Por Javier Suazo
Foto: Hondudiario.com
“El Gobierno está cometiendo un grave error al querer impulsar movimientos para debilitar al Consejo Nacional Anticorrupción (…). Parece que los hondureños estamos empeñados en hacerle la autopsia a la democracia”
Raúl Pineda, abogado y analista político
Honduras adoptó políticas de corte neoliberal en forma consciente y ordenada a partir de la década de los 90s, con Rafael Leonardo Callejas a la cabeza; en la década de los 80s hubo intentos en los gobiernos liberales, pero en lo económico, no integraban las políticas de estabilización con los llamados programas de ajuste estructural. Estas políticas no solo modificaron la institucionalidad pública, sino también la asignación de recursos entre sectores y agentes económicos y financieros. Destaca la devaluación monetaria, reducción y eliminación de aranceles a las importaciones y controles de precios, como también la reivindicación de “derechos” de propiedad a favor de terratenientes y la incipiente burguesía rural.
El gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1997), frente al “hervidero” de corrupción del gobierno de Callejas, siendo presidente del Congreso Nacional, Carlos Flores Facusse, propuso un gobierno de la Revolución Moral, que suavizó el ajuste económico y las políticas de liberalización, devolvió en forma parcial los militares a los cuarteles y fortaleció la institucionalidad a favor de un desarrollo más incluyente en lo social y político. En esto último, no obstante, fue cuestionado por el debilitamiento de la Secretaría de Planificación, al convertirla en una oficina de trámites de becas y cooperación externa, pero abrió otros espacios para la integración y participación de actores en el proceso de solución de los grandes problemas nacionales.
En diciembre de 1994, mediante decreto N. 155-94, creó el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), como instancia de diálogo para analizar y discutir con actores económicos, sociales y políticos los grandes problemas nacionales y definir cursos de acción y aplicar soluciones de mediano y largo plazo. Un principio de gobierno, al menos destaca en el discurso político, lo fue la democracia representativa, donde el gobierno opera como un actor más cuya competencia fundamental es la de coordinar acciones en favor de la solución de problemas de la población hondureña.
Esta instancia de diálogo, perdió fuerza en los gobiernos de Carlos Flores Facusse (1998-2001), Ricardo Maduro (2002-2005) y Manuel Zelaya (2006-junio de 2009), que frente al paso de la tormenta tropical y el huracán Mitch, abrió espacio a otras instancias que involucró a países y agencias cooperantes como el G-16; incluso, con la vigencia de la Estrategia Nacional de Reducción de Pobreza (2000-2015), se dio vida al Consejo Consultivo de la Estrategia. En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), se aprobó una Visión de País y Plan de Nación al 2030, con lo cual se reactiva la Secretaria de Planificación y se conforma el Consejo de Plan de Nación con los principales actores de la economía y sociedad hondureña, lo que invisibiliza al FONAC, al asignarle la función de verificación y seguimiento independiente del cumplimiento de la Visión de País y Plan de Nación, la cual, en la práctica, es liderada por el Consejo con apoyo de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa. El FONAC se reunirá cada seis (6) meses y tendrá la función de diseñar un modelo para aplicarlo en la evaluación del cumplimiento de metas e indicadores del Plan, cuya responsabilidad recae en un Director Ejecutivo que da cuenta a representantes de siete (7) instituciones de sociedad civil, incluyendo los partidos políticos, nombrados por dos (2) años.
Una comparación con la Ley inicial, muestra que con la vigencia del Plan de Nación se elimina del FONAC la función de instancia de diálogo y participación para acompañar al gobierno en la solución de los grandes problemas nacionales, y se le asigna una función más específica de verificación y seguimiento “independiente” de las metas e indicadores del Plan que también realiza la Secretaría de Planificación que tiene en la practica la competencia privativa y cuenta con los recursos para ello.
El 23 de junio de 2016, tercer año del primer gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), y después de más de seis (6) años de aprobarse la Ley de Visión de País y Plan de Nación, se aprueba mediante Acuerdo Ejecutivo N. 36-13-2016, el reglamento de la Ley del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), donde se reafirma la función de verificación y seguimiento del cumplimiento de la Visión de País y Plan de Nación; pero además se debilita la gestión de independencia que se supedita a la presidencia de la República.
La convocatoria a los representantes del FONAC le corresponde a JOH a través del Ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, que se ha convertido en el principal obstáculo para que los gobiernos locales adquieran mayor autonomía financiera y política; se permite la participación de observadores permanentes convocados por el mismo JOH y provenientes de la Iglesia Católica y Evangélica (¿JOH gobierna con los evangélicos diría Marvin Ponce?). El Secretario Ejecutivo del FONAC es nombrado por los representantes al Consejo, pero es pagado con plata del gobierno. Lo más preocupante es que se considera como Plan de Nación un documento formulado hace diez (10) años que contiene ejes estratégicos sobre los cuales deben girar las intervenciones de los actores públicos, privados y sociales; este documento quedó obsoleto hace mucho tiempo, no solo en institucionalidad, sino también en diagnóstico de soporte, planes regionales, visión prospectiva, objetivos, metas e indicadores y alineamiento con los grandes objetivos de desarrollo humano latinoamericano y mundial.
En este marco, y después que el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA), decidieron no renovar el Convenio de creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), y coincidiendo con el Informe de Transparencia Internacional (TI) donde Honduras aparece entre los países más corruptos de Latinoamérica y retrocede en el combate y lucha contra la corrupción, se decide reactivar el FONAC, introduciendo reformas ( Acuerdo Ejecutivo N.130-2019), orientadas a formular y presentar políticas publicas y convertirse en un espacio de diálogo y concertación de acciones entre actores diversos. Por medio de estas reformas se permite que las iglesias (católica y evangélica) participen con voz y voto, y se asignan recursos financieros directamente por la Secretaria de Finanzas, pasando además de siete (7) a veintidós (22) miembros.
Uno de los productos que le interesan a JOH del nuevo FONAC, es la formulación de planes anticorrupción, seguridad y reformas electorales, aunque el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), pidió que se coloquen en la agenda de trabajo temas como salud, educación, ambiente, generación de empleo, migración y fortalecimiento de la institucionalidad. La coordinación del FONAC será ejercida por un miembro electo casa tres meses, iniciando con la Dra. Patricia Pérez, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANDEPH), la que renunció aduciendo problemas de salud, asumiendo el cargo su presidente, Cesar Chirinos, miembro del partido de gobierno y admirador de JOH.
El nombramiento de Omar Rivera como Secretario Ejecutivo del FONAC, recibió criticas de dirigentes de organizaciones comprometidas en la lucha contra la corrupción, ya que proviene de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) y ex/miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, creada por JOH y duramente cuestionada últimamente por avalar el ascenso de un Coronel al grado de General por el Congreso de la República, Leonel Sauceda, apresado recientemente y acusado por lavado de activos y extorsión. El nuevo secretario del FONAC aduce que la Comisión no tiene competencias para averiguar o investigar si los policías de alto rango tienen bienes y cuentas bancarias por encima del imaginario salarial que obtienen como empleados de gobierno. La preocupación crece, ya que se ha denunciada que existen varios oficiales coludíos con el narcotráfico y crimen organizado, sin que la Comisión de cuenta.
Otra preocupación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es que el nuevo FONAC con Omar Rivera a la cabeza, se convierta en una paralela de la institución que a la larga debilite sus acciones y compita por los recursos internos y externos que recibe; pero, sobre todo, contribuya a paralizar las investigaciones en marcha contra corruptos. No hay que ignorar que el FONAC es miembro del Consejo del CNA, por lo que puede incidir en las políticas y agendas de trabajo de la institución, que pueden ser contrarias al trabajo de la actual directora ejecutiva, Gabriela Castellanos. El CNA ha recibió reconocimiento internacional y ganado la confianza del pueblo hondureño en la investigación y denuncias de casos de corrupción en el país, ejemplo la “Caja Chica” de la Primera Dama que tiene en la cárcel a Rosa de Lobo, esposa de expresidente Porfirio Lobo, a lo cual suman otras investigaciones que involucran empleados públicos y diputados.
La Ley de CNA data de 2005, pero la vigencia del Consejo se remonta a inicios del año 2000, como una instancia para fortalecer la institucionalidad en materia de combate de la corrupción. El CNC tiene doce (12) miembros frente a veintidós (22) del FONAC, pero se destaca como la única instancia de representación nacional que busca encontrar mecanismos de lucha contra la corrupción, fortaleciendo sus estructuras y medios necesarios para lograr este objetivo. Entendemos como mecanismos el diseño de políticas públicas, planes, estrategias, programas, proyectos, leyes, observatorios, estudios, sistemas de información, seguimiento y evaluación; pero, sobre todo, agendas de trabajo para generar informes de investigaciones que conduzcan a identificar corruptos y corruptores, cuantificar lo robado y apoyar a los órganos de impartir justicia en el país. (Ver decreto N. 7-2005).
También se cuestiona que el nombramiento de Omar Rivera haya sido a propuesta del señor Hilario Espinoza, dirigente gremial, que fue denunciado por participar en el otorgamiento de contratos “oscuros” como miembro de la junta directiva del lapidado Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS). Un análisis más detallado de las organizaciones y sus representantes al FONAC, muestra que la mayoría son controladas por JOH, por lo que la institución se convierte en una institución más de gobierno.
Según César Chirinos, presidente de la ANDEPH, “Rivera fue propuesto por el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Hilario Espinoza, y esa propuesta fue secundada por unanimidad por las 18 organizaciones que participaron en la reunión” (La Tribuna: 28/01/2020).
Al verse el nuevo FONAC como una instancia de sociedad civil pero controlada por el gobierno, JOH esperaría obtener en el corto plazo varios resultados. El primero de servir como escudo a los cuestionamientos por actos de corrupción. El segundo, como instancia mediadora y concertación con Transparencia Internacional (TI) para que Honduras y su gobierno aparezcan en mejores posiciones en los años venideros electoreros. El tercero, una fuerza de apoyo de organizaciones de sociedad civil al Sistema Integral por la Transparencia en contra de la Corrupción y la Impunidad, recientemente creado, y donde participa también la Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional, Procurador General de la República (PGR), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Fiscal General como observador. En cuarto lugar, tratar de ejercer un mayor control en las acciones que ejecutan instituciones públicas, privadas y sociales en relación de las denuncias de actos de corrupción por funcionarios públicos y diputados.
No cabe duda que la corrupción e impunidad será un tema en la agenda y discurso político de dirigentes y partidos de oposición el año próximo, pero más allá de ello, se evidencia una mayor atomización institucional en la lucha contra la corrupción, donde varias organizaciones de sociedad civil comparten la agenda pública del gobernante en la materia, lo cual es malo para la democracia. “Pepe” Mujica diría, no solo para la democracia, sino también para el desarrollo.
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