Por German H. Reyes R.
“Los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas”, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe, “Situación de Derechos Humanos en Honduras”, 2015.
Ante tal situación, en los últimos años este organismo internacional ha beneficiado con medidas cautelares a muchas defensoras y defensores de los derechos humanos—pero a muchos aun así los han matado. En su informe presentado el 16 de febrero pasado, la CIDH señala que al 31 de diciembre de 2014, al menos 14 de sus beneficiarios fueron asesinados.
A ellos se suma el crimen perpetrado contra la dirigente indígena, Berta Cáceres, asesinada en La Esperanza Intibucá, el pasado tres de marzo, por sicarios que llegaron a su casa a quitarle la vida mientras ella descansaba. La CIDH ha condenado su muerte, porque ella era beneficiaria de medidas cautelares desde el 29 de junio de 2009, según la medida cautelar MC-196/09
El 21 de febrero recién pasado, en el caserío Cabexa de Vaca número 2, fueron asesinados, Nahúm Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute. Todos eran miembros de la tribu Tolupan, de San Francisco de Locomapa y que trabajaban en la lucha por la defensa del territorio.
La CIDH decretó en 2013 medidas cautelares para esta población y solicitó la protección de una veintena de indígenas, destacados por reclamar la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas en los planes de manejo forestal de las zonas protegidas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF).
Previo al otorgamiento de las medidas de protección, en agosto del 2013, los líderes indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados mientras participaban de una protesta pacífica. Asimismo, durante la vigencia de las medidas, asesinaron a los indígenas Erasio Vieda Ponce y Luis de Reyes Marcía, este último esposo de Consuelo Soto, una de las beneficiarias de las medidas quien también sufrió atentados contra su vida.
Paola Barraza
El 25 de enero del 2016 fue asesinada Paola Barraza, una mujer transexual, defensora de derechos humanos y miembro de la junta directiva de la Asociación LGTB Arcoíris, en Comayagüela. Ella había sobrevivido a un atentado en las cercanías de la Asociación Arcoíris, cuando le dispararon varias veces y una bala alcanzó su cara.
Javier Vásquez Benítez, miembro del Movimiento Independiente Lenca de La Paz (MILPA) fue encontrado asesinado el 20 de diciembre del 2015, en la comunidad de Santa Elena, departamento de la Paz. Javier era hijo del defensor de derechos humanos y líder indígena, Gilberto Vásquez, quien se ha opuesto a la construcción de la central hidroeléctrica Los Encinos, propiedad de la empresa Los Encinos S. de RL.
Juan Francisco Martínez y Silvestre Manueles Gómez, defensor de los derechos humanos y miembros de MILPA fueron asesinados en enero y mayo de 2015, en los departamentos de Intibucá y La Paz, respectivamente.
El 20 de mayo de 2015 en la comunidad de Somolagua, San Juan, municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Bárbara, fue asesinado, Moisés Durón Sánchez, líder comunitario del COPINH.
Asimismo, el 17 de junio de 2015 en la comunidad de Piedra Parada, Mojarás, departamento de Choluteca, asesinaron a Héctor Orlando Martínez, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), la CIDH condenó lo ocurrido y urgió al Estado a investigar y esclarecer el crimen. Martínez era beneficiario medidas cautelares desde el 19 de mayo de ese año.
El 27 de mayo de 2015 la CIDH dictó medidas cautelares para el líder sindical, Donatilo Jiménez Euceda. No obstante, fue desaparecido el 8 de abril de 2015.
El 27 de agosto de 2014 fue ultimada a balazos la defensora de derechos humanos, Margarita Murillo, quien además era la coordinadora del Frente Nacional de Resistencia Popular en el Departamento de Cortés. Ella gozaba de medidas de protección de la CIDH.
Orlando Orellana, presidente del Patronato de la Colonia de Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, fue asesinado el 4 de mayo de 2014, él, era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por el riesgo que corría la comunidad en la lucha por la tierra. El crimen ocurrió a la una de la tarde, cuando la víctima se dirigía a una reunión para tratar asuntos comunitarios. Dos sujetos se acercaron en un taxi y le dispararon en varias ocasiones.
La comunidad Cerrito Lindo es beneficiaria de medidas cautelares desde el 2005 por solicitud del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El 21 de enero y el 18 de febrero de 2014, fueron ultimados los ambientalistas, Justo Sorto y Pedro Pérez, dirigentes lencas de los departamentos de Intibucá y La Paz, respectivamente. De igual forma, el dirigente ambientalista indígena, Rigoberto López y Williams Rodríguez fueron asesinados en el Níspero, Santa Bárbara, todos con medidas de protección.
Erick Alexander Martínez Avila, portavoz de la Asociación Kukulcan y defensor de los derechos humanos, fue raptado y asesinado el 7 de mayo de 2012. Su cuerpo, con señales de haber sido estrangulado, fue encontrado, en una cuneta de la aldea Guasculile, en la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho.
El 1 de mayo del 2014 una patrulla integrada por 3 miembros de la policía nacional ingreso a la casa de María de Los Santos Domínguez Benítez y le quitaron la vida al joven, Santos Alberto Rodríguez, cuando este les reclamó por el allanamiento de la vivienda de su madre. El hecho ocurrió en San Bartolo, Intibucá, comunidad lenca que mantiene en trámite la titulación de la las tierras y que antes del suceso había sido amenazada por una maniobra de los terratenientes.
Walter Tróchez fue asesinado la noche del 13 de diciembre de 2009 en pleno centro de la capital. Era un destacado defensor de los derechos de la comunidad LGTBI y trabajaba como procurador de los derechos humanos en el Centro de Investigación Promoción e Investigación de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
Testigos oculares manifestaron que Tróchez murió a consecuencia de un disparo de arma de fuego que le propinó un agente de la Policía Nacional. Días antes, había denunciado, que en el parque El Obelisco lo secuestraron agentes encapuchados de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
El 25 de abril de 2013 en San pedro Sula, fue asesinado, Ronald Jovel Miranda Ávila, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos (JHA-JA). Tenía 9 años de haberse rehabilitado y se había convirtió en el principal animador en la rehabilitación de niños y jóvenes vinculados a las maras y pandillas.
El 22 de septiembre de 2012, en Tegucigalpa fue acribillado, el abogado Antonio Trejo, quien era el apoderado legal de los campesinos aglutinados en los movimientos, MARCA y MUCA, en el Aguan y MOCSAM, en San pedro Sula. Días antes, Trejo había presentado un recurso de inconstitucionalidad del decreto que le daba vida a las "Ciudades Modelos".
José Marcos Avila Maradiaga, miembro del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), fue asesinado en agosto de 2012. Avila acompañó las actividades de procuración popular durante los días más difíciles del Golpe de Estado.
A lista se suman las muertes inolvidables en los movimientos sociales, como la de Jeanette Kawas, Carlos Luna López, Carlos Escaleras y otros, que como consecuencia de sus actividades por la defensa y protección de los derechos humanos y del medioambiente, también fueron asesinados.
Los crímenes contra los defensores de los derechos humanos, ocurren cuando Honduras se debate entre la criminalidad que campea como producto de impunidad y que sobrepasa los estándares internacionales. Cifras del observatorio de la UNAH indican que en el 2012, la tasa registrada por cada 100 mil habitantes fue de 85.6, pero la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indica que fue de 90.4.
Para el 2013, el índice de homicidios registrados por la UNAH fue de 79 por cada cien mil habitantes; en el 2014, el Estado reportó una disminución a 66.4, mientras que la UNAH publicó una tasa de 68.5. A octubre del 2015, las cifras oficiales de FUSINA reportaban una reducción de 698 casos en comparación al mismo periodo del año anterior.
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