La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, María Soledad Pazo, presentó esta semana el informe final sobre el uso letal de la fuerza militar y policial durante el golpe electoral de 2017.
Las fuerzas de inseguridad -especialmente la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el Ejército- utilizaron fuerza excesiva para dispersar las protestas, incluyendo fuerza letal para aterrorizar, lo que provocó muertes y heridas de manifestantes y transeúntes.
En resumen, el texto documenta que las fuerzas represivas de la dictadura de Juan Orlando Hernández provocaron 23 muertes violentas, hirieron con armas de guerra a 25 manifestantes, torturaron a 25 seres humanos opuestos al fraude, y desaparecieron al estudiante Manuel de Jesús Bautista Salvador el 3 de diciembre de 2017, en Naco, Cortés.
Al respecto, el Ministerio Público informó a la ONU que en la investigación de estas violaciones enfrenta la obstrucción de parte de las Fuerzas Armadas como responsable de los hechos, pero irónicamente la Fiscalía General se niega a aceptar hasta hoy la colaboración técnica del Alto Comisionado. De modo que la impunidad es absoluta.
En la víspera de la publicación de este informe trascendió a través de medios digitales que la representante del Alto Comisionado de la ONU está bajo presión política del régimen impostor para desmantelar la oficina en Tegucigalpa, así como hizo ya con la MACCIH, la UFECIC y el CNA, próximamente. Sin embargo, ninguna reacción oficial al respecto ha trascendido hasta ahora.
La dictadura militar, religiosa, liberal-nacionalista cuenta con oficinas de Lobby mercenario en Nueva York, Washington, Ginebra y Bruselas, para lograr esos propósitos perversos. Los servicios de esos carteles lobistas cuestan más de medio millón de dólares por mes. El objetivo final es repetir las condiciones de la vieja crisis electoral en noviembre de 2021, para imponer una vez más en el poder a la red criminal que dirige el Cartel de Lempira. Para disimular esa macabra intención, piden al Congreso que apruebe la reglamentación de la ilegal reelección presidencial y que reforme la ley electoral, un discurso mil veces repetido para justificar al final la imposición militar de los resultados con el aval de la embajada de los supremacistas blancos de la avenida Los Próceres.
Entre otros falsos mensajes que difunden los mercenarios mediáticos para crear ese ambiente, sobresale la disminución de los homicidios cuando en realidad lo que disminuyeron son los indicadores de medición y limitaron el acceso a la información por parte del observatorio universitario de la violencia. Sus masacres, feminicidios y homicidios son múltiples a nivel nacional, pero los ocultan bajo la categoría de muertes indeterminadas.
También los sicarios de la información al servicio de la dictadura difunden falsos éxitos en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, precisamente los campos de mayor actividad criminal de la red que controla las instituciones públicas de Honduras en complicidad con el Pentágono, la Casa Blanca y la Unión Europea. Son precisamente ellos quienes hacen imposible la justicia.
Después de la publicación del texto de la ONU en cinco idiomas, titulado: “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017” se han producido, entre otras, dos reacciones interesantes a considerar esta noche.
Como era de suponerse, el ejecutivo impostor reaccionó en modo chafa con el anuncio de incrementar el número de generales de policía y de entrenar nuevas tropas armadas al servicio de los objetivos dictatoriales.
Pero también como era de esperarse, las organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron pública su voz en un comunicado tras la publicación del informe del Alto Comisionado de la ONU. Un total de 76 organizaciones avalan el contenido y respaldan a María Soledad Pazo “por su compromiso de exigir al Estado hondureño el cumplimiento de las obligaciones conforme a los estándares internacionales en relación con el respeto a los derechos humanos, y por su atención y escucha hacia las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos”. También la Coalición lamentan la total ausencia de voluntad de la dictadura “para cumplir con sus compromisos de investigación, juicio y sentencia condenatoria a los responsables de homicidios, detención ilegal y abuso de autoridad”.
Las organizaciones integrantes de la Coalición contra la Impunidad –entre ellas el Cofadeh– califican de tapaderas y cómplices a la Secretaría de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público y específicamente a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos por su silencio.
En febrero de 2018, la Coalición contra la Impunidad señalaba que 33 personas fueron asesinadas entre noviembre 2017 y enero 2018, cientos de manifestantes heridos y más de mil detenidos (mil 85 documentó el cofadeh), además de 30 opositores políticos, liderazgos sociales y periodistas que tuvieron que abandonar el país.
Bueno, entonces aquí tenemos los argumentos para hacer entender al mundo por qué Honduras se está vaciando, por qué su tesoro más preciado –niñas, jóvenes, mujeres y hombres– va camino al norte sin importar los obstáculos. Aquí el ejército les dispara a matar. El cartel les roba el dinero, la policía los extorsiona y la justicia no los determina. Y una tras otra vez este pueblo deportado volverá en retorno contra todos los muros de la Tierra, para demostrar que su esperanza se agotó en Honduras. Y que su escape de la violencia oficial, el empobrecimiento y el crimen organizado es una decisión tomada, cueste lo que cueste.
Es eso lo que queremos? No! Pero eso es lo que hay. Europa y Norteamérica van a tener que tragarse esta ola, inevitablemente, como respuesta a su estupidez de mantener aquí una dictadura expulsora, represora, corruptora, canalla.
Buenas noches!
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