Pronunciamiento
El Comité Pro-Liberación de los Presos Políticos de Honduras, comunicamos a la comunidad Nacional e Internacional, que hace dos años la población hondureña se manifestó fuertemente contra el fraude electoral. En todo el país se desarrollaron manifestaciones pacíficas prolongadas, el régimen de facto respondió con la práctica de la aniquilación física del oponente político contra la dictadura. Asignaba una vez más a las fuerzas militares y de policía la tarea de destrucción de las voces oponentes.
Con las acciones militares en los barrios y colonias fueron aterrorizadas las manifestaciones y tomas de carretera desmanteladas con balas y gases lacrimógenos. Más de 38 personas cayeron por las balas militares y de paramilitares en este contexto, y miles fueron detenidos. De éstos, 176 fueron criminalizados por delitos contra la Seguridad interior del estado y enviados a cárceles de máxima seguridad.
Este tipo de represiones jamás podrá borrarse la memoria colectiva, las persona y organizaciones indignadas por la desproporcionada respuesta del régimen dictatorial conformaron este Comité que se propuso un plan estratégico de salida a la emergencia, rescatar la libertad perdida por los oponentes políticos.
En la memoria nacional, quedará grabada la falta de voluntad real del poder legislativo para implementar una salida política al conflicto mediante un decreto de amnistía amplia e incondicional, que resolviera el problema y poner fin al encarcelamiento de decenas de personas privadas de libertad en centros de máxima tortura, donde su vida e integridad estuvieron siempre en riesgo, en muchos casos se materializo la violación la integridad de los prisioneros que fueron objeto de diferentes prácticas de tortura.
Transcurridos más de dos años de este conflicto, el régimen prepara sus tribunales para llevar a juicio a los oponentes políticos. El subjetivo Ministerio Público, sin pruebas solicita la programación de las Audiencias de debates. Así el régimen logra su venganza castigar al que se pronuncia, 16 oponentes van juicio en este primer semestre de 2020. Los Juicios sin garantías para los procesados son un nuevo salto en la ilegalidad de la escalada represiva del Estado.
Exigimos la nulidad de los juicios y la libertad de todos los presos y presas políticas, que aun guardan prisión en diferentes centros penales del país donde se ha abusado de la prisión preventiva.
Los días 11 y 13 de febrero de 2020 se celebran audiencia preparatorias inclusos en tribunales de menores. Miembros de este Comité fuimos testigos de la falta de objetividad del Ministerio Público que no sólo acusa al oponente, también a las organizaciones a las que pertenecen calificándolas de estructuras organizadas peligrosas.
Condena que los oponentes políticos que pasaron casi dos años en prisión preventiva, tengan que enfrentar juicios en estructuras que no respetan la independencia de poderes.
Los presos políticos no están siendo juzgados por hechos si no por sus opiniones, por que piensan, discuten, se pronuncian y organizan.
El Ministerio Público no busca justicia busca reprimir y amedrentar a la oposición política organizada.
Para los criminalizados exigimos nulidad de los Juicios, por Injustos.
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