Por Marco Gandarillas y Oscar Campanini
El Financial Times organizó el pasado octubre, en New York (la capital financiera del imperio!) a pedido del gobierno de Evo Morales un evento en el que los principales protagonistas serán empresas petroleras, mineras y bancos privados. El propósito fue atraer nuevos inversores extranjeros mostrando una nueva cara de Bolivia. Un evento de este tipo habría sido impensable hace solo una década atrás, cuando las petroleras y grupos de poder oligárquico buscaban evitar el ascenso al poder de Morales y del Movimiento al Socialismo (MAS), por una supuesta tendencia comunista.
En la misma reciente línea, el vicepresidente -de trayectoria marxista- acaba de contraer a nombre del estado boliviano, el mayor crédito asumido por el país con China (US$ 7,5 mil millones, equivalentes al 17% del PIB boliviano). Ese crédito tiene por finalidad un ambicioso programa de obras, pero está totalmente condicionado a que sean ejecutadas por empresas chinas.
Decisiones de este tipo disparan recuerdos, como los que llevaron a Bolivia a contraer empréstitos para construir ferrocarriles hacia Chile en beneficio de las empresas mineras nacionales y transnacionales en el siglo XIX, de un pasado dependiente ¿Cómo se explica que ocurra todo esto con un gobierno que dice ser de izquierda?
La respuesta es que esto es parte de un proceso que tiene lugar en el último quinquenio. El MAS ha ido acercándose presurosamente a empresarios, exportadores e inversores extranjeros; estableciendo acuerdos y compromisos que se han convertido en la columna central de los planes gubernamentales de corto y mediano plazo. Este viraje, devela un horizonte político reducido a un cúmulo de obras y proyectos principalmente de infraestructura de exportación que pretendidamente acrecentarán las divisas. La finalidad sería alcanzar el “Vivir Bien”, pero en una versión reconvertida en desarrollo integral.
Como ejemplo, el principal destino del crédito chino será la construcción de varias carreteras hacia el norte amazónico, un tren que abre camino hacia el yacimiento de hierro del Mutún y una hidroeléctrica para empezar la exportación de energía eléctrica. Así la llamada “Agenda 2025”, que es el principal justificativo para una nueva reelección presidencial post 2020, tiene entre sus pilares más y más extractivismo. El primer pilar de la Agenda denominado “Patria Grande e Industrial en la Era Satelital”, pretende garantizar el desarrollo de la cadena productiva hidrocarburífera, así como de las diferentes formas de energía y sus fuentes, desarrollar, fomentar, promocionar y controlar la actividad minera y metalúrgica, fortalecer los corredores bioceánicos, etc. (1).
¿Qué sentido puede tener insistir a la exportación de materias primas en un contexto de baja de precios internacionales? Históricamente solo los sectores conservadores apostaron a incrementar los volúmenes exportados para compensar la baja de precios y sólo ellos promovieron mayores subvenciones como las que ahora les promete Evo Morales a las petroleras extranjeras con un Fondo de Incentivo de 3.556 millones de dólares (2).
Al igual que ocurre en Ecuador bajo R. Correa, al MAS de Bolivia le queda muy poco de izquierda. Raspando el fondo de la olla, podríamos nombrar las iniciales medidas de su primer mandato, que luego fueron vistas por las autoridades como frenos al desarrollo o van siendo reemplazadas por medidas abiertamente contrarías. Es el caso de la exportación de gas a la que tenazmente se opusieron movimientos sociales de El Alto en 2003. Bajo las políticas de Sánchez de Lozada Bolivia empezó exportando 46% de lo extraído, en el año 2014, el 96,73% de lo extraído fue exportado. Esta tendencia se agrava si se observa que los volúmenes se incrementaron en casi cinco veces. Bolivia se hizo más dependiente de las exportaciones durante un gobierno que teóricamente debía recuperar la soberanía nacional.
Su insaciable búsqueda de mercados e inversores, lleva al gobierno a chocar contra múltiples sectores sociales, entre otros, los pueblos indígenas que ven comprometido su futuro por este embate extractivista. Este es el origen de una de las rupturas con el gobierno.
Ese mismo gobierno que promoviera el Estado Plurinacional en la Constituyente, arremete poco tiempo después contra los derechos de los pueblos indígenas. Reprime duramente sus pacíficas movilizaciones (como ocurriera en octubre de 2011 en Chaparina o recientemente en el Chaco) y desentierra todo tipo de descalificaciones coloniales y racistas contra sus legítimas demandas. Las rémoras del Estado colonial remozan en funcionarios del “Estado Plurinacional” que tratan a los indígenas de incivilizados y de obstáculos para el desarrollo del país.
Otros sectores sociales que, muchas veces, solamente le demandan participación en las decisiones que afectarán su futuro, son tratados como opositores y derechistas con los que no dialogan. La represión a la disidencia social, por decir lo menos, aleja al gobierno de las reivindicaciones abanderadas en la Asamblea Constituyente de mayor control social a los funcionarios públicos. ¿No era acaso uno de los fines de este proceso el radicalizar la democracia, trascender la democracia representativa y transitar hacia formas participativa, directa y comunitaria?
Este desgaste cada vez más difícil de compensar, ocultar o disimular amerita además del control de medios de comunicación, estrategias de control y/o eliminación de voces críticas y la implementación de impresionantes campañas publicitarias. Para mantener congelada esa primera imagen de cambio y transformación revolucionarias se apela a un gigantesco y millonario despliegue publicitario (literalmente el gobierno destina 1 millón de Bs. diarios a propagandizarse) (3).
Rafael Archondo analiza acertadamente el papel de la incesante publicidad gubernamental en esta puesta en escena: mostrar esas primeras e iniciales medidas -concretamente la supuesta nacionalización de los hidrocarburos- como la pócima que resolvió todos los males y que terminó por desterrar del país a la derecha antinacional. “El fantasma de la derecha antinacional es sacudido ostentosamente en cada concentración humana. Ésta no existe ya en la vida real, pero cuán útil resulta a la hora de cohesionar a la sociedad en contra del pasado” (4). Un repertorio muy útil asimismo para descalificar, estigmatizar, ilegalizar, e incluso judicializar cualquier cuestionamiento a sus políticas (sea de movimientos sociales, ONG, periodistas o de sus propios militantes) que sería perfectamente normal en un estado democrático que se precia de contar con servidores públicos al servicio de la sociedad. ¿No era acaso un principio básico del MAS el “mandar obedeciendo al pueblo”?
Este agotamiento del modelo económico planteado por gobiernos progresistas como el de Evo Morales, conlleva en el momento actual preocupantes transformaciones políticas reflejadas en una seria erosión de la democracia. ¡Cuestionar al presidente o sus políticas extractivistas, supone formar parte de las fuerzas externas de derecha que conspiran contra la revolución! De este modo, proyectos gubernamentales como una carretera (pongamos el caso de la conocida propuesta de construir una ruta dentro del parque nacional conocido como TIPNIS), una planta de energía nuclear, o la exploración petrolera en áreas protegidas, son tratadas como asuntos que comprometen la seguridad nacional y quienes se opongan son tratados como enemigos internos a los que hay que vencer. El vicepresidente, Alvaro Garcia Linera, se ha esmerado en demostrar la peligrosidad de estos nuevos terroristas a los que, insiste, no queda más que derrotar.
El alejamiento entre el MAS y los movimientos sociales -o de aquellos que pueden ser considerados como tales porque mantienen una agenda propia que no es dictada por las autoridades- es tan llamativo como el acercamiento de éste a sus antiguos adversarios, como lo fueron los latifundistas agropecuarios de Santa Cruz. Este año, en acuerdo con ellos se han dejado atrás los principales logros de la Constituyente, dando paso a una agenda agro-extractivista. Se ha levantado la prohibición a los transgénicos, que nuevamente pueden ser introducidos y producidos sin restricción; también se ha dado marcha atrás en la reforma agraria, evitando la verificación de la Función Social de la tierra por cinco años, lo que permitirá a los latifundistas conservar su poder en las tierras bajas.
Los banqueros también ganan con el proceso de cambio, sus utilidades crecen año a año. Sus ganancias fueron US$ 43,6 MM en 2005, para trepar a los US$ 288,3 MM en el 2014, a un ritmo promedio de 62% de crecimiento por año (5). El que los bancos acrecienten sus ganancias es tomado por las autoridades como un indicador de la “buena salud de la economía”, como si éstos alguna vez hubieran compartido sus ganancias con la sociedad.
Con las transnacionales se ha seguido similar camino. Por ello, la Repsol -la transnacional española cuyo proyecto de exportación de Gas a Estados Unidos, a quién se puede acusar de responsable de los hechos que derivaron en la Guerra del Gas de 2003- forma parte de la delegación que acompaña a Evo a promocionar la nueva imagen de Bolivia en New York.
Notas
1. Directrices de planificación de mediano y largo plazo hacia la agenda patriótica 2025. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Estado Plurinacional de Bolivia. Gestión 2014.
2. Declaraciones del Ministro de Hidrocarburos y Energía, en “Bolivia creará fondo de US$ 3,556 millones para incentivar inversiones extranjeras en hidrocarburos”. Reuters 21/08/2015.
3. Ministerio de comunicación tiene cada día más de Bs. 1 millón para publicidad. ERBOL, 28 Agosto 2015.
4. Rafael Archondo. En campaña permanente. La Razón, La Paz, 14 Setiembre 2015.
5. Miguel Lazcano. “Ganancias de la banca crecen en 33% y alcanzan a $us 283 millones”, La Razón 14 Enero 2015
* Marcos Gandarillas y Oscar Campanini integran el Centro de Información y Documentación Bolivia (CEDIB), con cede en Cochabamba. www.cedib.org
Twitter: @magandarillas y @OsCampanini
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