Policía y militares principales atacantes a la Libertdad de Expresión// Texto y fotos: Sandra Rodríguez
El informe “Del silencio informativo al Éxodo” presentado este martes 11 de febrero por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), evidencia patrones de ataques contra la prensa nacional, así como el aumento a las violaciones a los derechos humanos en los años 2018-2019, en el marco del post fraude electoral, que permitió que Juan Orlando Hernández continúe en el poder.
Son dos documentos los que se compartieron, comprendiendo los últimos cuatro años, expresó Amada Ponce, directora ejecutiva de C-Libre, quien explicó los hallazgos del informe, centrados en la violencia contra los y las trabajadores de la comunicación e información, y el endurecimiento de la normativa jurídica nacional en el acceso y controlar-censurar de la información.
Los mayores agresores son agentes de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que manifiestan la extrema violencia en contra del gremio periodístico. En los últimos 10 años la organización ha registrado 79 crímenes contra trabajadores y trabajadoras de la comunicación, pero los ataques también llegan a defensores de derechos humanos y manifestantes, expuso Ponce.
El último ILE data la alerta 011-2019, referente al amedrentamiento del cual fue objeto los y las asistentes al “Plantón por la Memoria” que realiza el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), por parte agentes de la Policía Nacional y Policía Municipal del Distrito Central. (Cabe señalar que este hecho ha sido reiterativo, pese a que es de conocimiento general que el plantón se realiza desde 1982, cuando la Madres de los Pañuelos Blancos exigían que se les devolviera a sus hijos detenidos desaparecidos, hasta el día de hoy, continúa la exigencia de verdad y justicia).
Expone, además, desde un enfoque específico en materia de seguridad para periodistas los temas de asesinatos, desplazamiento forzado, violencia, protesta social, censura, bloqueos informativos y negociación de la información.
En los últimos dos años, C-Libre registró 237 alertas por agresiones a la libertad, entre ellas ocho por el asesinato de trabajadores de la comunicación e información en 2019, mientras que en 2018 no hubo pérdidas humanas.
La mayor cantidad de crímenes se dieron en los departamentos de Copán y Cortés, también Valle, Gracias a Dios y Santa Bárbara, pero es Francisco Morazán, especialmente Tegucigalpa donde hay más violaciones a la libertad de expresión. Esto se debe a que es la zona donde se concentra el poder político, afirmó Saúl Bueso, presidente de C-Libre.
Otro factor que impide el respeto a la libertad de expresión es que los medios de comunicación privados no dejan avanzar a los medios comunitarios, como ser las radios, debido a la concertación de poder, refirió Bueso en las conclusiones del informe.
Dato: Desde 2018, Honduras volvió a estar en el ojo del mundo ante las masivas caravanas migrantes forzadas con destino a los Estados Unidos, pese a las amenazas del gobierno de Donald Trump, con quitar la ayuda económica al “triángulo norte” de Centroamérica. En 2019 más de 105 mil personas fueron retornadas; y el 15 de enero del 2020 emprendió otra caravana, muchas personas en un nuevo intento de llegar a Norteamérica.
En el caso de libertad de expresión, el desplazamiento forzado, se identifica como una nueva tipología de agresión, con 20 casos confirmados de trabajadores de la comunicación que huyeron para garantizar su integridad física y emocional.
Mientras que la censura se agudizó con el cierre de espacios informativos producto del abordaje crítico contra régimen por parte de los y las periodistas que los conducen.
Además, son los periodistas son las mayores víctimas de bloqueo de redes sociales por parte de funcionarios públicos, quienes utilizan estos espacios como fuente de información para dar a conocer sus trabajos dentro del erario público
C-Libre exhorta a reflexionar sobre el rol desempeñado por el “Mecanismo de Nacional de Protección para personas Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. El Estado hondureño no está cumpliendo con la obligación de prevenir la violencia contra las y los periodistas.
Así como el cumplimiento del mandato de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) y del Mecanismo Nacional de Protección a dichos sectores, de investigar los casos y la protección debida y diferenciada hacia trabajadores y trabajadoras de la comunicación.
El evento se realizó en el marco del aniversario número 50 de la Carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por lo que fueron en su mayoría, los futuros periodistas quienes conocieron el informe, en el lugar que muchas veces ha sido violentada la libertad de expresión.
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