Durante 2019 se registraron 12 casos de agresiones en línea contra mujeres periodistas.
De acuerdo al Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), en el último año, 20 trabajadores de la comunicación e información han sido víctimas de desplazamiento forzado, quienes han huido de sus comunidades para garantizar su integridad física y emocional.
“Cuando un periodista se ve forzado a huir del país, están quitándole sus fuentes de ingreso y le impide a la ciudadanía de enterarse de la realidad que está narrando el periodista. Pareciera que es una cifra pequeña, pero cuando hablamos de 20 medios de comunicación y periodistas, y que es el único año en el que ha ocurrido, es cifra impresionante”, expresa Amada Ponce, directora de C-LIBRE.
El informe “Del Silencio Informativo al Éxodo”, retrata el caso del periodista Joel Mejía, quien se vio obligado a cerrar su medio de comunicación y abandonar el país, tras recibir amenazas a muerte, las cuales fueron denunciadas ante el Ministerio Público; “El MP no mostró interés para investigar las alertas que el emitía por amenazas. Acudí a la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) y al MP y jamás hicieron algo”, detalla el informe.
Los casos de desplazamiento forzado de periodistas y trabajadores de la comunicación se identificaron en los departamentos de Comayagua, Yoro, Olancho y Francisco Morazán, puntualiza C-LIBRE.
Agresiones
El Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) informó que, durante 2019, se registraron 120 alertas por agresiones a la libertad de expresión y el asesinato de ocho trabajadores de la información.
Cesario Padilla, coordinador de la Red de Alertas en C-LIBRE, especifica que los mayores agresores de la libertad de expresión son los agentes de la fuerza pública, a través del estamento policial y militar, y funcionarios públicos como diputados y secretarios de Estado.
Padilla indica que la mayoría de las agresiones a libertad de expresión se dieron contra comunicadores que realizaban cobertura periodística en la calle.
El peso de la violencia se ve reflejado en el incremento de amenazas, intimidaciones, casos de tortura, secuestros, intimidaciones y hostigamiento, se da conocer en el informe.
En ese sentido, C-LIBRE reveló que Francisco Morazán es el departamento de Honduras donde más casos violaciones a la libertad de expresión se reporta, de 119 alertas, entre 2018 y 2019, 57 fueron contra periodistas y comunicadores sociales.
Por su parte, Celeste Espinoza, integrante del área de ciberseguridad de C-LIBRE, informa que durante 2019 se registraron 12 casos de agresiones en línea contra mujeres periodistas, los ataques incluyeron difusión de contenido íntimo sin consentimiento, lo que se conoce como pornografía de venganza.
“En el nuevo Código Penal, particularmente para este tipo de agresiones contra las mujeres, no garantiza ninguna protección y sanción, principalmente porque el Código contiene regulaciones destinadas a promover la censura y no a proteger”, señala Espinoza.
Asimismo, indica que el informe sobre libertad de expresión 2019 plasma que el espacio en línea ha sido utilizado para generar campañas de desmovilización y de estigmatización contra periodistas altamente críticos y defensores de derechos humanos.
En el caso de los defensores de derechos humanos, que están resistiendo frente a proyectos extractivos, tiene la particularidad de ser víctimas de campañas de desprestigio diseñadas para amplificar mensajes en contra de sus resistencias y asociándolos con otros mensajes que les estigmatizan, explica Celeste Espinoza.
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