A semanas de cumplirse el cuarto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que conformaron la Misión de Observación Calificada hacen público el informe “Una deuda histórica de la justicia,” que documenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones resultantes del juicio contra las primeras ocho personas juzgadas en 2018 por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro el 2 de marzo de 2016.
“El fin del informe es proporcionar una herramienta que permita a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional dar seguimiento al proceso judicial por el asesinato de la lideresa Lenca, comenta Reynaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos, integrante del CAJAR en Colombia y Vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y miembro de la Misión. “Como organizaciones de derechos humanos que han dado un seguimiento constante en la Causa Berta Cáceres, vimos la necesidad de promover y evaluar el respeto de derechos y libertades bajo los estándares internacionales y la normativa nacional en los casos relacionados a personas defensoras de derechos humanos y el sistema de justicia hondureña.”
El informe destaca los hallazgos de la observación efectuada durante el juicio de 2018 que concluyó tras una sentencia condenatoria en la que se establece que Berta Cáceres fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del pueblo Lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Por la autoría intelectual del asesinato no ha sido sentenciada ninguna persona, sin embargo, David Castillo, gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fue capturado en 2018 y acusado por el Ministerio Público como parte de la autoría intelectual.
“Berta Cáceres vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco,” afirma Joseph Berra, abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California en Los Ángeles. “Aunque ella denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección.”
Trabajadores y extrabajadores de la empresa DESA y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel tras un juicio que evidenció que Berta sufrió campañas de difamación e intentos de criminalización, junto con campañas que buscaban acosarla. El tribunal dio por probado que el asesinato de Berta Cáceres se dio con el conocimiento y consentimiento de otros ejecutivos de la empresa DESA.
“La Misión ha constatado a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema, que continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población hondureña,” explica Villalba. “Esta Misión recuerda al Estado de Honduras que al no proteger este marco de bienes jurídicos, tales como los derechos a la verdad y al debido proceso podría comprometer otros derechos fundamentales. Estas debilidades no permiten al Estado garantizar la no-repetición de violaciones graves de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres.”
El informe formula una serie de recomendaciones al Estado hondureño, como adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el Convenio 169, y desarrollar un marco normativo y jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras.
“Desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y afro-descendientes han sido asesinadas en Honduras,” agrega Berra. “Estos crímenes han quedado en la impunidad. La garantía de no-repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos. La justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas.”
El respeto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no sólo por representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña.
El informe nota con preocupación otros vacíos y falencias en causas judiciales paralelas que dieron lugar a pocos avances como la deliberada intención de agentes del Estado de omitir, obstaculizar y entorpecer la investigación de la autoría intelectual de los hechos.
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