Representantes de la Colación por la Renovación de
la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras (MACCIH)
Pese a los vínculos directos que tiene con el Partido Nacional y Juan Orlando Hernández, quienes son los más señalados y procesados por corrupción, la Coalición por la Renovación de la MACCIH demanda que la relación de autoridad de la Unidad Fiscal Especial Contra las Redes de la Corrupción (UFERCO) sea directamente con el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla.
El pasado viernes (24/01/2020), el Ministerio Público anunció la creación de la UFERCO, en sustitución de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECI).
“La UFERCO necesita la protección del Fiscal General, con el acompañamiento de la comunidad internacional y que se restablezcan las condiciones mínimas con las que venía funcionando la UFECIC/MACCIH”, demandaron, en conferencia de prensa, las organizaciones que integran la Colación por la Renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El diputado Yahvé Sabillón, coordinador del Frente Parlamentario e integrante de la Coalición por la Renovación de la MACCIH, asegura que la independencia de la UFERCO no será posible si esta depende de la Dirección de Fiscales, “porque cuando se depende de una persona de bajo rango se es más manipulable por las altas esferas del Estado”.
En cuanto a las leyes que imposibilitan la lucha anticorrupción, la Coalición exige “desmontar” el nuevo Código Penal, la Ley de Secretos y las reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas que limita la investigación penal contra diputados y funcionarios públicos.
La ex diputada Fátima Mena, coordinadora de la Colación por la Renovación, indica que, en el nuevo Código Penal, el cual entrará en vigencia el 10 de mayo, los delitos contra la administración pública “están mal tipificados, es una forma tan compleja” que al final se vuelve casi imposible que el Ministerio Público puede presentar una acusación”.
Mena detalla que en el nuevo Código Penal se establece que el delito de fraude se tendrá que probar a través de una contratación pública, la que debe de cumplir con todos los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, algo que será imposible, porque las redes de corrupción operan de otra manera
Un ejemplo de ello es el caso de Rosa Elena de Lobo, quien fue condenada a 58 años prisión, 10 por apropiación indebida y 48 por fraude, con el nuevo Código Penal “se le caen 48 años”, dijo Mena.
Por su parte, Carlos Sierra, investigador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), no descarta que las intenciones del gobierno nacionalista, al crear la UFERCO, sean contaminar e incluso destrucción de los expedientes de los casos que investigaba la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Sierra recuerda que el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, fue nombrado bajo las componendas políticas entre nacionalistas y liberales: “el Fiscal General seguirá seleccionando los casos con un sesgo de protección a la corrupción”.
En declaraciones a Radio Progreso, la jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, aseguró que la MACCIH/UFECIC investigaba a 50 diputados, al tiempo que afirmó que como Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH nunca tuvieron acceso a los expedientes de los congresistas que serían procesados tras finalizar las investigaciones.
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