La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a dos años de la crisis post electoral de 2017, presentó un informe en el que señala que, hasta la fecha, el Poder Judicial sigue sin dictar sentencias condenatorias en los casos por violaciones a derechos humanos cometidas en su mayoría por fuerzas militares y policiales.
En la presentación del informe “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017”, la representante de la Oficina del Alto Comisionado, María Soledad Pazo, denunció que, “dos años después de los hechos la mayoría de las violaciones en la que se abrió una investigación, incluidas las ejecuciones sumarias o extra judiciales, continúan bajo investigación y no han resultado en la responsabilidad judicial de los autores y en justicia para la víctimas”.
La OACNUDH indica que hasta septiembre de 2019, el Poder judicial había desestimado, en la fase preliminar, siete de 15 casos, por los delitos de tortura, abuso de autoridad, detención ilegal, vejámenes, allanamiento de morada, las cuales habían sido formuladas contra diez acusados, miembros de las fuerzas de defensa y seguridad. “Los jueces consideraron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para abrir una causa penal”.
Yessica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, opina que en el actual contexto no se puede hablar de cumplimiento de medidas ni de respeto a los derechos humanos “porque estamos en una dictadura”.
Según el informe de la OACNUDH, presentaron ante autoridades del Ministerio Público una lista de 74 casos, entre ellos 23 homicidios, 25 heridos, 25 casos de tortura y malos tratos y una desaparición forzada. “El Ministerio Público informó a la
OACNUDH que en la investigación de estas violaciones, había enfrentado obstáculos y obstrucción por parte de las Fuerzas Armadas, tal y como se explica en partes subsiguientes de este informe”.
Sin estrategia
De acuerdo al informe de la Oficina del Alto Comisionado, en febrero de 2018, el Estado de Honduras, a través de su Ministerio Público, anunció la creación de un Equipo Interinstitucional integrado por personal de Dirección de Fiscalía, Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, Medicina Forense, la Dirección Policial de Investigaciones de la Policía Nacional, Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la Unidad Especializada en Delitos cometidos por la Policía Militar, el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad, para «cruzar la información, dar seguimiento a los avances de las investigaciones, verificar y vincular los casos con el contexto electoral».
Sin embargo, el mismo informe señala que el Equipo Interinstitucional se estableció sin una disposición administrativa formal, que no se asignaron recursos adicionales a las entidades participantes y que, a fines de octubre de 2019, el Equipo no había puesto a la disposición del público ninguna información sobre su trabajo y conclusiones.
Para el ex fiscal general de la república, Edmundo Orellana Mercado, la investigación de los casos y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos será difícil, puesto que se está frente a policías y militares quienes tienen el poder y los medios para evitar que los investiguen: “por ejemplo, si destacaron un equipo de la Policía Militar a eventos específicos donde hubo violaciones a los derechos humanos, el Ministerio Público no puede procesar la toda la institución tiene que identificar quienes daban las ordenes y para eso hay que pedir la información a las Fuerzas Armadas”.
La doctora Juliett Handal, coordinadora de la Convergencia Ciudadana, frente a las puertas de un nuevo proceso electoral, propone instalar un mecanismo de exigencia de la comunidad internacional para que el Estado de Honduras dé cuenta de los fondos destinados para el respeto a los derechos humanos, seguridad y justicia.
“El que paga la fiesta debe exigir las condiciones. Es una oportunidad para la comunidad internacional, que tiene bien clara las recomendaciones, y este reporte que es gravísimo, castigue al país, esto no puede ser manejado de forma diplomática porque hay pueblo sufriendo y que se va”, dijo Handal.
A criterio de Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el informe temático de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evidencia que la población se enfrenta a una política criminal de Estado: “y las dictaduras, lógicamente, solo se mantienen en el poder con servidores que es la remilitarización que estamos viendo. Es preciso decir que el informe nos indica el camino con las recomendaciones para devolverle al Estado las garantías mínimas en derechos humanos, pero no hemos avanzado”.
Entre los datos, la OACNUDH destacó que producto de la crisis post electoral documentó cargos penales contra al menos 114 personas por su presunta participación en crímenes cometidos durante las protestas: los delitos incluyen delitos contra la seguridad del Estado y el orden público, contra la propiedad (daños, incendios provocados, producción de material explosivo y robo), o posesión ilegal de armas.
En ese sentido, el analista Fernando García comenta que el informe “señala en una forma clara y evidente las violaciones a los derechos humanos individuales en el marco del proceso electoral, de esa manera es un documento más que evidencia el comportamiento del aparato del Estado y la tendencia a la militarización de la sociedad”.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos reiteró que las autoridades gubernamentales deben de abstenerse de desplegar las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público en la vigilancia de protestas y manifestaciones.
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