Por Sandra Rodríguez
Por la detención de dos defensores de derechos humanos de Zacate Grande, esta mañana fue tomada la carretera que conduce hacia Coyolito, Amapala.
La convocatoria fue hecha por miembros de la Asociación de Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA, que surgió hace 15 años, ante la necesidad de defender la tierra y las playas, que poco a poco se han ido apropiando terratenientes para venderlas a inversionistas extranjeros.
Los detenidos son Abel Pérez y Santos Hernández, de la comunidad de Playa Blanca e integrantes de la ADEPZA, quienes enfrentan un juicio acusados por usurpación, amenazas y daños, en perjuicio del terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva.
Otro acusado es Tomás Cruz, los tres hombres se dedican a la agricultura y pesca, y en época de afluencia turística se conforma un grupo de personas para adecuar una zona de parqueo vehicular y cobrar por el servicio.
En una de estas actividades, específicamente en la Semana Santa del 2015 es que fueron denunciados por Cassis Leiva, aduciendo que habían hecho un parqueo en su territorio, denunció Abel Pérez, quien es conocido por su labor de defensor de DDHH y comunicador social de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande.
El juicio inició en junio pasado, y en agosto se les dictó medidas sustitutivas de no presentarse al predio en litigio, no acercarse al denunciante ni comunicarse con él, no cambiar de domicilio sin previo aviso al juez competente e ir a firmar el libro de registro al Juzgado de Amapala.
Santos y Abel, fueron citados para revisión de medidas, audiencia pospuesta en seis ocasiones, hasta el pasado martes 17, cuando dos testigos propuestos por el abogado de Cassis, declararon que los imputados estuvieron chapeando el predio del terrateniente y que estuvieron cobrando en el parqueo provisional en Semana Santa.
"Es injusto que nos lleven presos por buscar el alimento para nuestras familias, pero hay más personas luchando por el derecho que defendemos" expresó Pérez.
Otra medida incumplida es que no fueron constantes en ir a firmar el libro, "solo uno conoce las pobrezas que vivimos" manifestó una de las hijas de Santos, quien lo acompañó en cada una de las audiencias, hasta el día de ayer, que su padre quedó en el presidio de Nacaome.
La toma de la carretera se dio entre 7:30 y 9:50 am en el desvío a la comunidad de Las Pilas, que conduce a la radio La Voz de Zacate Grande, deteniendo el tráfico vehicular para ejercer presión y que la justicia no sea parcializada favoreciendo a los ricos, porque ellos son los que tienen el poder, expresó la esposa de Hernández.
Por su parte, el papá de Abel, un señor de la tercera edad afirma que es una injusticia que mandan al presidio a gente inocente, dejando a quienes cometen crímenes en libertad. Además quedan en su poder los infantes del defensor.
Desde el centro penal, Abel y Santos, manifestaron que es una situación muy difícil la que enfrentan, pero convencidos que son inocentes se presentaron ante la jueza Iris Amanda Hernández, sabiendo que serian remitidos a prisión.
Pérez, también es miembro de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur, REDEHSUR, que acompaña el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, desde hace cuatro años, y que está presente en Francisco Morazán, Choluteca y Valle, con el apoyo de HEKS.
"Hacemos un llamado a los y las compañeras defensoras de derechos humanos para que nos sigan acompañando, en este momento no nos sentimos seguros, aquí adentro (cárcel) no hay ninguna garantía para la vida, estamos en una celda muy pequeña y no salimos, la comida nos la llevan, pero nos da temor, porque quien nos acusa tiene mucho poder e influencias", expresaron Abel y Santos.
A las organizaciones nacionales e internacionales agradecemos su apoyo y solidaridad, pues no nos hemos sentido solos, solicitamos que no nos olviden y aboguen para que nuestra situación no se alargue aquí.
Seguimos en esta lucha, desde donde estemos, somos firmes en nuestras convicciones sin miedo a defender lo que es nuestro, en este caso el territorio, las playas y un trabajo para sobrevivir, indicó Santos.
Ambos defensores tienen hijos menores de siete años, en una zona donde el desempleo, persecución y falta de oportunidades obligó a sus padres no poder pagar una lancha que los llevara de Coyolito a Isla del Tigre, Amapala, para firmar en el Juzgado, lo que representa un costo de 300 lempiras ($ 15) y ganando un jornal diario de 100 ($5). Son tres días de trabajo para ir a firmar, y a veces no se encuentra que hacer, expresó Abel.
Por los momentos, se espera que el expediente judicial sea remitido al Tribunal de Sentencia de la zona Sur de Honduras, mientras los defensores de la tierra y la playa, permanecen en la granja penal de Nacaome, Valle, entre 280 privados de libertad en un recinto con capacidad apenas para 150 personas.
Representantes de COFADEH, ADEPZA y REDEHSUR, después de la toma de carretera hacia Coyolito, se movilizaron al centro penitenciario de Nacaome, a verificar la situación de sus compañeros.
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