Por Giorgio Trucchi
Bertha Oliva | Fotos: Giorgio Trucchi | Rel UITA
La presentación, la semana pasada, del informe sobre la violación de los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 ha acarreado nuevas polémicas sobre el papel desempeñado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh).
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), aseguró a La Rel que un eventual cierre sería un desastre para el pueblo hondureño.
-¿En qué condiciones inicia Honduras este año?
-Cuando el actual régimen asumió el poder, en 2014, el presidente Juan Orlando Hernández dijo claramente que iba a hacer lo que había que hacer. Y así lo hizo.
Llegó a violentar la Constitución con una nueva candidatura presidencial ilegal e ilegítima e hizo un escandaloso fraude electoral para quedarse en el poder. Un fraude acompañado por una represión brutal contra el pueblo que se volcó a las calles.
La represión no ha bajado de intensidad durante los últimos dos años.
Entramos a este nuevo año en situación de emergencia, casi obligadas en Cofadeh a desplegar un plan de contingencia que no nos esperábamos.
Esta situación es reflejada muy bien en el reciente informe1 de la Oacnudh sobre la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017.
En emergencia
-La presencia en Honduras de una oficina del Alto Comisionado fue una exigencia de las organizaciones sociales después del golpe de 2009.
-Instalar una oficina del Alto Comisionado en un país sin institucionalidad, donde se ha perdido el orden democrático y violado repetidamente la Constitución, fue todo un reto, pero lo logramos.
El trabajo que la oficina ha desempeñado ha sido muy profesional, y el informe sobre la represión post electoral es un ejemplo de dicha profesionalidad.
-Un informe contundente que evidencia la relación entre golpe de estado, violencia y responsabilidad de las autoridades por la falta de investigación y la impunidad.
-No podía ser de otra manera, porque la violación de derechos humanos en este período ha sido brutal.
No informar sobre lo que ha pasado y no dar recomendaciones a los actores involucrados equivaldría a convertirse en cómplices, y a irrespetar el dolor y el sufrimiento de la población que se volcó a reclamar.
La Oacnudh es fundamental
-El gobierno acaba de cancelar el convenio de la Maccih2. ¿Cree que pueda pasar lo mismo con la Oacnudh?
-Es un temor que tengo. Ambas instancias fueron solicitadas por el régimen para limpiarse la cara ante la comunidad internacional.
En el momento en que comenzaron a trabajar de verdad y a sacar a la luz pública parte del entramado de corrupción, violación de derechos humanos e impunidad, se convirtieron en un estorbo para el régimen.
Ya cerraron la Maccih y no me sorprendería si ahora van por la Oacnudh y por su representante residente María Soledad Pazo.
Posiblemente digan que como se ha fortalecido la democracia y se han creado secretarías y fiscalías especiales para los derechos humanos ya no es necesaria una oficina de este nivel en Honduras.
-Como Cofadeh, ¿creen que todavía es necesaria la presencia de una Oficina del Alto Comisionado en el país?
-Estamos bregando para que la Oficina se mantenga tal y como está. Esto incluye a su personal, especialmente a su titular.
A la población le ha costado muchísimo tener ciertos niveles de confianza. Se trata de un proceso gradual, porque la confianza se va construyendo y consolidando poco a poco.
Por fin estamos comenzando a ver a esta instancia como un espacio donde se pueden presentar denuncias formales para incidir ante instituciones que han perdido todo tipo de credibilidad.
Cerrar la Oacnudh sería un desastre. Sería volver al pasado.
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