La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), mostró su preocupación en el juicio que se le sigue a Edwin Róbelo Espinal y de Raúl Álvarez, acusados por los delitos de daños agravados, incendio y uso de material explosivo de fabricación casera.
Así lo dio a conocer en su informe titulado “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos”, donde también cuestiona la falta de sentencias condenatorias.
“Sigue siendo una preocupación particular el juicio de Edwin Róbelo Espinal y de Raúl Álvarez a cargo de la jurisdicción nacional, competente para tratar crímenes de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados”, dice en su informe la OACNUDH.
Además señala que en marzo del 2018 esa oficina alertó que los cargos presentados contra los dos acusados no se encuentran dentro de la competencia de esa jurisdicción, y que la falta de claridad sobre los motivos sustantivos de la asignación del caso pone en duda las garantías de un juicio justo.
Además la OACNUDH cuestiona que la celebración de las audiencias por la jurisdicción nacional, ubicadas dentro de las instalaciones del Fuerte General Cabañas de las Fuerzas Armadas en Tegucigalpa, limitó la publicidad de las audiencias y el acceso del público, incluidos los observadores nacionales e internacionales, debido a la necesidad de obtener una autorización específica para acceder a las instalaciones y a la sala de audiencia.
En febrero de 2018, los abogados de los acusados presentaron una solicitud impugnando la competencia de la jurisdicción nacional, pero la Corte de Apelaciones lo resolvió 16 meses después, devolviendo el caso a la jurisdicción nacional por errores de procedimiento, incluyendo la demora de la impugnación.
Edwin Espinal y Raúl Álvarez permanecieron recluidos en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva 18 meses, lo que generó preocupación en su familia, en organizaciones de derechos humanos y en sus apoderados legales, por sus condiciones de detención deficientes, las cuales fueron documentadas y señaladas reiteradamente a las autoridades por la OACNUDH y el CONAPREV (Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes).
Para verificar la situación en que se encontraban los imputados, en junio de 2019, un juez recomendó al Instituto Penitenciario Nacional (INP) su traslado a otro centro penitenciario, para proteger su vida e integridad física, recomendación que fue soslayada por las autoridades penitenciarias.
Fue hasta el 9 de agosto de 2019 que el Poder Judicial revisó la medida de detención preventiva y la reemplazó por medidas sustitutivas no privativas de libertad.
Edwin Espinal y Raúl Álvarez van a juicio oral y público el 14 y 15 de mayo del presente año.
Asimismo la OACNUDH indica en su informe “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos”, que Gustavo Cáceres, la última persona presa política, fue absuelta el 14 de noviembre y puesta en libertad.
Cáceres, una persona con discapacidad mental, permaneció recluido en el Centro Penal de El Progreso casi 23 meses, acusado de posesión de armas y explosivos en perjuicio del Estado hondureño.
En su informe la OACNUDH señala que documentó que se presentaron cargos penales contra al menos 114 personas por su presunta participación en crímenes cometidos durante las protestas. Los delitos incluyen delitos contra la seguridad del Estado y el orden público, contra la propiedad (daños, incendios provocados, producción de material explosivo y robo), o posesión ilegal de armas.
“La OACNUDH insta al Estado de Honduras a acelerar el progreso rápido y efectivo para garantizar la responsabilidad penal y civil de los autores de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto de las elecciones de 2017”.
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