Una semana de visita a Honduras bastó para que la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, constatara graves violaciones contra los pueblos indígenas, donde 44 nativos han sido asesinados desde 2010, ante la falta de respeto hacia sus derechos, la violencia y la impunidad que impera en el país.
“Las historias presentadas por los pueblos indígenas las presentaré en un informe a las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que todos los países se enteren de la situación que están viviendo en Honduras”, indicó la relatora mientras realizaba la visita al sector Lenca de Río Blanco, Intibucá.
“Es un logro porque ha constatado de manera personal toda la situación de exterminio que viven los indígenas en el país”, indicó Berta Cáceres, ganadora del premio Goldman, uno de los más prestigiosos del mundo debido a que con su lucha logró que el gigante chino Sinohydro y el Banco Mundial abandonaran su respaldo a un polémico proyecto hidroeléctrico en Río Blanco.
La integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), manifestó que con la visita de relatora se le dio vuelta a los informes mentirosos que ha entregado el gobierno y las demás instituciones públicas donde aseguran que en el país se respetan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Situación crítica de indígenas
Tras concluir la visita de nueve días a Honduras, por invitación del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, la relatora Tauli-Corpuz indicó en rueda de prensa que en su estancia observó en los pueblos indígenas “la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras y recursos naturales ancestrales”.
“He observado la situación crítica a la que se enfrentan, la falta de respeto a los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales, la violencia, impunidad y corrupción”, dijo la relatora de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Destacó que en el caso de los habitantes de la comunidad Lenca de Río Blanco ubicado en el occidente del país, enfrentan serias violaciones a los derechos fundamentales desde el año 2013 que iniciaron la lucha por la no construcción de un proyecto hidroeléctrico que privatiza su río por más de 20 años.
La comunidad Lenca se manifestó en contra de la construcción de la represa “por los impactos a sus medios de vida y cultura. Informaron sobre grave violación a los derechos humanos, incluidos asesinatos amenazas e intimidación”, enfatizó.
“El pueblo Tolupán sobrevive por sus propios medios en las montañas, donde no llega el gobierno, a menos que sea para quitarles sus tierras”. El gobierno hondureño ratificó el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero en nada ha servido.
El 11 de mayo del 2012, fueron asesinados cuatro miembros de la comunidad miskita en la Mosquitia hondureña en una operación supuestamente antidroga de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
En el caso de las comunidades garífunas también constató el proceso de destierro que amenaza a las más de 25 comunidades ubicadas en la costa atlántica hondureña, amenazadas por megaproyectos turísticos, las municipalidades, los monocultivos de palma africana y el narcotráfico.
Todo tipo de violación
“Violaciones de derechos económicos, derechos territoriales, derechos culturales, derecho a la autodeterminación de los pueblos, el marginamiento, el nivel de criminalización de los pueblos indígenas que luchan contra las violaciones a sus derechos, y en general el racismo con que actúa el Estado hondureño, frente a los pueblos originarios, constató la relatora”, indicó la dirigente indígena Berta Cáceres.
Dijo que para ellos la visita representa mucho porque además las amenazas de muerte el pueblo indígena y su dirigencia no han cesado en el país, calificado del más peligroso en todo el mundo para los defensores humanos, según un informe divulgado recientemente por Global Witness, una ONG con sede en Londres.
“El peligro lo vivió en carne propia la relatora Tauli-Corpuz, ya que mientras se conducía a verificar la situación del pueblo Lenca de Río Blanco, fue víctima de una detención ilegal por parte de un grupo de hombres que están ligados a la represa hidroeléctrica Agua Zarca, después de tres minutos al darse cuenta de quien se trataba la dejaron continuar el camino”, indicó Berta Cáceres.
La relatora presentará su informe ante la ONU, luego este organismo emitirá recomendaciones al Estado hondureño. “Los últimos dos Gobiernos hondureños no han demostrado un interés en las comunidades indígenas de su país, solo acuden a ellos en tiempos electorales”, concluyó.
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