La FIDH y sus organizaciones miembros en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, lamentan profundamente el anuncio realizado hoy por la Corte Penal Internacional (CPI) de no continuar el análisis de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Honduras posteriormente al golpe de estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán. Resulta inaceptable dejar a las víctimas de los mencionados crímenes sin acceso a la justicia y a la reparación. Dado que las autoridades no han mostrado ninguna intención de investigar estos crímenes a nivel nacional, las organizaciones piden la creación urgente de un mecanismo eficaz e independiente, respaldados por la ONU, como lo sería la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
“Crímenes de persecución política, asesinatos, desapariciones forzadas, crímenes sexuales, de género, y de desplazamiento forzado fueron cometidos de forma sistemática como consecuencia del golpe de estado de 2009. El golpe destruyó el estado de derecho en Honduras. Destrozó por completo la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y de seguridad,” declararon las organizaciones. “Identificar y juzgar a los responsables de graves crímenes no sólo es necesario para las víctimas y sus familiares, sino también es imprescindible para la población hondureña entera, para restaurar la confianza perdida en el compromiso de su gobierno de servir y proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.”
La Fiscalía de la CPI anunció hoy que no continuará su examen preliminar sobre Honduras ya que la situación no cae bajo su competencia. La CPI solo tiene competencia sobre el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Fiscal concluyó que, con base en la información disponible en su oficina, los criterios legales correspondientes a estos crímenes no se habían cumplido. En el 2012, la FIDH junto con otras organizaciones enviaron dos comunicaciones a la Fiscalía de la CPI para contribuir al análisis del examen preliminar y demostrar la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad.
Nuestras organizaciones lamentan la interpretación restrictiva de la Fiscalía sobre su mandato hacia la violencia estructural y sobre los estándares de prueba necesarios para identificar la existencia de un plan o política para cometer un ataque contra una población civil. Consideramos que los elementos necesarios se habrían establecido durante la fase de investigación, momento en el que la Fiscalía cuenta con un mandato más amplio.
La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, insistió que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas como consecuencia del golpe de estado de 2009 son “directamente atribuibles a las autoridades del régimen que habían tomado el poder durante el golpe,” y debían ser investigados y enjuiciados. Además, reiteró que no dudaría en reabrir un análisis si su oficina recibiera evidencias adicionales contundentes sobre la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad derivados del golpe u ocurridos en el Bajo Aguán, donde la violencia en curso ha golpeado fuertemente a las organizaciones campesinas y a los defensores de derechos humanos.
La FIDH se solidariza con nuestras organizaciones miembros para insistir en que se investiguen y juzguen al nivel nacional estos graves crímenes, incluso la persecución política y social, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y el desplazamiento forzado.
“En el ausencia de la CPI, el gobierno de Honduras debe de tomar, de forma inmediata y con el apoyo de la comunidad internacional, los pasos necesarios para crear un mecanismo híbrido, como una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (CICIH), compuesto de expertos nacionales e internacionales para la efectiva investigación y juicio de graves crímenes” declararon las organizaciones.
Contexto
Honduras ratificó el Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002. La Corte Penal Internacional tiene entonces la competencia de investigar y juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el territorio hondureño o por sus ciudadanos desde el 1 de setiembre de 2002.
El 28 de junio de 2009, el ejército hondureño, apoyado por el sistema político y jurídico, expulsó al presidente democrático, Manel Zelaya. Durante los siguientes meses y años, los subsiguientes gobiernos sometieron a la población hondureña a actos represivos incluyendo el uso excesivo e ilegal de la fuerza en contra de manifestaciones pacíficas, ejecuciones extrajudiciales, la tortura, violaciones y otros crímenes sexuales, detenciones ilegales y la persecución.
El 18 de noviembre de 2010, la Fiscalía de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar en Honduras. Desde entonces, la CPI ha analizado la situación posterior al golpe de estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán, donde la violencia y los ataques perpetrados en el marco de un conflicto de tierras se han intensificado. Presuntos crímenes incluyen asesinatos, violaciones, torturas, detenciones ilegales, y desapariciones forzadas, entre otros.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones han denunciado al Estado de Honduras y han venido documentando desde 2010 la violación de derechos humanos y el incumplimiento de obligaciones estatales reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como consecuencia del golpe de Estado que tuvo lugar en Honduras el 28 de junio de 2009, y de los hechos desencadenados a partir del mismo. La FIDH y CIPRODEH acompañan al ex-Presidente Manuel Zelaya y a su equipo ministerial en una petición relativa a los hechos del golpe de estado. COFADEH igualmente representa a víctimas de la represión contra las manifestaciones en los días posteriores al golpe de estado.
La tasa de violencia, ya una de las más altas del mundo, se disparó aún más con ocasión del golpe de estado. Tanto las fuerzas de seguridad como las oficinas públicas se encontraron en una situación de extrema vulnerabilidad frente la corrupción y el crimen organizado. Para el 2012, Honduras ganó la ignominia de ser el país con más homicidios en el mundo, con 90.4 asesinatos por 100,000 habitantes.
Entre los grupos más afectados por estos crímenes se encuentran los y las disidentes políticos, los y las defensores de los derechos humanos, los y las defensores indígenas y de la tierra, miembros de la comunidad LGBTI, periodistas y abogados.
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