miércoles, 4 de noviembre de 2015

Junta Nominadora no se ajusta al principio de publicidad en sus acciones



Por Marvin Palacios

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en observancia del proceso de elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, en conferencia de prensa dio a conocer que existe mucha desconfianza en el pueblo sobre este tema y que prácticamente la Junta Nominadora maneja el asunto a puertas cerradas.
El contexto en el que se desarrolla la elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa siendo de descontento social, violencia y desconfianza en la justicia, expresó el jurista guatemalteco Ramón Cadena al leer el comunicado oficial de la delegación.
“En efecto la sociedad hondureña sigue cuestionando seriamente la administración de justicia, la población en general afirma que no existe una justicia imparcial e independiente. Las injerencias de diferentes sectores, incluyendo la de partidos políticos y posibles estructuras criminales en la administración de justicia, persisten y continúan afectando la independencia del poder judicial”, dijo Cadena.
Cadena señaló que este aspecto ha producido la pérdida de confianza en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de justicia (CSJ) y específicamente, en el papel que juega la Junta Nominadora y los entes proponentes.
Toda la primera parte del proceso de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó tantas dudas y creó tal desconfianza que la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) recibió comentarios en torno a la necesidad de “recusar” a los miembros de la Junta Nominadora, por no garantizar ninguna independencia de criterio.
“La CIJ hace un llamado a la Relatora Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, para que visite el país y pueda evaluar la situación de la independencia del Poder Judicial.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) sostuvo que pese a que la Junta Nominadora en su normativa interna y en el capítulo 3 señala que observará el principio de publicidad del proceso, en la práctica no existe un lugar fijo y amplio para las sesiones de dicha Junta Nominadora, que permita que la sociedad hondureña en general y los medios de comunicación, nacionales e internacionales, ejerzan su derecho de supervisión y puedan observar todas las audiencias de dicha Junta Nominadora.
Si bien la CIJ reconoce como algo positivo el hecho que la Junta Nominadora haya aprobado un cronograma de sus actividades y el diseño de una tabla de gradación o evaluación, cuestiona que las diferentes etapas de este trabajo no estén claramente delimitadas en dicho cronograma y que la tabla de gradación no se estableció a partir de un perfil previo del magistrado de Corte Suprema de Justicia que se pretende elegir.

Ramón Cadena, jurista guatemalteco

“De esta forma es, excesivamente formalista y desarrolla categorías que no obedecen a un perfil predeterminado. Esto hubiese sido necesario, para que los ciudadanos y ciudadanas, pudiesen saber cuál es el perfil del magistrado de Corte Suprema de Justicia que la Junta Nominadora pretende seleccionar”, sostuvo Cadena.

“No es aconsejable la reelección de magistrados o magistradas”
Según el cronograma la lista de candidatos y candidatas deberá ser enviada al Congreso Nacional como fecha tope el próximo 11 de enero de 2016, lo cual, a juicio de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) no permitirá que los congresistas hondureños reciban la lista con debida antelación, para poder hacer un escrutinio a fondo de las candidatas y los candidatos propuestos.
La CIJ insta a los diputados y diputadas al Congreso Nacional a hacer un análisis de fondo de todos los expedientes de los 45 candidatos y candidatas, para lograr elegir finalmente a los 15 más idóneos, capaces, los más comprometidos con los derechos humanos y los más independientes.
Asimismo la CIJ recomienda que la comisión de diputados y diputadas al Congreso Nacional encargada de la elección de los magistrados y magistradas deberá estar integrada con igual número de representantes de cada partido político representado en la Cámara Legislativa.
“Sus decisiones deberán tomarse por consenso y todos sus actos deberían estar regidos por el principio de publicidad y transparencia. El resultado de esta comisión, pasaría al Pleno del Congreso Nacional para la elección final, de conformidad con el artículo 311 de la Constitución de la República”, sostuvo el jurista guatemalteco Ramón Cadena.
La CIJ recibió información que 12 de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia pretenden reelegirse, incluidos la mayoría de las magistrados y magistrados de la Sala Constitucional.
Al respecto la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) consideró que debe hacerse un análisis objetivo del trabajo realizado por dichos magistrados y magistradas durante su período, las sentencias dictadas, el papel que esta Corte Suprema jugó durante el rompimiento del Orden Constitucional en el 2009 y si actuaron con independencia. “Después de este análisis, la CIJ considera que la reelección no es aconsejable. En el caso de las y los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la CJI reitera su profunda preocupación ante la sentencia de la Sala Constitucional (resolución número SCO-0709-2014) que declara constitucional las pruebas de polígrafo.
Consultado acerca de los señalamientos del  presidente del Colegio de Abogados (CAH), José Luis Valladares quien ha calificado como intromisión en los asuntos internos, la participación de las misiones internacionales de juristas para evaluar el proceso de elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, el jurista chileno Roberto Garretón expresó que aquí no hay ninguna injerencia, lo que hay es un esfuerzo de una organización no gubernamental fundada en 1952, preocupada por el respeto de los derechos humanos y del poder judicial.
“Esta es una acusación que normalmente quiénes las realizan son los estados no democráticos, los estados democráticos no tienen ningún problema en que vengan organizaciones de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la UNESCO, de la OIT, de los Colegios de Abogados; nunca tienen miedo de eso, los que tienen miedo de estas visitas, son los que tienen cosas que ocultar”.
La delegación estuvo integrada por Roberto Garretón, abogado de Chile, ex miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias y Comisionado Internacional de Juristas , Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, la abogada Iris Elena Portillo, asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica y la abogada Ivania Galeano, asesora legal de la CIJ en Honduras.

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