Es un delito dar muerte a otra persona en circunstancias que impliquen alevosía, planificación, un precio, recompensa o promesa, y ejecutarlo con saña para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. Y si la víctima tiene un cargo, una visibilidad pública de beligerancia u otra condición relevante, eso convierte este delito en un crimen político.
En los últimos seis días el Partido Nacional, en el gobierno desde 2010 hasta la fecha, sufre el dolor interno de perder a cuatro importantes activistas de base en las colonias periféricas de Tegucigalpa, la Capital, en las circunstancias arriba descritas: asesinados en forma violenta o tiroteados de modo alevoso.
Las víctimas tenían nombres y apellidos. Oscar Obdulio Licona, líder del cañón azul de Comayagüela, asesinado el 30 de enero. El 4 de febrero, encima de la fiesta chafarótica de la virgen de Suyapa, fueron asesinados Dagoberto Villalta en la colonia Obrera y Marcial Martínez, en la colonia Villanueva. Y ayer viernes 7 de febrero, hirieron de muerte a Melvin Josué Oyuela Aguilera, líder de las colonias Monte de los Olivos, nueva Australia y nueva Jerusalém, quien aún sufre en estos momentos.
Las víctimas participaban de la melée interna del gobierno azul y eran militantes de los movimientos presidencialistas del alcalde Asfura, del presidente del Congreso Mauricio Oliva, del ministro de Desarrollo Social Reynaldo Sánchez y del vicepresidente Ricardo Álvarez. Murieron a manos de hombres armados con pistolas automáticas, quienes se desplazaban en motocicletas.
Las cuatro víctimas hasta ahora eran de esos hombres leales a su partido, que reciben y transmiten indicaciones, líneas verticales y órdenes de la dictadura, para hacer funcionar una maquinaria que no solamente controla información, recursos y poder en los barrios y colonias, sino que además coordinan con las instituciones del Estado asaltadas por el crimen organizado. Sus familias recibieron mensajes de condolencia de toda la estructura del régimen y promesas de castigo a los responsables.
El resto de la población hondureña, que observa críticamente esta situación, que sufre un promedio de 10 asesinatos de personas por día, está intrigada además por las primeras tres reacciones de altos cargos del régimen nacionalista.
La primera reacción fue de Mercedes Saravia, una dirigente ruidosa del Partido Nacional, próxima a la cúpula, quien exigió a la policía que dirija sus investigaciones hacia los líderes del partido Libertad y Refundación (Libre).
«Mel Zelaya financia este tipo de acciones a través de organizaciones internacionales y nosotros sabemos que ellos están causando estos daños en nuestro país a través de las maras», acusó Saravia.
Por su parte el líder de la manada, como se autodefine Juan Orlando Hernández, anunció serias consecuencias para los responsables de los crímenes, y casi de inmediato fueron arrestados cuatro jóvenes integrantes de la Mara Salvatrucha, MS13.
En contraste total el vicepresidente de Honduras, Ricardo Álvarez, escribió en su twitter que los crímenes contra Obdulio, Dagoberto, Marcial y Melvin no son el producto de acciones aisladas dentro del contexto de violencia generalizada que sufre Honduras desde 2009.
“Ellos eran mis amigos y sus muertes no son fruto de la casualidad, son producto de un plan preconcebido, y si las autoridades en las que hemos invertido tanto no resuelven sus casos, entonces no resolverán nada”. Eso dijo.
En el caso de Obdulio Licona, la propia víctima había publicado en sus redes sociales a finales de diciembre que si algo ocurría contra su vida era responsabilidad de personas pertenecientes a su propio Partido Nacional. Y las menciona con nombres y apellidos, y le pide cuentas al dirigente Mario Pineda.
Entre todo, es imposible no escuchar eso que dijo Ricardo Álvarez. Asusta la capacidad de muerte de un plan preconcebido dentro de un partido que controla los tres poderes del estado, las iglesias católicas y evangélicas, los medios tradicionales de comunicación, el ejército, la policía y los carteles del crimen organizado. Todo.
¿Un plan preconcebido por quién y para qué? No lo sabremos, porque Ricardo Álvarez será obligado inmediatamente al silencio, él está con la soga en la garganta. Un paso en falso que de su propio partido lo ahorca. Es vulnerable absolutamente.
Entonces, en momentos cuando el sostén de la dictadura hondureña, Donald Trump, viene de evadir un juicio político con los poderes republicanos, no dudamos que localmente la estructura millonaria del Partido Nacional llegará a un pacto interno para detener su propio desangre de cara a las nuevas elecciones “estilo Honduras” que están en curso. O inventará una desviación de la atención pública con hechos peores, como hemos visto en el transcurso de estos años. Es posible, porque su estrategia es una sola: seguir entregando el país a los buitres.
Todas las señales que observamos indican que, lejos de importarse por el examen universal de los derechos humanos previsto en mayo en Ginebra, el régimen hondureño avanza a la continuidad de un modelo corrupto, violento y depredador de los derechos humanos. Y de los bienes naturales.
El hecho de haber ignorado los 23 asesinatos políticos documentados por la ONU entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, es una señal del régimen de Hernández que no le importa la vida de nadie, ni de las personas en resistencia a su régimen ilegítimo ni la vida de sus propios correligionarios que sucumben en la base a las aspiraciones perversas de las élites.
En consecuencia, antes de sufrir aún más la agudización del crimen político, que destruye comunidades, organizaciones, partidos políticos y naciones, aprovechamos esta noche para hacer un llamado a permanecer alertas, siempre alertas, porque con dinero sucio y con estructuras armadas, los psicópatas con poder son capaces de cualquier cosa.
No permitamos que las ambiciones de poder por el poder mismo lleven permanentemente a Honduras por el camino del encierro, destierro, entierro. No. Nunca más.
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