Luchar por un pedazo de tierra para vivir y cultivar es motivo suficiente para que más de 48 grupos campesinos en el departamento de La Paz, ubicado en el suroccidente de Honduras, sean víctimas de constante persecución, criminalización y amenazas de parte del mismo Estado hondureño que se confabula con políticos y empresarios de la zona.
Antecedentes
En julio de 2015, 11 hombres y 5 mujeres campesinas fueron detenidos durante un desalojo en la comunidad Planes del municipio Santa María, La Paz.
Los labriegos fueron perseguidos judicialmente y enviados al centro penal de Marcala, La Paz. Posteriormente en el mes de septiembre de este mismo año, fueron puestos en libertad con medidas cautelares, las cuales incluía no salir del país, ir a firmar una vez por semana y no acercarse a los predios que mantenían en recuperación.
En lo que va del 2016, la persecución y criminalización no ha cesado. Los desalojos son cada vez más violentos, el Estado, los terratenientes y empresarios de la zona continúan con sus intenciones de desplazar a cientos de familias que se encuentran en proceso de recuperación de tierras.
Siguen los ataques
Durante el mes de mayo, dos ataques se han registrado.
El movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz, Honduras (MILPAH), denunció que personas ligadas a los proyectos hidroeléctricos propiedad de la vicepresidenta del Congreso Nacional, la diputada Gladys Aurora López, amenazaron de muerte a la lideresa del Consejo Indígena de San Isidro Labrador, Ana Mirian Romero.
El coordinador del área legal del Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), Donald Hernández, dijo que cuatro personas de la comunidad El Potrero llegaron con machete y un revolver hasta la vivienda de la lideresa.
En la denuncia que realizó CEHPRODEC, se manifiesta que la amenaza ocurrió horas después que una periodista de la BBC Radio, estuviera en casa de Ana Mirian Romero realizando un documental radial sobre la realidad que viven los campesinos indígenas en el departamento de La Paz.
El 24 de noviembre del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares para los líderes del Consejo Indígena San Isidro Labrador, sin embargo los ataques no han cesado.
Una nueva agresión contra el campesinado hondureño se registró en las últimas horas en el departamento de La Paz. Diez familias de la empresa asociativa campesina 9 de Julio en el municipio de Tutule, La Paz fueron brutalmente desalojadas por miembros de la Policía y el Ejército, a pesar que ellos llevan 7 años en el proceso de recuperación de tierras.
El dirigente de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Wilman Chávez, relató a Radio Progreso que la policía y miembros del décimo batallón de infantería de Marcala, llegaron hasta la comunidad, y sin mediar palabras desalojaron a las familias, quemaron varias casas e incluso dispararon bala viva contra las personas, dejando como resultado 2 campesinos con heridas de bala.
“Nos encontramos desamparados, estamos necesitados de alimentos, no nos dejaron nada, estamos en situación de calamidad, no queremos más represión ni criminalización”, manifestó Chávez.
En el departamento de La Paz, más de 48 grupos campesinos están en procesos de recuperación de tierras, todos se encuentran en indefensión porque el mismo Estado en complicidad con terratenientes y políticos de la zona criminalizan, hostigan, amenazan y atentan contra las familias que luchan por obtener un pedazo de tierra.
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