En un pueblo dedicado a la agricultura y minería, una pareja de esposos con más de 50 años juntos no se imaginaron vivir la zozobra de que a dos de sus hijos los llevarán presos en la cárcel de máxima tortura llamada “El Pozo”, municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, acusado de incendiar la alcaldía de Las Vegas, en junio de 2018.
Albercia Guillen de 78 años y Natividad Enamorado de 82, son los progenitores de Faustino y Ovidio, luchadores sociales y presos políticos que ahora se defienden en libertad, tras sufrir una serie de violaciones a sus derechos humanos desde la persecución política hasta el encarcelamiento el 30 de agosto de ese año.
En esos días de encarcelamiento, únicamente doña Albercia pudo ir a visitarlos, pese a que el trayecto es un poco complicado por la situación de la calle de tierra, el coste económico que implica la movilización y el papeleo que autoriza la visita en los centros penales. Hizo cuatro viajes desde Las Vegas hasta Ilama, pero solo una vez los pudo abrazar.
-Porque no tenía carnet de visita-
Frente a un altar tradicional católico, la señora no contuvo las lágrimas, pues ante ese mismo lugar rezaba a Dios para que le protegiera a sus hijos presos injustamente por el capricho de personas inescrupulosas que los acusaron de hechos que no cometieron.
Faustino y Ovidio son reconocidos defensores de derechos humanos en el departamento de Santa Bárbara, al noroccidente del país, donde se han organizado con otras personas para acompañar procesos de defensoría.
La noche del 18 de junio los hermanos Enamorado y Nelson Álvarez, ejerciendo la observación y procuración de derechos humanos en el marco de una protesta social, advirtieron sobre el eminente riesgo entre una muchedumbre enardecida y elementos militares, incluso le dieron a la alcaldesa Petrona Audonifia Pineda “Mila de Lara”, que no se acercara, recibiendo es ella una respuesta indiferente, ya que quería entrar al edificio.
Mila de Lara, del Partido Nacional, es esposa de Ramón Lara Bueso, ex director del Instituto Nacional Agrario (INA). Cabe señalar que es alcaldesa de Las Vegas desde el año 2010, siendo este su tercer periodo a cargo del pueblo minero.
En total, se culpó a 31 personas, de cuales una fue sobreseída, otra concilió y una tercera víctima fue remitida a otra jurisdicción. Por lo que 20 hombres y 8 mujeres siguen el proceso encaminado a un juicio oral público por supuestamente acusados del incendio en la municipalidad. Nueve de ellos estuvieron tres meses en El Pozo.
“Esto fue horrible, horrible, cuando me di cuenta que los habían golpeado y tratado como delincuentes. He llorado mucho por ellos, pero cuando los vi en la cárcel se me secaron los ojos, los vi blancos-blancos (sin recibir sol), creo que los iban a matar”, relató la madre de casi ocho décadas.
La alcaldesa los acusó, pero se va hacer justicia, aseguró la señora.
“Una de las consecuencias en esta persecución es la desintegración familiar y desempleo en la minera. A ellos los han alejado de sus hijos y no tienen trabajo”, interfirió don Natividad.
A nuestros hijos e hijas las educamos con buenos valores familiares, responsables y trabajadores, agregó el papá, mientras compartía una taza de café, del mismo que produce en su finca.
“Estar en la cárcel es lo más horrible que sus hijos han podido vivir, porque no se compara ni a las enfermedades que ha padecido Ovidio. Nunca habían estado en la cárcel, a ellos los acusan por defender derechos humanos, es una injusticia que no le vemos sentido”, Natividad Enamorado.
Ante la pregunta si ¿es delito protestar? Sí, es delito protestar aquí, dijo don Natividad. “Y nos da miedo platicar mucho de esto, hay violencia en el municipio” complementó doña Albercia.
La situación que enfrentan sus hijos es ajena a su voluntad, madre afirmó que “nunca imaginé vivir ésto, por que ellos solo hacen el bien”.
La pareja de adultos mayores caminaron hacia su habitación, y ella concluyó diciendo que “Yo se los encomiendo a Dios y a la Virgen…” juntó sus manos y lloró.
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