Un gran porcentaje de la población vive a diario momentos de zozobra y miedo al salir a las calles por causa de la inseguridad, ante tal situación una de las esperanzas de los hondureños y hondureñas es que los organismos de protección hagan su trabajo de forma efectiva. Sin embargo la realidad sobrepasa y nos encontramos con una policía manchada de corrupción y con un ineficiente sistema de justicia.
Tal realidad ha sido motivo para que muchos sectores de la sociedad civil hayan presionado al gobierno a iniciar un proceso real de depuración policial, que hasta la fecha tiene 3 años de haber comenzado y no se han logrado resultados positivos.
Lamentando esta situación en enero pasado, representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) aseguraron que el proceso ha sido un total fracaso por la falta de compromiso y de voluntad política para castigar a los altos mandos policiales por estar involucrados al crimen organizado.
Otro elemento que sectores organizados critican en este procedimiento es que hasta la fecha no hay nadie pagando tras las rejas por estar involucrados en irregularidades, evidenciando el alto nivel de impunidad existente en la nación.
En referencia al tema el viceministro de Seguridad, Francisco Javier Lima Bueso, dijo que el tema de la depuración policial es importante para limpiar las estructuras de la institución, pero contradictoriamente afirma que en este momento no cree que existan personas involucradas en actos ilícitos y dijo que en las acusaciones existentes en contra de jefes policiales no hay pruebas contundentes para definir la culpabilidad de alguien, sino que los organismos de justicia son los que deben resolver esa tarea de la forma más transparente.
Lima Bueso considera correcto que si hay un miembro policial sospechoso de tener relaciones con el crimen organizado debe ser separado para iniciar las investigaciones, esto también ha sido criticado por la población debido a su exigencia de que cada sospechoso debe ser puesto de inmediato bajo los organismos de justicia y no en libertad mientras se le investiga.
Cuando algún miembro de la Policía Nacional es separado por ser sospechoso de estar vinculado con sectores del crimen organizado queda en la total libertad para escapar mientras los organismos de investigación hacen su trabajo que por lo general se desenvuelve a un ritmo lento.
La corrupción a lo interno de la Policía se extiende a nivel nacional, para el caso en la zona norte se sospecha de varios casos de policías involucrados en actos ilícitos.
“Nuestra institución no es perfecta, perfecto solo Dios, sabemos que acá existen manzanas podridas, pero estamos trabajando para que esto cambie; por el momento desconocemos cuántos miembros están vinculados a estos actos pero pronto si hay responsables las investigaciones reflejarán esos resultados,” manifestó en alusión al tema el vocero policial en este sector el Comisario Cesar Johnson.
Mientras la depuración policial sigue en proceso, la población sufre a diario producto de asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos, reflejando el fracaso de esta iniciativa que no tuvo la transparencia y el verdadero compromiso de un gobierno comprometido con su pueblo. Honduras sigue circulando en la lista de países más peligrosos del mundo con una tasa de 20 muertes violentas diariamente.
Tres años de impunidad en caso de jóvenes
A tres años del asesinato de tres jóvenes en la comunidad de Agua Blanca Sur en El Progreso, Yoro, los familiares siguen sin encontrar justicia. Merlin Bonilla perdió a su hijo Narzy Bonilla de 20 años quien junto a sus amigos Neptalí José Galeano y Nahúm Murillo, fueron cruelmente asesinados el 1 de febrero de 2011 en el balneario conocido como Los Dos Encuentros, en esta aldea.
Los jóvenes fueron asesinados por tres miembros activos de la Policía Nacional asignados a la posta policial de Agua Blanca Sur. Los acusados son los policías: Santos Fidencio Pérez Corea, Mario Alexis Corea Hernández y Glendi Georgina Rosales Martínez.
Merlin Bonilla asegura que en el país hay otros casos similares al que ellos como familia están viviendo pero que por lo menos los ha tocado el brazo de la justicia y logrado sentencias favorables, refiriéndose al caso de los dos universitarios asesinaos por policías ese mismo año en octubre, uno era hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Según Bonilla para su familia y la de los otros muchachos la justicia camina más lenta lo que produce frustraciones, pero que no los para en la búsqueda de justicia.
"Hemos estado tratando de hacer lo que podamos para obtener un poco de justicia, hasta ahora lo que hemos logrado conseguir es que se traslade del Tribunal del Juzgado de Letras al juicio oral y público para que se asigne una fecha y se lleve a cabo la audiencia donde podamos conocer si estos policías son castigados o absueltos", explicó Bonilla.
En la primera etapa del juicio estos policías fueron absueltos por una jueza llamada Wendy Vanessa Caballero a quien la familia Bonilla denunció en la inspectora de tribunal por la decisión que tomó, Caballero ya tenía antecedentes de denuncias en otros casos.
Hasta ahora dos policías siguen en completas funciones según Bonilla y solamente Glendi Georgina Rosales Martínez se retiró voluntariamente de la institución policial.
A Mecate Corto
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