Por Giorgio Trucchi | LINyM
Condena de director de Radio y TV Globo es uno de los tantos ejemplos de represión institucionalizada. Parlamento Europeo alerta sobre grave situación de la libertad de expresión en Honduras.
El pasado 13 de noviembre, en medio de un fuerte despliegue policial y militar que rodeó las instalaciones de la CSJ (Corte Suprema de Justicia), los jueces de los tribunales de Sentencia de Francisco Morazán condenaron al director de Radio Globo y Globo Tv, David Romero Ellner, por seis delitos de difamación constitutivos de injuria en perjuicio de Sonia Gálvez, esposa del actual Fiscal general adjunto, Rigoberto Cuellar.
La pena a imponer se conocerá el próximo 6 de enero y oscilará entre los 8 y 16 años de reclusión. Mientras tanto, el periodista, quien se declaró “perseguido político”, gozará de medidas sustitutivas a la privación de la libertad, que consisten en no acercarse ni mencionar públicamente a la querellante.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados. No podrán callarme”, dijo el director de Radio y TV Globo después de la sentencia.
Darwin García, abogado de Romero, denunció ante medios nacionales e internacionales la existencia de factores externos de naturaleza política, que habrían condicionado la decisión de los jueces.
En julio pasado, el entonces juez de sentencia José Echenique Agüero, denunció haber sido removido de su puesto por estar en desacuerdo con las presiones ejercidas por el poder ejecutivo, a través del vicepresidente del Consejo de Judicatura Teodoro Bonilla, para que se condenara a Romero Ellner.
¿Represalia?
Para muchos de los que han acompañado al periodista a lo largo de este proceso, el caso de Romero Ellner estaría profundamente vinculado con las innumerables denuncias de casos de corrupción y sus vínculos con funcionarios del poder ejecutivo y el partido de gobierno (Partido nacional), hechas por el comunicador en los últimos años.
El año pasado, Romero Ellner sacó a luz una investigación muy bien documentada donde vincula al partido oficialista con el fraude colosal al IHSS (Instituto Hondureño de Seguridad Social).
Según él, de los más de 7.000 millones de lempiras (330 millones de dólares) drenados del IHSS por altos cargos de esta institución, unos 2.000 millones (90 millones de dólares) fueron a parar a cuentas del Partido nacional, para financiar la campaña electoral del entonces candidato presidencial Juan Orlando Hernández.
Para realizar este millonario desfalco, parientes de ex funcionarios del IHSS crearon diez empresas de maletín, con las cuales se firmaban contratos multimillonarios para supuestamente proveer medicamentos, servicios y equipos médicos. Luego se saqueaban los almacenes del IHSS y se volvían a proveer.
De acuerdo con la denuncia y copias de cheques mostradas por Romero Ellner, estas mismas empresas de fachada eran las que, luego, transferían parte del dinero sustraído a cuentas del Partido Nacional.
El periodista no solo aseguró que toda la cúpula nacionalista estaba al tanto de este mecanismo fraudulento -incluyendo al ex presidente Porfirio Lobo y al actual mandatario Juan Orlando Hernández-, sino que las mismas autoridades del Ministerio público habrían ocultado las pruebas y engavetado los expedientes.
De esta manera se estaría asegurando la impunidad de los autores intelectuales de la quiebra del IHSS. Entre los señalados está el propio Fiscal adjunto Rigoberto Cuellar, esposo de la ahora querellante Sonia Gálvez.
Más recientemente, tras la liquidación forzosa del Banco Continental y la intervención de los activos del Grupo Continental -propiedad de la otrora poderosa familia Rosenthal, que está siendo acusada por Estados Unidos de lavado de dinero ligado al narcotráfico -tanto Radio y Globo TV como el Canal 36 (Cholusat Sur) han sido notificados por la CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) sobre un posible cierre de operaciones.
Los dos medios están siendo acusados de hablar públicamente de "inestabilidad financiera" y "falta de solidez bancaria en Honduras" a raíz de supuestos errores y omisiones de la CNBS (Comisión Nacional de Banca y Seguros), tanto en el caso de la liquidación del Banco Continental como de las denuncias por “transacciones atípicas” presentadas por la Fiscalía en Panamá contra el coloso financiero hondureño Ficohsa, propiedad de la familia Atala Faraj.
Un ataque generalizado
Recientemente, Ana Ortega, especialista en Ciencias Políticas y presidenta de la junta directiva de C-Libre (Comité por la Libre Expresión), denunció el constante deterioro del respeto al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en Honduras.
En declaraciones a la LINyM, la catedrática aseguró que esta situación ha venido empeorando con el actual gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a través de ataques sistemáticos contra quienes no reconocen “sus logros”.
“Eso es lamentable, porque el derecho a la libertad de expresión asume su sentido pleno justamente cuando se respeta la libertad de disentir, de tener una opinión distinta, de estar en la oposición”, decía Ortega durante la entrevista.
En aquella ocasión, Ortega alertaba propio sobre la persecución que estaba a punto de desatarse contra los periodistas Esdras Amado López, director de los noticieros del Canal 36 (Cholusat Sur) y David Romero Ellner.
“Son personas y medios que vienen siendo criminalizados desde el golpe de Estado de 2009, sin embargo ni en los momentos más duros del golpe habíamos asistido a un ataque tan fuerte como el que se está dando ahora”, fustigó la presidenta de C-Libre.
Vale la pena recordar que ambos medios fueron ilegalmente cerrados, sus equipos secuestrados y sus estudios militarizados durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
“Hay un hostigamiento y una persecución permanente de parte del gobierno, que los acusa de estar haciendo apología del odio, de sedición contra el Estado y traición a la Patria. Hasta los amenaza con aplicar la ley antiterrorista”, agregó.
“Aunque el gobierno lo niegue, se trata claramente de una política de Estado, porque lo que vemos son actores estatales ejerciendo violencia y, luego, denegando el acceso a la justicia y criminalizando a las víctimas”, subrayó Ortega.
Fuerte preocupación
El pasado 2 de noviembre, en el marco del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, C-Libre dio a conocer un informe en el cual detalló que, a partir de 2003, fueron documentadas 1199 agresiones contra la libertad de expresión, 184 de las cuales en lo que va del año. El 98% de estas agresiones quedaron en la impunidad.
Durante los últimos 13 años, 54 personas que ejercían el periodismo fueron asesinadas, 49 de ellas tras el golpe de Estado de 2009. A esta cantidad hay que sumar 7 trabajadores de medios (operadores y camarógrafos), por un total de 61 personas relacionadas con el ejercicio periodísticos que han sido asesinadas. La impunidad sobrepasa el 90% de los casos.
Entre las principales violaciones que sufren las y los comunicadores, C-Libre señala la persistente estigmatización contra periodistas críticos del gobierno, las agresiones por parte de la policía y militares, el acoso judicial y la criminalización legalizada.
“Se han convertido en blancos de ataque por exponer la corrupción entre los actores poderosos, expresar opiniones en temas sensibles, informar sobre el crimen organizado”, señala el informe.
La entrada en vigencia de la Ley de Secretos Oficiales en Materia de Seguridad y Defensa, con la que se amenaza a los infractores con penas de hasta 7 años de reclusión, así como la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, la falsa democratización del espectro radioeléctrico y las figuras penales que aparecen en el nuevo anteproyecto de Código Penal -entre otras las de pánico, ciberterrorismo, difusión de información falsa, grave perturbación a la tranquilidad pública-, no sólo vienen a agravar los obstáculos a la labor periodística, sino que podrían ser utilizadas para criminalizar dicha labor y, con ello, el ejercicio de la libertad de expresión.
Entre los casos denunciados recientemente por C-Libre está el del periodista Julio Ernesto Alvarado, quien tiene más de dos semanas de haber sido inhabilitado como periodista por la CSJ, pese a que está protegido por la medida cautelar 196-14 de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
Su delito fue haber dado espacio en el noticiario Mi Nación para que dos docentes de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras) revelarán un escándalo de supuestas irregularidades que salpicaron a Belinda Flores, funcionaria de este ateneo.
Reacciones internacionales
La semana pasada, Javier Couso, eurodiputado de Izquierda Unida, que integra el grupo parlamentario GUE-NGL (Izquierda Unitaria Europea – Izquierda Verde Nórdica), envió una pregunta escrita a la Alta Representante de la UE (Unión Europea) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, sobre el “deterioro constante” de la libertad de expresión e información en Honduras.
“Honduras es el país más violento de América Latina y su capital, Tegucigalpa, una de las más violentas del planeta. Desde el golpe de Estado en contra del Presidente constitucional José Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, las cifras del crimen y el horror han recrudecido”, escribe Couso.
En el ámbito de la libertad de expresión y de la libertad de información -continúa la nota de prensa de Izquierda Unida- el también vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo asegura que en Honduras “se vive un deterioro constante cuya manifestación más dolorosa son los asesinatos de informadores”.
Más de 60 comunicadores asesinados “no se corresponden con los estándares de un Estado democrático e inducen a pensar en la inacción por parte del Gobierno hondureño, para la protección necesaria en el ejercicio de la profesión periodística, necesaria en toda sociedad libre”, prosigue Couso.
El eurodiputado preguntó a Mogherini si tiene constancia de “esta situación de hostigamiento y asesinatos de periodistas” y advirtió de que “choca con los principios en materia democrática recogidos en el Acuerdo de Asociación con Centroamérica”.
En este sentido, solicitó información a la jefa de la diplomacia europea sobre cualquier tipo de soluciones que esté exigiendo la UE a Honduras, “en el marco del diálogo político”, concluye la nota de prensa.
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