acelerar el cobro a los grandes morosos que ya se conocen, revisar los ingresos que capta el gobierno por venta de combustibles, ya que estos recursos deberían servir en parte para amortiguar el impacto del ajuste de tarifas en los consumidores (clases bajas, medias, unidades campesinas de producción, pequeños productores, microempresas, colegios, universidades), como un medio de facilitar el desarrollo económico y social de Honduras.
El FMI no entiende de estas razones, pero los usuarios afectados están en la obligación de decírselo ya que el gobierno renunció hace mucho tiempo. Un criterio que debe aceptarse por esta Institución es que la ENEE no puede subir las tarifas por consumo de energía eléctrica cuando se demuestra ineficiencia en la prestación de los servicios ya que las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE se mantienen arriba del 32% y los apagones en las principales ciudades del país son diarios, tal como lo manifiestan reconocidos dirigentes empresariales. Los consumidores tienen derecho a exigir un servicio eficiente, caso contrario no están obligados a pagar más por dicha ineficiencia.
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