Rodeando el problema y sin abordar puntos clave como el financiamiento, el mandato revocatorio y la representación ante el ente electoral, la clase política en Honduras sigue proponiendo parches a la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
Para el analista y escritor Julio Escoto, la ley Electoral es fundamental y debería ser una normativa más moderna pero no es así. La actual ley mantiene figuras conservadoras porque buscan defender la forma antidemocrática como hasta ahora se ha manejado la política en Honduras.
Como consecuencia del golpe de Estado ocurrido el año 2009 el escenario político cambió. Este hecho trágico y antidemocrático hizo que surgieran nuevas fuerzas políticas que ahora concentran mucho poder dentro del electorado, pero que el bipartidismo las mantiene al margen, sin ni siquiera estar representadas en el Tribunal Supremo Electoral.
“Las figuras conservadoras desde luego que no quieren hacer cambios en esa ley o crear una nueva, simplemente por una causa: quieren mantener la manera como está escrita, concebida y estructurada, ya que favorece el modelo antidemocrático de la nación. Esto se refleja en la representación que tiene el Tribunal Supremo Electoral, ese simple hecho nos dice que hay una falla onda y estructural, particularmente luego del golpe de Estado donde el panorama político se hizo más amplio”, dijo Escoto.
Durante las casi cuatro décadas y teniendo como colchón esta legislación, se ha garantizado una democracia controlada por una clase política, quienes con trampas quieren seguir sosteniéndose en el poder. “Es una ley tradicional y bipartidista, elaborada a base de trampas y para favorecer a la dirigencia política tradicional, que junto a la oligarquía deciden quienes van o no al poder”, agregó.
“Nuevas reglas del juego”
La democracia hondureña vive actualmente en una zona de riesgo y en un proceso de transición hacia una salida de la crisis política gestada con el golpe de Estado. Esta zona de riesgo está sustentada en una profunda crisis estructural de exclusiones económicas, sociales, territoriales y culturales. Pero también en una democracia electoral frágil carente de trasparencia y legitimidad, al grado que los resultados electorales entregados en las últimas contiendas electorales (2009, 2012 y 2013) han sido cuestionados por sectores significativos de la ciudadanía hondureña.
Antes del golpe de Estado existían en Honduras cinco partidos políticos legalmente inscritos: Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Partido de Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata y el Partido Unificación Democrática.
Sin embargo, el monopolio de la competencia política real se concentraba en el histórico bipartidismo tradicional representado por los partidos Nacional y Liberal. Después del golpe de Estado emerge, desde el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) contra el golpe de Estado, el Partido Libertad y Refundación (LibRe) y se creó también el Partido Anticorrupción (PAC), ambos institutos políticos con capacidad de competencia electoral. Así Honduras ha pasado de un sistema de partidos políticos bipartidista a un sistema de partidos políticos pluralista, reafirma el informe“Hacia nuevas reglas del juego, en las elecciones hondureñas” elaborado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
Para Julio Escoto una de las reformas que requiere el país de manera urgente es el financiamiento de los institutos políticos y de las campañas electorales. “En el financiamiento, todos los sectores tienen claridad, es necesario establecer un límite de aporte por individuo, organización y empresa, pero estamos claros que la clase política no quiere porque ellos para llegar al poder recurren a las trampas, incluido el robo del erario público. Se debe avanzar a exigirles que presenten informes mensuales de sus ingresos”.
Para el escritor además del financiamiento se debe incluir el manejo de la propaganda. El Estado debe establecer horas de transmisión donde los diversos partidos políticos presenten sus mensajes, todo en igualdad de condiciones para propiciar una contienen justa.
¿Reformas o nueva ley?
Organizaciones y los partidos de la denominada oposición en Honduras plantean la aprobación de una nueva legislación. La oficialidad empuja por seguir reformando la ley para incluir algunas de las demandas de la población.
Hasta el año 2009, la Ley Electoral aprobada en 1981, había sido objeto de más de medio centenar de reformas, por lo que en diferentes ambientes cobró fuerza la idea de una nueva normativa, pero la actual junta directiva del Congreso Nacional ha dejado claro que para la presente legislatura es difícil lograr reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente, mucho menos una nueva ley.
A finales de 2014 el Centro de Estudios para la Democracia, propuso realizar 45 reformas a la ley para ir alejándose de la manipulación y corrupción que ha estado presente en todos los procesos electorales en Honduras.
El documento presentado a los políticos y organizaciones de sociedad civil incluía mecanismos eficaces que garantizaran los porcentajes fijados para la participación de las mujeres en las cuotas para los cargos de elección popular, al igual que mecanismos para que los partidos políticos promuevan la participación, representación, igualdad y no discriminación de los grupos sociales más excluidos en la sociedad hondureña, como las personas con discapacidad, las personas lésbicas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales y los pueblos indígenas.
Sobre el voto electrónico CESPAD creo que es necesaria su evaluación, al igual que la modernización del sistema de elaboración y entrega de tarjetas de identidad del Registro Nacional de las Personas y su despolitización de activistas.
Reelección
Fue hace un año aproximadamente, cuando diputados nacionalistas más Edwin Pavón de Unificación Democrática presentaron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad para despenalizar cualquier intención de que se discuta la reelección como lo establece la Carta Magna.
Cuatro meses después de haber presentado el recurso, en el mes de abril, la Sala de lo Constitucional emitió el histórico fallo que da luz verde a la reelección, al aprobar la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República.
La resolución fue aprobada por unanimidad, obtuvo los cinco votos de los magistrados que integran esa sala. Horas después el magistrado José Elmer Lizardo se retractó de su voto. Ahora la decisión de aprobar o no una reelección están en la cancha del Legislativo.
Sobre este tema, Julio Escoto está claro que hay intentos de reelección de parte del actual gobierno y hay coqueteos de otros políticos que están dispuestos a sentarse nuevamente en la silla presidencial. “Luego de hacer un análisis si conviene o no una reelección en Honduras, llegué a la conclusión, como lo mencionó el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Ortez Sequeira, que una reelección únicamente le conviene a 7 personas, los 7 ex presidentes vivos que tiene Honduras. Pero realmente al pueblo Honduras no, ninguno de los ex presidentes merece estar nuevamente en el poder, todos a excepción de Manuel Zelaya Rosales, siguieron la línea neoliberal de desarrollo del país, dejaron deudas, situaciones dudosas, llevaron a su familia para mantener nepotismo, no tuvieron independencia ni mantuvieron independencia, entonces la reelección no es necesaria en el país”, concluyó diciendo Escoto.
En la actual realidad hondureña no resulta fácil avanzar hacia una amplia y sustantiva reforma electoral. Sin embargo, si el país no inicia el recorrido hacia la modificación de las reglas del juego se mantendrá en una situación de crisis permanente y se asistirá a una mayor deslegitimación del sistema político.
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