Alejandro Rodríguez, consultor de la organización internacional Impunity Watch
Por Marvin Palacios
Organizaciones de derechos humanos de amplia trayectoria como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras 8COFADEH) han sido determinantes para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya condenado al Estado de Honduras por la participación de agentes del estado en la desaparición forzada de personas.
Sobre este trabajo y la similitud en la lucha contra la impunidad en Guatemala, habló con www.defensoresenlinea.com, el procurador de derechos humanos guatemalteco, Alejandro Rodríguez quien actualmente se desempeña como consultor de la organización internacional Impunity Watch
Sus primeras impresiones están relacionadas con el aniversario del COFADEH que se realizará el próximo el 30 de noviembre, y en la que se ha preparado un encuentro con familiares de las víctimas de la desaparición forzada y la instalación de un foro acompañado de un informe sobre el tema.
Al respecto Alejandro Rodríguez expresó que “yo tengo una gran admiración y un gran respeto por el trabajo realizado por el COFADEH, todos reconocemos su lucha contra la impunidad, especialmente en aquellos casos emblemáticos de desaparición forzada de los años ochenta; fueron los primeros que utilizaron el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y han logrado tener un reconocimiento a nivel continental”, expresó Rodríguez.
Ahora que están cumpliendo 33 años (el próximo 30 de noviembre) quisiera felicitarlos por esa lucha tan importante que ha sido ejemplar para toda América Latina.
Consultado sobre lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre las desapariciones forzadas, el experto de Impunity Watch comentó que “lo primero que se me viene es el caso Velásquez Rodríguez, que es como cuando uno tiene que hablar de desaparición forzada y tiene que hablar sobre políticas de estado; que es el caso emblemático.
El entrevistado se refiere al caso conocido como “Velásquez Rodríguez versus Honduras”, ventilado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1986 y con sentencia emitida el 29 de julio de 1988.
Al introducir la demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"). La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decida si hubo violación, por parte del Estado involucrado, de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención en perjuicio del señor Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez (también conocido como Manfredo Velásquez).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rioca dispuso que "se reparen las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y se otorgue a la parte o partes lesionadas una justa indemnización".
La sentencia de la CIDH sentó un precedente el tema de las desapariciones forzadas ejecutadas por agentes del Estado, en este caso de Honduras y además generó jurisprudencia en el sistema jurídico internacional.
La desaparición forzada un instrumento del terrorismo de Estado
Rodríguez añadió “pero cuando uno habla de desaparición forzada, habla de terrorismo de estado y de un sistema que ha sido capaz de anular completamente todo el sistema judicial, para que la persona ni siquiera tenga la posibilidad de tener el debido proceso y pueda ser sometida a torturas y ejecutada en la clandestinidad y nadie sepa que pasó”, detalló Rodríguez.
Rodríguez explicó que en Guatemala tenemos 40 mil desaparecidos, algunos de los casos han llegado a la CIDH igualmente, por ejemplo el caso Bámaca donde se demostró la política institucional del ejército de Guatemala de tener personas que pertenecían a movimientos guerrilleros y que estaban clandestinamente detenidos en los cuarteles sometidos a tortura y finalmente reconvertidos ideológicamente para dar información o trabajar como colaboradores.
En este caso, sostuvo el experto, se menciona como responsable al ex presidente Otto Pérez Molina (destituido y encarcelado por corrupción) como el jefe de inteligencia militar que tenía bajo su mando el control de las personas guerrilleras que eran capturadas por el ejército, sometidas a tortura y finalmente ejecutadas.
“Todo eso a través de procesos que han sido utilizados en otros países como Argentina y Chile, o sea hubo toda una metodología de reconversión ideológica, o una tecnología punitiva que vino del cono del sur, y antes del cono sur de la CIA y antes de la CIA de los mismos nazis; todo esto tiene una raíz que la podemos remontar hasta las técnicas de la operación Noche y Niebla de los nazis que su objetivo es crear el terror, buscar la pasividad social, buscar la reconversión ideológica de la población y que nadie pueda oponerse a esto; por eso se llama Noche y Niebla; porque nadie sabe de dónde viene o hacia dónde va, y si existió, no existió”, comentó el entrevistado.
Rodríguez dijo que en su país Guatemala, hay 40 mil personas desaparecidas víctimas de la represión política, que fueron secuestradas por el estado y que comenzaron desde 1966; y ha sido uno de los crímenes más grandes que se han cometido en el país.
Alejandro Rodríguez es consultor de Impunity Watch para efectos de hacer un análisis jurídico sobre la posibilidad de replicar el modelo de la Comisión Internacional contra la Impunidad Guatemala (CICIG) en otros países.
Impunity Watch es una organización sin fines de lucro con sede en Holanda, que busca promover la responsabilidad de las autoridades por las atrocidades llevadas a cabo en países que emergen de un pasado violento.
Impunity Watch dirige la investigación prolongada y periódica sobre las causas de la impunidad y los obstáculos para su reducción, que incluye las voces de comunidades afectadas; con el propósito de realizar recomendaciones sobre políticas públicas, basadas en sus investigaciones en un proceso planificado para fomentar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la violencia.
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