Por Emilio Godoy
Las políticas de datos abiertos en América Latina aún no permiten que las comunidades ejerzan sus derechos de acceso a información, consulta y participación frente a proyectos extractivos y de infraestructura que afectan a su entorno y a su forma de vida.
Esos derechos están contenidos en la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, con que se cerró en 1992 la llamada Cumbre de la Tierra, celebrada en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.
El Principio 10 de esa declaración estipula que “toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”.
Además, los Estados “deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos”.
“En América Latina la falta de información abierta y oportuna es un problema generalizado”, aseguró Tomás Severino, director de la organización no gubernamental mexicana Cultura Ecológica.
El especialista explicó a IPS que “la información es técnica y especializada. Datos abiertos nos da la posibilidad de generar información accesible, de desagregarla y difundirla”.
El vínculo entre datos abiertos y proyectos que inciden sobre poblaciones y el ambiente fue uno de los temas de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrada entre el 27 y el 29 de octubre en Ciudad de México.
En el encuentro participaron representantes gubernamentales, de la sociedad civil y académicos de los 65 países participantes en la alianza voluntaria, creada en 2011 en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Del total, 15 países pertenecen a la región latinoamericana.
Durante los foros y talleres, los delegados de la sociedad civil organizada abogaron por fortificar las políticas de datos abiertos y avanzar rápidamente hacia el cumplimiento del Principio 10, que no puede ser materializado si no se evoluciona en la apertura total de la información.
Es práctica común en la región que las comunidades desconozcan la existencia de iniciativas mineras, petroleras, energéticas y de otro tipo hasta cuando están en puerta, sin que les consulten previamente o puedan revisar los expedientes pertinentes. Así, permisos, licencias y concesiones quedan fuera de su radar.
Los Estados de la región ratificaron los compromisos sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, suscrita durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20 y realizada también en la ciudad brasileña, en 2012.
Según informaciones compartidas por los participantes durante la cumbre de gobierno abierto, en México, el tema ambiental se limita a estipular la difusión de las consultas públicas en el proceso de impacto ambiental en el Segundo Plan de Acción de datos abiertos 2013-2015.
Actualmente, esta nación latinoamericana recaba propuestas para la construcción de un tercer plan más ambicioso.
Uno de sus ejes aborda la “Gobernanza de los recursos naturales”, que abarca cambio climático, hidrocarburos, minería, ecosistemas, derecho a un ambiente sano y recursos hídricos para consumo humano.
Por su parte, Perú discute desde mayo la “Estrategia de apertura y reutilización de datos abiertos gubernamentales”, para el periodo 2015-2019, que incluiría cuestiones ambientales.
En agosto, Argentina presentó la primera parte del Segundo Plan de gobierno abierto 2015 – 2017, que tampoco contiene mayores consideraciones ambientales.
“Hay un problema muy severo, no basta con ser transparente. Hay un tema de oportunidad. ¿Cuándo necesita el ciudadano esa información? ¿Después de lo que ocurre?, planteó Carlos Monge, representante en Perú del no gubernamental Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, de Estados Unidos.
“Eso es un error. Hay que pensar sobre cómo desarrollar información antes de la toma de decisiones o sobre los impactos de esas decisiones”, dijo en diálogo con IPS.
Monge criticó que desde 2014 países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú hayan reformado sus legislaciones para rebajar los estándares ambientales, con el fin de mantener y atraer inversiones de la industria extractiva, debido a la caída de la demanda global de materias primas, uno de los sostenes de sus economías.
El “Atlas global de justicia ambiental” enlista 480 conflictos ambientales en 16 naciones latinoamericanas y caribeñas, relacionados con actividades como extracción minera y de combustibles fósiles, gestión de residuos y del agua, acceso a la tierra y desarrollo de infraestructura.
Esa iniciativa forma parte del proyecto europeo “Organizaciones de Justicia Ambiental, Pasivos y Comercio”, es coordinado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona y lo elaboran expertos de 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países.
La mayoría de las disputas, detalla el atlas, se concentran en Colombia con 101 de ellas, Brasil con 64, Ecuador con 50, Perú con 38, Argentina con 37 y México con 36.
Ante el desconocimiento de las obras en su entorno, las comunidades padecen lo que el profesor estadounidense Rob Nixon bautizó como “violencia lenta” en materia ambiental, derivada de la explotación de recursos naturales que fabrica conflictos y que empobrece aún más a las poblaciones afectadas.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), criticó en el marco de la cumbre que las comunidades no conozcan previamente datos sobre proyectos extractivos y aseguró que la región aún no está preparada para cumplir con los datos abiertos.
“Es importante que tengan información sobre concesiones, contratos, impactos, rentas, consultas, para que sepan antes de los efectos”, declaró a IPS.
Los países de la región acordaron en noviembre de 2014 la negociación de un tratado sobre el Principio 10, en un proceso facilitado por la Cepal, que está por lanzar un centro de gobernanza de los recursos naturales de la zona.
La segunda ronda de negociaciones se escenificaron en Panamá del 27 al 29 de octubre y la tercera reunión se realizará en abril de 2016 en Uruguay.
Severino, quien participa en las iniciativas mexicanas de datos abiertos y en el proceso regional del Principio 10, planteó la necesidad de cambiar leyes para apegarse a esos esquemas.
“Necesitamos mecanismos de participación y consulta”, señaló.
Monge anticipó dos procesos que deben institucionalizarse. “Los ordenamientos territoriales y la consulta suponen generar mucha información. Si quieren hacer una obra, hay que hacer transparente la información sobre dinero, agua, territorio”, indicó.
Los primeros se refieren a la zonificación de áreas para residencias, industrias o superficies ecológicas, a cargo de los municipios, y la segunda, a preguntar a las poblaciones locales si quieren o no un proyecto.
“La consulta es uno de los instrumentos más efectivos. El Principio 10 la aborda antes de hacer un proyecto”, resaltó Bárcena.
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