La defensa de los bienes naturales en Honduras está relacionada directamente con las amenazas, hostigamientos e incluso la muerte para quienes se oponen a la instalación de mega proyectos en su comunidad.
En medio de las montañas de Quimistán, Santa Bárbara, después de recorrer 2 horas en carro atravesando la neblina, y de pasar más de cinco nacimientos de agua cristalina, se llega a la comunidad de El Listón. Lugar amenazado por la instalación de una represa hidroeléctrica a la altura de la aldea Paso Viejo.
La represa que se quiere construir en Paso Viejo, se alimentará de los ríos: Río Negro que nace en la aldea de Brisas del Río Negro. También del Río Listón, el más grande y que baña la aldea Listón, y el Río Cuyamel que abastece de agua a comunidades como Paso Viejo. Las comunidades identifican a Jhony Canahuati como propietario del proyecto.
Kevin Ramírez, un joven de 26 años es el presidente de la junta de agua de El Listón, comenta que desde el año 2012 viene recibiendo amenazas a muerte por oponerse a la instalación de la represa hidroeléctrica, que según él afectaría irreparablemente a las comunidades que abastece de agua el río.
Kevin, ha tenido que salir en varias ocasiones de su comunidad, dejándolo todo, debido a que en los últimos meses, las amenazas de muerte hacia su persona han incrementad. Su compañera de hogar Dilcia Rodríguez sufrió un atentado por parte de un hombre llamado Isaías Méndez quien entró a su casa, supuestamente a matar a Kevin y al no encontrarlo le puso el machete en el cuello a ella.
Según el ambientalista, todas las agresiones y amenazas que él y su familia han recibido, vienen directamente del alcalde de Quimistán, Juan José Guevara, quien lleva 4 periodos consecutivos gobernando el pueblo por el partido nacional. Y de los activistas del programa “Una vida mejor” que coordina el presidente de la república, Juan Orlando Hernández.
El alcalde del pueblo, Juan José Guevara, viene de una familia arraigada en el poder, perteneciente al partido de gobierno. Su madre “Conchita” Figueroa de Guevara, lleva 30 años ininterrumpidos siendo diputada en el Congreso Nacional. Sin embargo, para la población de Quimistán, en nada ha beneficiado a las comunidades este caudillismo autoritario, ya que los proyectos siempre se quedan en manos de los políticos, manifiesta Doña Dominga Vásquez, quien lamenta que todavía su comunidad no tenga un centro de salud y una escuela adecuada para que estudien los niños y niñas.
Otorgan medidas cautelares a Kevin Ramírez
Kevin es egresado de las escuelas de formación política que impulsa el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC). Debido a ese acompañamiento y a raíz de las amenazas a muerte, se logró que el 30 de septiembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara a Kevin medidas cautelares. El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Esto significa que se le ha pedido al Estado Hondureño que adopte medidas urgentes para proteger la vida del joven ambientalista.
Para a la abogada Brenda Mejía del ERIC, la vida de todas las personas que se oponen a estos proyectos peligra. Más cuando el Estado es incapaz de investigar las denuncias por amenazas que interponen las personas. “Nos sorprendió que las CIDH otorgara a Kevin las medidas cautelares de inmediato, pero esto es el reflejo de la falta de institucionalidad que tenemos los hondureños y las hondureñas”. Además la abogada que las medidas cautelares vendrán a beneficiar a toda la comunidad.
La organización frente al peligro
En Santa Bárbara no sólo el caso de Kevin se conoce. En otras comunidades hay otros hombres y mujeres que diariamente ponen su vida en riesgo por oponerse a la explotación minera y la instalación de Hidroeléctricas. El presidente Juan Orlando Hernández, con el apoyo del Banco Mundial, declaró este 2015 como el año de la minería, poniendo en bandeja de plata el territorio nacional a inversionistas extranjeros.
Los estudios realizados por la plataforma de movimientos sociales contra la minería, reflejan que en el país existen 837 concesiones mineras, de éstas, 411 se han otorgado y 426 se encuentran en solicitud, cifras que podrían duplicarse después del evento denominado “Honduras lista para la minería” realizado en agosto de este año.
Eunice Ramírez de las organizaciones populares en Santa Bárbara, su departamento es el más concesionado para estos mega proyectos en el país, y que frente a este peligro, lo único que puede salvar a las comunidades en la organización en movimiento.
En la comunidad de El Listón, Santa Bárbara, al igual que en otras comunidades del país, los río, las montañas, playas y todas sus riquezas naturales, parecieran gritar pidiendo auxilio ante la amenaza de ser explotadas y privatizadas. Pero también todos los días, Kevin y otros pobladores están conscientes que Honduras es nuestra Casa Común y hay que defenderla.
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