Por Riccy Ponce
El Tribunal de Sentencias de Juticalpa, Olancho, en audiencia de excepciones y nulidades dictó sobreseimiento definitivo a ambientalista de la comunidad de Cuaca, ubicada en el municipio de Gualaco, quienes habían sido querellados por Nery Roberto Murillo Montalván por los delitos de injuria y calumnias en su contra.
Los ambientalistas Iván Juárez y Meregildo Guillén acudieron al Ministerio Público para pedir que investigara un corte de madera que se estaba realizando en la comunidad, pero en vez de investigar, le notificó al empresario que había sido denunciado ante ese ente de justicia.
El maderero, “sintiéndose afectado por la denuncia”, acusó a los dos ambientalistas de los delitos de injurias y calumnias, quienes habían ejercido su legítimo derecho de pedir al Ministerio Público una investigación por el corte de madera que perjudicaría directamente a la comunidad, ya que se estaba realizando en una fuente de agua.
La abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), quien tiene la representación legal del caso, dijo que “el Tribunal decretó con lugar las excepciones y nulidades planteadas por esta defensa, las que consistían en excepciones, por falta de acción, ya que no se tuvo que promover ni perseguir”.
Añadió que “la parte acusadora presentó una querella por los delitos de injuria y calumnia contra los ambientalistas de la comunidad de Cuaca, nosotros como defensa argumentamos que en ningún momento nuestros representados cometieron ese delito, en virtud de que ellos solo ejercieron su derecho Constitucional, que es el derecho a la petición, mismo que realizaron a través de una denuncia que interpusieron en el Ministerio Público, quien es el ente investigador, tal como lo establece en el Código Procesal Penal, y fue lo que hicieron nuestros representados”.
Asimismo la abogada dijo que “acudieron a esa instancia nacional solicitando que realizara una investigación sobre la comisión de delitos que en este caso es la tala ilegal de los bosques, ya que ellos como comunidad de cuaca son los afectados directamente”.
Cárdenas añadió que “ante esto el Tribunal nos da la razón y establece que declara con lugar nuestras excepciones y nulidades, en virtud de que nuestros representados a presentar la denuncia que prevalece un interés colectivo, en ningún momento ellos utilizaron algún medio de comunicación ni de radio ni televisión, entonces consideraron que ellos solo utilizaron un derecho Constitucional”.
Por su parte Iván Juárez, uno de los defensores querellados, dijo que “me parece muy bien la resolución del juez ya que como defensor de los pueblos indígenas de Gualaco, hemos estado trabajando a favor de las comunidades, y por esa causa siempre hemos tenido conflictos, ya salimos libres de esa querella y ojalá salgamos bien de lo que estamos pasando”.
El otro ambientalista acusado, Meregildo Guillen, expresó que “por esa querella nos sentíamos preocupados, ya que usted sabe que solo estábamos defendiendo nuestra comunidad, por eso agradecemos a las abogadas del COFADEH, ya que nosotros somos de una aldea remota y por eso acudimos a las leyes, que ellas nos amparen porque nosotros directamente no sabemos”.
” Nosotros nos sentimos preocupados porque el bosque día a día se lo están llevando y nos están dejando sin agua, ahora no nos podemos ni bañar”, añadió el ambientalista.
En Honduras es común que los defensores y defensoras de los bosques y de los bienes comunes sean criminalizados al realizar la defensa de los mismos, para beneficiar a los grandes empresarios que solo buscan el beneficio propio y no el de las comunidades.
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