Cinco años transcurrieron para que se hiciera justicia en el caso de tres jueces y una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fueron despedidos en 2010 por pronunciarse públicamente contra el Golpe de Estado de 2009.
Esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia sobre el caso y ordenó el reintegro de dos jueces y la magistrada, así como el pago de indemnizaciones por daños económicos y sicológicos en los que incurrió el despido.
Los jueces son Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza. En 2010 ellos fueron víctimas de procesos disciplinarios arbitrarios y luego fueron separados de sus cargos por manifestarse por la defensa de la democracia y el Estado de derecho en el 2009.
En la sentencia de la Corte IDH se ha encontrado al Estado como responsable de violación a la libertad de expresión, derecho a reunión, derechos políticos, derecho de asociación, garantías judiciales, protección judicial, derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y el principio de legalidad.
Por lo tanto demanda inmediatamente el reintegro a sus puestos de trabajo a Guillermo López, Luis Chevez y a la magistrada Tirsa Flores Lanza, bajo las mismas condiciones de rango, salario y beneficios.
Para los implicados en el caso, la sentencia deja varias enseñanzas y significa un fuerte llamado de atención a la forma como se desempeña el sistema de justicia hondureño.
El abogado Guillermo López Lone considera: “esta sentencia deja importantes resultados, entre ellos: los derechos y libertades de los jueces, hasta donde los jueces pueden ejercer sus derechos políticos, a la libertad de expresión, al debate y a la manifestación política.
Necesitamos un poder judicial independiente, que actúe fuera de las órdenes de partidos políticos e intereses particulares y esto es uno de los puntos que nos deja como enseñanza este caso del que se pronunció la Corte”.
La magistrada Tirza Flores Lanza cree que la resolución es esperanzadora porque abre la posibilidad de encontrar justicia para todas las víctimas del Golpe de Estado del 2009.
“En este momento en el que sentimos que la impunidad nos atormenta y donde no hay libertades democráticas para la gente, esta sentencia es importante porque obliga al Estado a ver la situación en la que está gobernando”, apuntó.
La sentencia tiene un plazo de vencimiento de un año y si no se cumple en seis meses hay sanciones económicas al Estado por parte de los organismos internacionales.
A las puertas de una nueva Corte Suprema de Justicia
Por primera vez la Corte IDH establece en una sentencia que Honduras sufrió una ruptura del estado democrático en el 2009, también afirmó que el pleno de la CSJ participó en el Golpe de Estado del 28 de junio contra Manuel Zelaya.
El pleno de la CSJ que menciona la sentencia sigue vigente y está a la vuelta de elegir a sus nuevas autoridades.
Para la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) Marcia Aguiluz esta es una oportunidad para que la junta nominadora de los magistrados a la nueva CSJ elijan a personas independientes y que no representen los intereses de grupos particulares.
“La participación de la Corte en este despido y que ya fue reconocido por la Corte Interamericana es un llamado para rectificar y también exigir la responsabilidad de autonomía de los poderes del Estado.
Es necesario que se deduzcan las responsabilidades a quienes fueron los artífices de una mala implementación de la justicia durante el Golpe de Estado, por lo tanto la sociedad como las autoridades deben exigir que se tome las cartas en el asunto sobre el tema”, expresó.
Por su parte Luis Chévez dice que se deben facilitar las condiciones para crear un Estado independiente que pueda regular las reglas del juego de la sociedad y que ataque directamente a la impunidad.
“No se pueden repetir los errores del pasado, por lo tanto no hay carácter moral para que los magistrados actuales opten a reelegirse, pues los antecedentes son graves y en marco de eso es que gira la sentencia de la CIDH”, concluyó.
La sentencia es una prueba contundente para que el Ministerio Público inicie inmediatamente investigaciones penales contra los militares y civiles que participaron en el gobierno de facto, y también contra los magistrados y magistradas de la CSJ que apoyaron el Golpe.
Las esperanzas de ese escenario se desvanecen al ver que el Fiscal General Oscar Chinchilla fue uno de los magistrados que participó en las decisiones del Golpe y en la destitución de los jueces y la magistrada.
Los jueces y la magistrada son contundentes al afirmar que la sentencia se convierte en un fuerte llamado de atención para que en este nuevo proceso de elección de la CSJ, la junta nominadora seleccione bajo un proceso transparente e independiente a los 45 candidatos y candidatas y que luego sean sometidos a un proceso autónomo de elección.
A pesar del impacto de la sentencia la realidad nos indica otro escenario, uno que está inmerso en procesos de elección manchados, poco transparentes y a las puertas de nombrar a nuevos magistrados que respondan a los intereses de la clase política en el poder.
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