Por Riccy Ponce
Un grupo de cinco estudiantes del Centro Universitario Regional del Centro (CURC) se reunieron con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, para tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio que les permita obtener su carta de libertad definitiva luego de que en el 2017 fueran criminalizados por las autoridades de la máxima Casa de Estudio por defender la educación pública y de calidad.
Los estudiantes que permanecen criminalizados son Julio Santos, Oscar Madrid, Rudbel Barahona, Tony Ávila y Luís Madrid, quienes en su mayoría ya egresaron, pero el proceso en su contra sigue abierto, lo que no les permite encontrar un trabajo o les afecta en el mismo, ya que lo primero que les piden es sus antecedentes penales.
Ante esta situación, a los jóvenes no les quedó más que buscar el proceso de conciliación con las autoridades de la máxima Casa de Estudios, por lo que acompañados de las abogadas del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), acudieron a la Ciudad Universitaria en Tegucigalpa para firmar el acuerdo conciliatorio.
Oscar Edgardo Gonzales Madrid, uno de los estudiantes criminalizados, expresó que decidió firmar los acuerdos conciliatorios para resolver el problema de judicialización de él y los estudiantes universitarios de Comayagua.
“Decimos conciliar porque era la forma más rápida para limpiar nuestros antecedentes, debido a que por la carta de libertad provisional que nosotros teníamos nos estaba perjudicando al momento de hacer trámites a nivel personal, entonces la conciliación era la forma más rápido que teníamos para solucionar este problema”.
Luis Fernando Madrid Padilla dijo a defensoresenlinea.com que el objetivo de la reunión en la UNAH era pactar la conciliación para ser absueltos de los antecedentes policiales, por los requerimientos fiscales que les impusieron.
“Esto nos ha causado pérdida en el mundo laboral, ya que para entrar a una empresa le piden los antecedentes policiales y penales y como están manchados no hemos podido conseguir trabajo”, afirmó.
El mismo problema lo ha tenido Tony Ernesto Ávila Ortiz, quien dijo que estar con ese proceso solo por defender la educación pública afecta bastante “al no poder aspirar a un empleo porque las empresas hoy en día lo primero que buscan son personas que no tengan ninguna mancha en sus antecedentes policiales y penales”.
Por su parte Julio Ricardo Santos Pineda añadió que “las consecuencias son muchas: laborales, a veces hasta académicas, familiares y el problema es que por defender la educación pública y ya egresados de la universidad nos van a perjudicar muchísimo, y que nos afecta mucho porque nos están tratando como que fuéramos delincuentes, y lo que hicimos fue defender un derecho como humanos , un derecho público de ley de poder defender la educación pública y hemos sido tachados de la peor manera”.
“Tener aún ese proceso judicial nos estamos viendo bastante afectados por una decisión política y la conciliación es la forma más próxima para poder solucionar el problema”, añadió.
Cabe mencionar que una vez que el rector de la UNAH acepte la solicitud de acuerdo y firme el acuerdo conciliatorio, gestionaran ante el Ministerio Público para que se realice una prosecución de la acción penal y continúe con el proceso hasta que se señale audiencia de homologación de acuerdo, en la que tienen que comparecer ambas partes (estudiantes y universidad) y se extinga la acción penal y se les extienda carta de libertad definitiva a los estudiantes.
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